DECLARACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA SOBRE LA DEUDA DEL GOBIERNO DE​​ PUERTO RICO

 

El Partido Independentista Puertorriqueño​​ desea​​ dejar claramente establecida su posición​​ sobre​​ la crisis que afronta nuestra nación, en lo que corresponde a​​ una deuda pública impagable y una Junta de Supervisión impuesta por el Congreso de los Estados Unidos que​​ pretende​​ obligar a pagarla sin consideración del bienestar del pueblo puertorriqueño.

La raíz de esta crisis está en la propia naturaleza de la relación colonial existente desde 1898 que se manifiesta en un control por parte del Gobierno Federal de las decisiones fundamentales sobre nuestra política económica.​​ Ese control se ha manifestado en tres áreas fundamentales, como lo son, a saber: (1) el costo de la transportación marítima de mercancías hacia los Estados Unidos determinado por la legislación federal de cabotaje; (2) la protección de nuestra agricultura y de industrias con potencial de desarrollo determinada por la cláusula de comercio interestatal de la constitución norteamericana; y (3) la capacidad de negociar acuerdos comerciales, contributivos y financieros con otros países y organismos internacionales determinada por la cláusula territorial de la constitución norteamericana.​​ 

 Bajo estas circunstancias se promovió una política de desarrollo económico basada en la exención contributiva total a las empresas manufactureras que se establecieran en Puerto Rico​​ y en la dependencia de fondos​​ federales para el gobierno y para las personas –a través del Programa de Asistencia Nutricional, principalmente.​​ A pesar de los planteamientos del Partido​​  ​​​​ Independentista Puertorriqueño en las décadas de 1950 al 1970, se desalentó al capital local,​​ no se estimuló el ahorro local;​​ y la carga de financiar los servicios públicos esenciales recayó en los asalariados y en el sector profesional y de empresas locales.1

 Con el tiempo,​​ la inversión en la manufactura no fue suficiente para reducir significativamente el desempleo y crear un sector laboral capaz de sobrellevar la carga fiscal del​​ Estado. Tampoco la asistencia federal fue suficiente para atender las necesidades de financiamiento de los servicios públicos esenciales: salud, educación y seguridad. Se recurre entonces al endeudamiento masivo tanto por el gobierno central como por las corporaciones públicas con el fin de que la imagen del partido gobernante​​ de turno no se desluciera con la reducción en servicios públicos, el despido de empleados y otras medidas de austeridad ante la incapacidad de poder optar por​​ medidas que estimulasen la actividad económica por las limitaciones ya señaladas del régimen colonial.2​​ Las casas de corretaje que luego criticaron las emisiones de esa deuda, las aprobaron inicialmente. Y el Gobierno Federal, que impone P.R.O.M.E.S.A.​​ y su Junta de Supervisión para obligarnos a pagar esa deuda, se beneficiaba de la imagen que querían proyectar los partidos que se turnaban en el poder que competían (y aún compiten) por proyectarlo como padre benévolo y dadivoso.

Nosotros sostenemos que esa deuda se incurrió para sostener la imagen del Gobierno Federal cuando ya la situación económica del país hacía insostenible la relación territorial. En el transcurso de ese proceso se abusó​​ también de los sistemas de retiro tomando en efecto “prestado” de recursos que le correspondían para cuadrar presupuestos y tomando decisiones que arriesgaron sus activos en el cuatrienio del 2005 al 2008,​​ inclusive. Y además en ese proceso de endeudamiento se multiplicaron los casos de corrupción en el gobierno central,​​ consecuencia del inversionismo político, que han abonado a la pérdida de recursos para el​​ Estado.

El bienestar de nuestro pueblo no puede estar secuestrado por P.R.O.M.E.S.A. Todos los economistas serios, algunos de los cuales no comparten nuestra visión sobre el destino político de Puerto Rico, coinciden que el pago de una parte significativa de la deuda es imposible sin que se inicie un proceso de desarrollo económico sustentable.​​ La propia Junta de Supervisión Federal ha indicado en su más reciente propuesta de plan fiscal lo siguiente, después de describir el trato desigual que recibe Puerto Rico de parte del Gobierno Federal:

“Indeed, the most important and critical structural reform for Puerto Rico is a permanent solution to its territorial status.”3

Nosotros creemos que un proceso de desarrollo económico sustentable es imposible si no eliminamos las restricciones a la política pública enumeradas arriba; las cuales requieren una modificación sustancial en las relaciones con los Estados Unidos que son sólo compatibles​​ con la independencia y un tratado bilateral que regule el proceso de transición.

Por todo lo que antecede es nuestra posición:

 

“Declarar​​ que la deuda pública es impagable, y​​ cesar de​​ inmediato todo pago​​ proyectado, hasta tanto el gobierno de los Estados Unidos, los acreedores y las entidades que les representan, accedan a una justa reestructuración de la misma, como parte de un acuerdo mayor para ponerle fin al régimen colonial y poner en marcha un programa de​​ indemnización y​​ desarrollo económico libre de toda tutela o limitación colonial.”

 

 Se creará un ente independiente para investigar y encausar civil y/o criminalmente a las personas, naturales y jurídicas, y funcionarios,​​ públicos y privados, cuyas acciones negligentes o criminales comprometieron fiscalmente al país. Se utilizará el modelo, exitoso en otras jurisdicciones, de​​ tribunales de verdad y justicia.

1

​​ Hay que reconocer también que en términos generales la posición del PIP en cuanto a política económica era compartida en sus momentos por el​​ exgobernador​​ Rexford​​ Tugwell, el economista Jenaro Baquero y las conclusiones del Informe Tobin​​ de 1975.

2

​​ Tanto el Informe del GAO de 2018 como el Informe de Kobre y Kim (preparado para la Junta de Supervisión Fiscal de P.R.O.M.E.S.A.)​​ señalan el interés de los gobiernos en mantener los servicios esenciales como uno de los factores principales conducentes a endeudamiento.

3

​​ FOMB, 2020 FISCAL PLAN FOR PUERTO RICO, p.​​ 15.