Acceso a la salud es un derecho humano

“Si a eso le sumamos que se calcula que en Puerto Rico no tienen plan médico entre 200 a 300 mil personas, estamos potencialmente ante una crisis de salud en el país”

Un suero de un hospital
El anuncio de la Junta de Control Fiscal solicitando que se eliminen las leyes que permiten fiscalizar a las aseguradoras de salud, pone sobre el tapete de la discusión pública dos temas urgentes.

En primer lugar, se reitera el efecto nocivo y abusivo de la Junta de Control Fiscal contra el país.

Las aseguradoras médicas ejercen un control tiránico sobre servicios de salud. Someten a los proveedores de servicios -farmacias, médicos, laboratorios y hospitales- a un nivel de control que, incluso, en ocasiones un burócrata rechaza el ojo clínico del profesional de la salud para imponer tratamientos que les permiten más ganancias, poniendo en precario la salud del paciente. Es una humillación al conocimiento y experiencia del profesional, y una amenaza a la vida y salud de los pacientes.

La ley 142, que es específicamente la que la directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko, propone anular garantiza que los pacientes tengan acceso a sus medicamentos. Eliminarla es una perversidad inhumana.

Lo he dicho y lo repito, hay dos dimensiones de la presencia de la Junta en Puerto Rico. Una dimensión es que se trata de un ente antidemocrático que se nos impuso por el Congreso como si fuera una agencia de cobro a favor de bonistas, muchos de los cuales ya han obtenido el pago de su inversión original. Pero desean lucro excesivo, aunque eso signifique el empobrecimiento excesivo de los puertorriqueños.

La otra dimensión es la visión filosófica de los miembros de la Junta. Es una visión neoliberal, que significa económicamente la Ley de la Jungla. Los más poderosos se hacen más ricos y los más pobres profundizan su pobreza. Es lo que una escritora exaltó como “La virtud del egoísmo”.

Por otra parte, en este contexto hay que traer otro tema a la discusión. Es necesario adoptar un Plan de Salud Universal que excluya a las aseguradoras privadas como intermediarias en el pago por prestación de servicios.

El Plan Salud Universal, que presenté junto a Denis Márquez el cuatrienio pasado y que se ha vuelto a presentar este cuatrienio en la Legislatura, propone crear una corporación pública que administre los fondos y pague de manera directa a los proveedores de servicios. Hay fondos suficientes.

La Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) emitió un informe en que señala que las Organizaciones de Mantenimiento de la Salud (HMOs, en inglés), que representan la mayor parte de la oferta de planes médicos en Puerto Rico, registraron el mayor volumen de primas suscritas en 22 años: $9,540 millones. Ese volumen de primas se tradujo en unos $256 millones en ganancias netas. Eso es luego de pagar reclamaciones, gastos operacionales e impuestos. Ese dinero no le llega a los pacientes. En los pasados cuatro años pagaron en ganancias a sus empresas matrices $453 millones.

Si a eso le sumamos que se calcula que en Puerto Rico no tienen plan médico entre 200 a 300 mil personas, estamos potencialmente ante una crisis de salud en el país. Esas personas no cualifican para el plan público y no pueden pagar uno privado. Deben estar cubiertos. Ellos también enferman.

Se debe adoptar como política pública que el acceso a la salud es un derecho humano. El mercado de las aseguradoras de salud pugna con esa visión. Su objetivo no es la salud, sino el lucro.

Ante esas realidades hay dos pasos que dar: combatir las pretensiones de la Junta de Control Fiscal contra los pacientes y al mismo tiempo iniciar la transición a un sistema de Seguro de Salud Universal. Esa es la ruta necesaria para garantizar la salud de todos.