DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS

 

  • INTRODUCCIÓN

El derecho a la autodeterminación e independencia es para el PIP el más fundamental de todos los derechos humanos.​​ ​​ Sólo en la medida en que rijamos nuestro destino y estatus político, sin la interferencia de un país extranjero, tendremos la libertad necesaria para promover nuestro bienestar y,​​ por consiguiente, disfrutar la realización cabal y plena de todos los demás derechos que nos son inherentes como pueblo. En efecto, durante más de 121​​ años de coloniaje, el gobierno de los Estados Unidos ha limitado nuestra capacidad de participar y disfrutar del desarrollo económico, social, cultural y político al que todos los pueblos tienen derecho, y ha coartado nuestro derecho inalienable a la plena soberanía sobre todas nuestras riquezas y recursos naturales.

Actualmente, la Junta de Control Fiscal –impuesta por el Congreso de los Estados Unidos mediante la Ley PROMESA- significa el más burdo ejercicio de ese poder colonial. ​​ Las políticas de austeridad impuestas por la Junta, en contubernio con el gobierno de turno, ha sumido más a nuestro pueblo en la pobreza y necesidad extrema. ​​ Todo ello, debido a que la única tarea de la Junta es servir de agente de cobro de los grandes intereses y bonistas norteamericanos, a costa del Pueblo Puertorriqueño, incluso tras las tragedias y necesidades causadas por los pasos de los huracanes Irma y María y los terremotos que han ocurrido en el área sur del País.

Aún en el contexto de las limitaciones inherentes a nuestra condición colonial, el PIP no se ha rendido ni se rendirá. El PIP está comprometido con la defensa de la dignidad del ser humano, la promoción de los derechos fundamentales y el reclamo del derecho al desarrollo pleno de Puerto Rico, al máximo de su potencial.

Históricamente, el PIP ha sido voz en solidaridad con los grupos vulnerables de nuestra sociedad y por medio de sus portavoces en la Asamblea Legislativa, ha adelantado legislación en protección de los sectores menos aventajados.

El Gobierno​​ de Puerto Rico​​ –bajo la administración del​​ PIP–​​ promoverá,​​ respetará, protegerá​​ y garantizará​​ las libertades fundamentales​​ y demás​​ derechos humanos​​ según el modelo promulgado por​​ la organización de Naciones Unidas,​​ el Sistema Interamericano de Derechos Humanos​​ y la más abarcadora hermenéutica jurídica contemporánea.

Mantendremos​​ como pilares, la implantación de la justicia sustantiva y la equidad entre todas las personas, así como la solidaridad y la cooperación entre ciudadanos y comunidades, como formas principales de interacción social,​​ apoderamiento y desarrollo integral comunitario. Igualmente, la más abarcadora inclusión de la ciudadanía en la toma de decisiones, en todas las facetas del quehacer público, distinguirá el modelo de democracia participativa al que aspiramos.​​ 

El PIP reconoce la diversidad humana como un haber y como una de las fortalezas con las que contamos como pueblo en el siglo XXI. Por lo tanto, combatiremos el discrimen y marginación contra el ser humano y contra grupos o comunidades, sea por raza, afiliación o desafiliación política, condición social u económica, origen, género, identidad de género, orientación sexual, creencia o afiliación u ausencia de creencia o afiliación religiosa, apariencia, discapacidad o deficiencia en el desarrollo físico o mental, o cualquier otro motivo. Haremos énfasis en la promoción del acceso efectivo a la justicia para​​ personas​​ y comunidades tradicionalmente marginadas, excluidas, invisibilizadas y estigmatizadas en nuestra sociedad;​​ entre ellas,​​ las​​ comunidades​​ pobres, trabajadores y asalariados, las mujeres, las personas de mayor edad, las​​ personas​​ de las comunidades LGBTTIQ+, las personas con deficiencias en el desarrollo, y las​​ comunidades​​ inmigrantes, atendiendo en particular los reclamos de la comunidad dominicana de nuestro​​ archipiélago.

 

  • DERECHO A LA VIDA

Desde principios del siglo XX, el Pueblo de Puerto Rico ha repudiado la pena capital, por ser un castigo cruel e inusitado. La Ley Número 42 del 26 de abril de 1929, dispuso en su sección primera: "Por la presente queda definitivamente abolida en Puerto Rico la pena de muerte". Posteriormente, la Carta de Derechos contenida en el Artículo 2 de la constitución, reconoció en su sección 7 como derecho fundamental del ser humano el derecho a la vida. Además, dispone textualmente que "No existirá la pena de muerte".

