ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

 

  • INTRODUCCIÓN

El acceso a la información en poder de las estructuras públicas​​ es​​ un derecho humano fundamental.​​ La Comisión Interamericana de Derechos Humanos​​ (CIDH)​​ ha expresado que:

El acceso a la información constituye una herramienta esencial para combatir la corrupción, hacer realidad el principio de transparencia en la gestión pública y mejorar la calidad de nuestras democracias, signadas por una cultura de secretismo y por organismos públicos cuyas políticas y prácticas de manejo físico de la información no están orientadas a facilitar el acceso de las personas a la misma.

 

Informe de la​​ Relatoría Especial para la​​ Libertad de​​ Expresión​​ de la​​ Comisión Interamericana de derechos humanos​​ 34​​ (2007).

 

La CIDH ha dicho,​​ además,​​ que “[e]l reconocimiento del acceso a la información como derecho humano ha ido evolucionando progresivamente en el marco del derecho internacional de los derechos humanos.​​ En​​ Reyes v. Chile​​ (2006),​​ este tribunal resolvió​​ que toda persona tiene derecho a “solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado . . .​​ [y] recibir dicha información”.​​ Según dicho foro, existe una​​ obligación positiva del Estado de suministrarla”.​​ ​​ En relación con el aspecto de “legitimación activa” para solicitar información pública, la​​ CIDH concluyó​​ que “[d]icha información debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal”.​​ Id.

El derecho de acceder a información pública le asiste a toda persona​​ por su condición de “ser humano”.​​ En efecto,​​ el derecho de acceder a este tipo de información no puede ser sometido a condicionamientos derivados del estatus civil, social o migratorio de la persona solicitante.​​ Este​​ derecho está directamente atado al derecho de las personas​​ “a conocer la manera en la que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeña”.​​ Id.​​ en​​ la pág. 33.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reconocido reiteradamente el derecho de acceso a información pública como corolario necesario de los derechos de libertad de expresión, prensa y asociación incluidos en la Sección 4 del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico. Si la ciudadanía no está​​ debidamente informada sobre la forma en que se conduce la gestión pública, se verá coartada su libertad de expresar, por medio del voto o de otra forma, su satisfacción o insatisfacción con las personas, reglas y procesos que le gobiernan.​​ Ortiz v. Bauermeister, 152 D.P.R. 161 (2000). “Ello conlleva intrínsecamente asegurar y facilitar a todos los ciudadanos de nuestro país el derecho a examinar el contenido de los expedientes, informes y documentos que se recopilan en la gestión de gobierno y que constan en las agencias del Estado”.​​ Id.​​ en la pág. 175.

A pesar de lo anterior, el derecho a acceso a la información pública es continuamente violado por​​ los gobiernos​​ en Puerto Rico. De ordinario, el acceso a la información pública se logra únicamente luego de que las personas interesadas en acceder a la misma agotan un costoso y prolongado proceso judicial. Estas acciones para lograr acceso a este tipo de información, además, son matizadas por actuaciones de las estructuras públicas orientadas a​​ oponer defensas improcedentes que, en​​ muchos escenarios,​​ no están​​ predicadas​​ en razones legítimas, sino en​​ un​​ ánimo entorpecedor del gobierno.​​ El problema se ha agudizado en años recientes debido principalmente a la facilidad tecnológica con la que el gobierno puede recopilar y almacenar información de todo tipo sobre la ciudadanía, así como por la​​ falta de directrices claras​​ que delimiten tanto la recopilación como la divulgación de dicha información.​​ 

Por décadas no existió​​ en Puerto Rico ninguna ley​​ que​​ regulara el ejercicio​​ de este derecho constitucional.​​ Esto permitía demasiada discreción y arbitrariedad al gobierno a la hora de evaluar una solicitud de información, pero​​ impedía que la Asamblea Legislativa​​ impusiera trabas adicionales a la entrega de información pública más allá de las excepciones limitadas reconocidas​​ jurisprudencialmente para que el gobierno denegase válidamente una solicitud de información pública, a saber:​​ (1) cuando una ley así lo declara; (2) cuando la comunicación está protegida por alguno de los privilegios evidenciarios; (3) cuando revelar la información pueda lesionar derechos fundamentales de terceros; (4) cuando se trate de la identidad de un confidente;​​ y​​ (5) cuando​​ se trate de información oficial.​​ Santiago v. Bobb y El Mundo, Inc., 117 DPR 153 (1986);​​ Angueira Navarro v. Junta de Libertad Bajo Palabra, 150 DPR 10 (2000).​​ 

Un día antes de que se viera forzado a renunciar a su cargo, el entonces gobernador Ricardo Roselló Nevares firmó​​ lo que se convirtió en la Ley Núm. 122-2019, conocida como la Ley de Datos Abiertos del Gobierno de Puerto Rico”, mediante la cual el gobierno limitó por vía estatutaria la definición de lo​​ que constituye información pública. Ese mismo día también firmó​​ la medida que se convertiría en su última ley, la Ley Núm. 141-2019, mejor conocida como la “Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública”.​​ Luego,​​ la Secretaria de Justicia de Puerto Rico​​ emitió​​ la Carta Circular 2020-001, a través de la cual añadió indebidamente​​ trabas adicionales entre la ciudadanía y la información pública en manos del gobierno.