La pena de muerte​​ es un​​ vehículo ineficaz para atender el tema de la criminalidad e inconsistente con el principio de la rehabilitación del ser humano, que debe regir a todo sistema de corrección y regirá nuestra gestión.​​ La experiencia mundial demuestra lo peligrosa que resulta su imposición no solamente por las injusticias cometidas al aplicársele a personas erróneamente convictas, sino porque su imposición se presta para reflejar o implementar discrímenes en otros órdenes de la vida social, en particular los relacionados a raza y origen socio económico.

Atendiendo nuestra postura histórica contra la pena de muerte proponemos:

  • Expresar el más firme rechazo a la pena de muerte en Puerto Rico y en cualquier parte del Orbe;​​ entendiéndose,​​ además, nuestro rechazo a la impunidad y la solidaridad con los familiares de las víctimas de crimen.

  • Exigirle​​ a las autoridades federales que respeten nuestra tradición abolicionista y desistan de intentar aplicar la pena de muerte en Puerto Rico, en los casos bajo su ilegítima jurisdicción colonial.

  • Cuando alguna jurisdicción en la cual exista la pena de muerte​​ solicite la extradición de una persona sita en Puerto Rico para ser procesada con el potencial de ser condenada a la pena capital, no se accederá a dicha extradición.

  • En los casos criminales en que exista jurisdicción dual y exista además la posibilidad de que se aplique la pena de muerte, el Departamento de Justicia de Puerto Rico asumirá jurisdicción temprana y no se referirá al Departamento de Justicia federal, ni se aprobará la asunción del caso por las estructuras de dicho departamento.

  • Llevaremos a cabo una amplia campaña educativa en torno a los mitos y realidades sobre la pena de muerte, como parte de nuestra campaña más amplia a favor de una cultura de paz y de respeto a la vida.

 

Entendemos que el derecho a portar armas de fuego no es un derecho fundamental, según lo ha interpretado el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. El gobierno tiene la obligación indelegable de controlar el tráfico y uso de armas de fuego y debe ser riguroso en la concesión de licencias y permisos para tenerlas, poseerlas y portarlas.

 

  • DERECHO A LA FIANZA

Propondremos como parte de nuestros esfuerzos en el área de reforma judicial, el desarrollo de políticas públicas que aseguren que la imposición de fianzas se haga con estricto apego a principios de equidad, uniformidad y severidad de las acusaciones, y con arreglo a la evidencia empírica que surge de la experiencia en la aplicación de la fianza, en lugar de argumentos de corte sensacionalista electoralista.

 

  • DERECHOS DE LA CLASE TRABAJADORA

Los gobiernos coloniales que se han alternado en el poder en nuestro​​ país​​ resultan cada vez,​​ y progresivamente, menos respetuosos y menos protectores de los derechos individuales y colectivos de la clase trabajadora. Algunos derechos se han reconocido a medias​​ como,​​ por ejemplo, la sindicación de los​​ empleados públicos. En otras instancias, los gobiernos se han hecho de la vista larga,​​ mientras las leyes que protegen a la clase obrera y trabajadora ceden ante otros intereses.

La Ley Núm. 4-2017, denominada como “Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral” aprobada el 26 de enero de 2017, causó estragos y daños sobre la clase trabajadora del país. ​​​​ La mal llamada “Reforma Laboral” redefine, elimina y añade un sinnúmero de conceptos fundamentales para todo el ordenamiento laboral, en perjuicio de los derechos de​​ la persona​​ empleada. ​​ El ámbito general de la Reforma aplica a toda persona​​ empleada, independientemente del momento en que hayan sido contratada. ​​ A modo de excepción, algunos artículos disponen expresamente que aplican solo a​​ la plantilla​​ de nueva contratación. Estos cambios impactan más fuertemente a la juventud trabajadora.

Como la Reforma creó dos​​ tipos​​ de​​ persona​​ empleada​​ -las contratadas antes de la entrada en vigor de la ley y aquellas contratados después de ello- las​​ personas​​ de nueva contratación tienen menos derechos y reciben menos beneficios laborales que sus compañeros​​ y compañeras,​​ a pesar de realizar el mismo trabajo o función.