Estas​​ medidas​​ representaron un ataque​​ al​​ derecho a acceso a la información, pues​​ establecieron​​ toda una gama de trámites burocráticos que dificultan​​ su ejercicio efectivo.​​ La solución​​ para lograr una mayor transparencia​​ por​​ parte del gobierno​​ en Puerto Rico​​ no es traducir​​ y adoptar un calco de​​ la tan desprestigiada ley del Congreso de los Estados Unidos conocida como el​​ ​​ Freedom of Information Act (FOIA).​​ Necesitamos​​ que nuestro ordenamiento​​ ayude a viabilizar, en lugar de obstaculizar, el ejercicio del derecho fundamental que reconoce la Constitución de Puerto Rico a todo ser humano de acceder a información pública en manos de su gobierno.

  • OBJETIVOS​​ Y MEDIDA PROPUESTA

El PIP propone la adopción de un procedimiento simple, rápido y no oneroso, para que las personas puedan acceder a información pública y revisar de inmediato ante el poder judicial cualquier denegatoria que en torno a su solicitud le sea notificada por el órgano público de que se trate.​​ El PIP propone las siguientes medidas:

  • Derogar la mal llamada​​ “Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública”​​ y adoptar​​ una verdadera​​ Ley para el Acceso a la Información Pública,​​ por medio de la cual se disponga que toda la información en poder del gobierno se presumirá pública y sujeta a divulgación inmediata ante cualquier solicitud presentada por cualquier persona natural o jurídica residente en Puerto Rico, así como enmendar la Ley de Datos Abiertos con el fin de elimanar barreras indebidas entre la información pública y la ciudadanía.

  • Toda persona residente en Puerto Rico que​​ interese​​ acceder a información en poder del gobierno​​ podrá​​ presentar​​ ante la agencia, departamento, dependencia, corporación o instrumentalidad pública, que custodia la misma​​ una​​ solicitud, ya sea verbalmente o por escrito,​​ en la que meramente vendrá obligada​​ a describir la información a que interesa acceder, con la particularidad​​ necesaria​​ como para que la misma sea identificable en los archivos correspondientes.​​ 

  • Si la información es fácilmente accesible​​ al momento de solicitarse,​​ la​​ agencia, departamento, dependencia, corporación o instrumentalidad​​ pública​​ deberá entregarla inmediatamente a la persona solicitante.​​ 

  • De tratarse de información que no​​ está​​ disponible inmediatamente al momento de solicitarse,​​ la agencia, departamento, dependencia, corporación o instrumentalidad pública​​ deberá producir la información solicitada​​ en un término improrrogable de siete (7) días.​​ 

  • Si la agencia, departamento, dependencia, corporación o instrumentalidad pública entiende que no procede​​ la producción de la información,​​ deberá comunicárselo por escrito a la persona solicitante dentro del término imprrorgable de siete (7) días,​​ amparándose única y exclusivamente en​​ la aplicación de​​ alguna​​ de las siguientes​​ excepciones:​​ 

    • Que una ley aplicable a la entidad gubernamental concernida,​​ dispone​​ expresamente​​ que la información solicitada es confidencial;

    • Que​​ la​​ información solicitada​​ está protegida por algún​​ privilegio​​ constitucional o​​ evidenciario;​​ 

    • Que​​ revelar la información lesionará​​ derechos fundamentales de​​ terceros;​​ o

    • Que divulgar la información solicitada produciría a su vez la divulgación de la​​ identidad de un confidente.

  • Ante el recibo de una comunicación de denegatoria, la persona solicitante de la información tendrá derecho a presentar​​ un recurso de​​ mandamus,​​ libre del pago de aranceles o sellos de Rentas Internas,​​ ante​​ la sala del Tribunal de Primera Instancia​​ de la Región Judicial en que se encuentre la información.

  • Se promoverá la creación de un formulario especial para el trámite de estos recursos, que estará disponible en las secretarías de los distintos tribunales de la Rama Judicial. De esta forma, las personas que hayan recibido una denegatoria en torno a su solicitud solo vendrán llamadas a completar​​ un formulario​​ al​​ que unirán como anejo la solicitud previamente presentada ante agencia, departamento, dependencia, corporación o instrumentalidad pública

  • La​​ Secretaría de la sala del Tribunal de Primera Instancia en que se haya presentado el recurso de​​ mandamus​​ emitirá una notificación a la​​ agencia,​​ departamento, dependencia, corporación o instrumentalidad pública que haya expedido una​​ comunicación de denegatoria, para que,​​ bajo el esquema de presunción dispuesto,​​ esta comparezca por​​ escrito en el término​​ improrrogable​​ de​​ cinco (5)​​ días​​ para mostrar​​ causa por la cual no deba asumirse la presunción en torno al​​ carácter público de la información solicitada y por la cual no deba concederse el auto de​​ mandamus.​​ 

  • En el término de​​ siete​​ (7) días contados desde la fecha en que la agencia, departamento, dependencia, corporación o instrumentalidad pública haya​​ comparecido por escrito, o en​​ el​​ término de​​ siete​​ (7) días contados desde la fecha en que venció el término para que la entidad se expresara (el que resulte más corto), el Tribunal de Primera Instancia resolverá​​ por escrito la controversia​​ mediante resolución​​ fundamentada en derecho. Ante la incomparecencia de la entidad o ante su​​ comparecencia fuera del término​​ de​​ siete​​ (7) días​​ previsto, el recurso de​​ mandamus​​ será concedido a favor de la parte peticionaria.​​ 

 

 

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