Entre los cambios perjudiciales para la clase trabajadora del país que dispone la “Reforma Laboral” mencionamos:

  • Se liberaliza el concepto de “contratista independiente” como subterfugio para negar fácilmente protecciones laborales a los​​ recursos humanos​​ mediante el establecimiento de una presunción incontrovertible.

  • Elimina el principio histórico que dispone que la cualquier ambigüedad en la ley debe interpretarse liberalmente a favor del trabajador​​ o trabajadora, por tratarse de la parte más débil en el proceso de negociación;​​ equiparando ficticiamente el poder de negociación del patrono con el de​​ la​​ persona empleada o a emplearse.

  • Se adopta una postura colonizada de nuestras leyes laborales, ordenando a los Tribunales a someterse a las interpretaciones realizadas por los foros federales respecto a asuntos similares, la cual tiende a restringir derechos de​​ la clase​​ trabajadora.

  • Se elimina la obligación de pagar como horas extras cualquier trabajo realizado en exceso de 8 horas “durante cualquier periodo de 24 horas” y se sustituye por “durante un día calendario”.

  • El periodo obligatorio de descanso entre turnos consecutivos se reduce de 12 a 8 horas.

  • Se elimina la prohibición de acuerdos para trabajar en exceso de 8 horas durante un día calendario.​​ 

  • Solo el exceso de 10 horas diarias se pagará como tiempo extra.

  • Se elimina la prohibición total de que un empleado trabaje más de 5 horas consecutivas sin tener derecho a descanso para alimentarse.

  • Se flexibiliza el concepto de “justa causa” de manera que el patrono pueda despedir fácilmente a​​ la persona trabajadora.​​ 

  • Destruye la protección contra el despido constructivo, la cual busca evitar que un patrono tome medidas en contra de​​ la persona​​ empleada​​ para obligarle​​ a renunciar.

  • Cambia el peso de la prueba en los casos de despido injustificado e impone sobre la​​ persona​​ empleada​​ la obligación de probar que su despido fue injustificado, en lugar de requerirlo al patrono.

  • Reduce el término de reserva de empleo para trabajadores lesionados de la Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo y la Ley de Beneficios por Incapacidad Temporal, cuando la empresa tenga 15​​ personas​​ empleadas o menos.

  • Establece límites a la cuantía de daños recobrables por concepto de angustias o sufrimientos mentales en reclamaciones por discrimen o represalias en el empleo.​​ 

  • También elimina la presunción controvertible de que el patrono estaba enterado de los actos discriminatorios realizados en violación de la ley.

  • Reduce el término prescriptivo para que​​ la persona​​ empleada​​ inste acciones derivadas de su contrato de empleo de 3 años a 1 año.

  • Reduce el bono de navidad a 2% del total del salario hasta un máximo de $600, siempre que​​ la persona​​ empleada​​ trabaje un mínimo de 1350 horas al año y si la empresa tiene 20​​ personas​​ empleadas o menos, el bono será de 2% hasta un máximo de $300, independientemente de la ganancia de la compañía.

  • Limita a 9 meses​​ de sueldo la mesada que puede recibir una​​ persona​​ despedida​​ ilegalmente bajo la Ley 80.​​ 

  • Aumenta el periodo probatorio de 3 meses a 1​​ año​​ para empleados clasificados como ejecutivos, administradores y profesionales bajo el​​ Federal Labor Standards Act​​ y reglamentación del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos,​​ y​​ a​​ 9 meses para el resto de las​​ personas​​ empleadas.

Para velar que se respeten los derechos de la clase​​ trabajadora​​ en Puerto Rico, proponemos:

  • Derogar la Ley Núm. 4-2017 (Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral) y la Ley Núm. 8-2017 (Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico).

  • Restituir los derechos usurpados a​​ la clase trabajadora​​ -tanto​​ en el sector​​ público, como​​ en el​​ privado- mediante las “Reformas Laborales” del 2017.

  • Aprobar el proyecto de ley que establece la “Ley para un Retiro Digno” (P. de la​​ C.​​ 2434) y la medida que crea el “Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico” (P. de la​​ C.​​ 2572).

  • Que la legislación nacional reconozca la libertad de la clase trabajadora en todos los sectores, de constituir organizaciones locales, nacionales o internacionales para la protección de sus intereses económicos.

  • Que la legislación nacional reconozca el derecho a emprender acciones colectivas, incluido el derecho de huelga, sin perjuicio de las obligaciones que puedan dimanar de los convenios colectivos en vigor.

  • Que no se aprueben leyes que puedan menoscabar esa libertad.

  • Establecer​​ la prohibición expresa del​​ discrimen​​ en el empleo contra​​ las​​ personas​​ que tienen​​ tatuajes,​​ piercings​​ y cabello teñido de colores no tradicionales.

  • Aumentar la licencia de maternidad de las madres obreras del sector privado a 12 semanas, para equipararlas al sector​​ público.

  • Establecer una licencia de paternidad suficiente y uniforme para empleados públicos y privados.

  • Aclarar la jurisdicción de la Comisión sobre apelaciones surgidas como consecuencia de acciones o decisiones al amparo de la Ley Núm. 8-2017, conocida como la “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico” y establecer un término fijo para la adjudicación de controversias pendientes en la agencia.

  • Fijar la política pública del gobierno con respecto al acoso laboral y definir y prohibir dicha conducta; imponer responsabilidad civil y deberes del patrono; denegar la inmunidad patronal y fijar el término de prescripción de la causa de acción y los recursos legales disponibles para las​​ personas​​ empleadas; fijar la responsabilidad por el pago de honorarios de abogado y costas del proceso judicial.

  • Establecer la “Ley del derecho a la desconexión digital” con el fin de reconocer el derecho de​​ los​​ empleados​​ y empleadas​​ a la desconexión de comunicaciones electrónicas relacionadas con su empleo fuera de horas laborales.

  • Enmendar la Ley 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada, mejor conocida como la Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Labores, con el fin de prohibir que un patrono querellado pueda instar contra una persona​​ obrera​​ o empleada​​ una demanda independiente basada en los mismos hechos objeto de la querella.

 

  • DERECHO A LA INTIMIDAD, INTIMIDAD AFECTIVA, INTIMIDAD EN EL​​ ÁMBITO DIGITAL Y A LA PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

El Gobierno de Puerto Rico presume como política pública respetar y garantizar los derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. ​​ El Artículo 12 de dicho instrumento internacional, que es norma imperativa entre el cuerpo de normas del derecho internacional consuetudinario, establece que “[n]adie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, ni su familia, ni cualquier entidad, ni de ataques a su honra o su reputación. ​​ Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”. ​​ La Constitución de Puerto Rico recoge expresamente este derecho en la Sección 8 del Artículo II al disponer que “[t]oda persona tiene derecho a protección de ley contra ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada o familiar”.

No obstante,​​ existe una gran resistencia al reconocimiento jurídico y a la protección de las familias constituidas fuera del marco tradicional. Este trato distinto​​ representa​​ una intervención inapropiada por parte del Estado en la intimidad de los miembros de nuestra sociedad. La discriminación institucionalizada en Puerto Rico, en materia de relaciones íntimas, lacera la integridad emocional y económica de integrantes de familias compuestas por parejas heterosexuales no casadas, y por parejas del mismo​​ sexo y/o​​ género.

​​ Por otro lado, a pesar del sitial importante que ocupa el derecho a la intimidad en nuestro ordenamiento constitucional, el desarrollo de excepciones al requisito de orden judicial basada en causa probable por parte de los tribunales ha reducido el ámbito de aplicación de esta protección. ​​ La doctrina de información en manos de terceros constituye una de estas limitaciones importantes. ​​ En términos generales, esta doctrina plantea que una persona carece de expectativa razonable de intimidad sobre aquella información que​​ divulgó voluntariamente a terceras personas. ​​ De cierta forma, se presupone que la persona “asume el riesgo” de que el Estado obtenga la información divulgada, independientemente de que el dueño de la información nunca haya pretendido entregarla al Gobierno.

Si la doctrina de información en manos de terceros ha sido cuestionable desde sus inicios, el desarrollo de nuevas tecnologías y el advenimiento del internet complican aún más su aplicación adentrado ya el siglo XXI. ​​ En momentos en que gran parte de nuestra sociedad utiliza tanto, o hasta depende de, dispositivos electrónicos desde los cuales envía y almacena información sensitiva, la aplicación desmedida de esta doctrina borraría de la Constitución la protección al derecho a la intimidad en el mundo digital siempre que un tribunal concluyese que ninguna información almacenada en un servidor de un proveedor de servicios de computadora goza de protección constitucional por haber sido divulgada voluntariamente a dicho proveedor.

Los cambios tecnológicos ocurridos en las últimas décadas han creado necesidades sociales que no podían ser previstas en el pasado. ​​ Especialmente en el campo de las telecomunicaciones, los cambios acaecidos en las primeras dos décadas del siglo XXI han alterado fundamentalmente la manera en que las personas nos relacionamos unas con otras, tanto personal como profesionalmente. ​​ Asimismo, la capacidad de entidades y gobiernos de incurrir en violaciones a los derechos humanos ha aumentado exponencialmente.​​ 

En reconocimiento de este nuevo escenario, distintos países han adoptado políticas públicas para reconocer el derecho de la ciudadanía en general a acceder y a beneficiarse de estas nuevas herramientas tecnológicas, así como para tomar medidas para protegerla de invasiones indebidas a su intimidad. ​​ Muchas de estas iniciativas buscan establecer parámetros claros que delimiten el uso del poder gubernamental que, de no regularse, podría conllevar la erradicación del derecho a la intimidad tal cual lo conocemos.

Por todo lo anterior, el PIP reafirma su compromiso con la equidad​​ y el derecho de toda persona a la protección contra ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada o familiar​​ y por ello proponemos:

  • Que la legislación nacional elimine los vestigios de discrimen que aún existen,​​ en la letra de muchos estatutos o en su aplicación,​​ en torno al derecho a la intimidad afectiva.

  • Insistiremos en la adopción de las disposiciones contenidas en el Libro de Instituciones Familiares, según la propuesta para un nuevo Código Civil, como un paso inicial al reconocimiento de la igualdad plena entre​​ las distintas relaciones afectivas y composiciones familiares en nuestro país.

  • Además, legislaremos en el área de beneficios marginales a empleados, públicos y privados, para hacer extensivos dichos beneficios a cualquier pareja de hecho,​​ según su definición en el Libro de Instituciones Familiares del anteriormente propuesto Código Civil.

  • Legislaremos para eliminar el discrimen en la otorgación del derecho a adoptar.

  • Estableceremos la “Carta de Derechos Digitales de Puerto Rico” con el fin de respetar, garantizar y aplicar los derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, y recogidos en la Constitución de Puerto Rico, con el fin de impedir que el acceso a estas nuevas herramientas esenciales se convierta en un privilegio de unos pocos en lugar de ser un derecho de todos y todas.

  • Estableceremos la “Ley de Privacidad de Información Electrónica” con el fin de proteger el derecho a la intimidad de las personas sobre información almacenada en un dispositivo electrónico o transmitida a un proveedor remoto de servicios de computadora.

 

  • DERECHO A LA VIDA EN COMUNIDAD Y AL HOGAR

Los gobiernos se han aliado a los sectores de mayor poder económico para desplazar comunidades pobres e históricas que por décadas (y en algunos casos, durante siglos) han estado asentadas en tierras que hoy día son codiciadas por intereses desarrollistas para la construcción de viviendas de alto costo.

Para ello nos comprometemos, como hemos hecho en el pasado, con la defensa y protección de las comunidades pobres en peligro de ser desplazadas y proponemos la derogación de las leyes que han sido aprobadas por las pasadas administraciones coloniales, que atentan contra el desarrollo y fortalecimiento de estas comunidades.

Enmendaremos la Ley de Municipios Autónomos para restituir la obligación de los municipios de consultar a las comunidades, en torno a todo y cualquier proyecto que propenda al desalojo. El PIP condena y propone erradicar, prácticas como la ocurrida en el Barrio La Boca del Municipio de Barceloneta, donde se derrumbaron edificios y estructuras pertenecientes a pescadores y familias, sin que se observaran las garantías mínimas del debido proceso de ley.

 

  • DERECHOS DE EXPRESIÓN, ASOCIACIÓN​​ Y LIBERTAD DE PRENSA

El PIP reconoce la importancia del ejercicio pleno de los derechos de expresión, asociación y libertad de prensa, para el desarrollo de una verdadera democracia. Los pasados gobiernos coloniales han atentado contra estos derechos al perseguir, golpear y encarcelar a trabajadores​​ y trabajadoras, estudiantes y comunidades. Las pasadas administraciones han aprobado leyes que impiden o ilegalizan el ejercicio de estos derechos.

El 24 de abril de 2019, la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico (CDC) emitió un detallado informe titulado “Vigilancia Gubernamental y Protesta Pública en Puerto Rico: Análisis de prácticas de vigilancia de la Policía de Puerto Rico durante las manifestaciones del 1ro de mayo de 2017”. ​​ El mismo fue el resultado de una querella presentada ante la CDC por el Representante Denis Márquez Lebrón​​ y el Senador Juan Dalmau Ramírez, por unas expresiones de la entonces Superintendente de la Policía, Coronela Michelle Hernández de Fraley, a los efectos de que la Policía monitoreaba las redes sociales de las personas que serían parte de las manifestaciones del 1 de mayo.

La CDC concluye que, durante el periodo bajo investigación y en particular alrededor de los eventos de protesta pública del 1 de mayo de 2017, la Policía de Puerto Rico exhibió una carencia de controles y estructuras institucionales apropiadas para evitar el abuso discriminatorio de las prácticas de vigilancia en el contexto de la protesta pública, ya sea a través de la internet o presencialmente. ​​ Asimismo, señala que la Orden General de la Policía entonces vigente hacía referencia expresa a “monitoreo” de redes social sin establecer controles adecuados que cumpliesen con los parámetros constitucionales vinculantes en Puerto Rico. ​​ 

A pesar de que esa normativa interna de la Policía fue enmendada luego de la presentación de la querella para eliminar el lenguaje referente a “monitoreo”, la Comisión concluye en su informe que el riesgo de vigilancia selectiva inconstitucional sigue siendo intolerablemente alto pues —en todas las etapas del proceso (desde la recopilación de información, hasta los protocolos para su preservación y disposición)— existen amplias oportunidades para el abuso de estos mecanismos. Ante la historia reciente de persecución política en este país, resulta imperativo que las instituciones de vigilancia policiaca de Puerto Rico sean repensadas en toda su extensión desde una perspectiva de derechos humanos.

El informe señala entre sus hallazgos y conclusiones lo siguiente:​​ 

  • Las expresiones y acciones de la Policía días antes de las manifestaciones del 1ro de mayo de 2017 tuvieron un efecto disuasivo (“chilling effect”) indebido sobre personas que quisieran ejercer su derecho a la libertad de expresión y asociación en dichas actividades.

  • Al no existir constancia de las expresiones que alegadamente motivaron el monitoreo de las redes sociales, la Comisión carece de evidencia que permita darle credibilidad o validez a la conducta pública de la Superintendente que, sin duda, es el tipo de conducta oficial que impacta el disfrute de derechos humanos.

  • El hecho de que se haya realizado monitoreo en redes sociales sin que haya dejado rastro alguno de esa actividad, ni registro que facilite la verificación de la legalidad de dicho monitoreo, presenta un defecto crítico en la forma en que la Policía de Puerto Rico asumió su gestión.

  • La Policía refirió al Negociado de Investigaciones Federal (FBI, por sus siglas en inglés) expresiones realizadas en cuentas privadas de redes sociales que estaban claramente protegidas constitucionalmente.

  • Es irrelevante el que la conducta observada en las redes haya ocurrido en público a la vista de terceros, pues el derecho a la libertad de expresión y asociación se ven profundamente afectados cuando se justifica ese tipo de vigilancia sin criterios de control establecidos.

  • La Policía no proveyó ninguna evidencia de los referidos que supuestamente recibían y en que se basan para justificar el monitoreo inicial de ciertas cuentas.

  • No existen parámetros y controles reales que regulen la discreción de los programas estatales de vigilancia.

La Comisión concluye que las prácticas y políticas del Negociado de la Policía de Puerto Rico relacionadas con la vigilancia y el monitoreo en el contexto de actividades de protesta pública violentan los derechos de libertad de expresión, asociación e intimidad de las personas.

Para ello nos comprometemos a:

  • Proteger y promover el pleno ejercicio de la libertad de expresión y de reunión en lugares públicos.

  • Utilizar el acceso a​​ WIPR TV y Radio para democratizar las campañas políticas,​​ mediante la incentivación del uso por partidos políticos, movimientos en proceso de inscripción y candidatos, de sus recursos de difusión durante el año electoral de manera equitativa, de modo que se reduzcan los costos inherentes al proceso necesario de dar a conocer las propuestas programáticas y filosofías.

  • Derogar la ley que eliminó la colegiación compulsoria de la clase togada. Entendemos que la ley en​​ cuestión​​ fue aprobada en un acto abierto de represalia por parte del Estado en contra de la institución, por el hecho de adoptar posturas disidentes en relación con la gestión gubernamental.

  • Oponernos en todos los frentes y en la Asamblea Legislativa, a que se consideren a las corporaciones u otras personas jurídicas como entidades con derecho a participar, como donantes, directos o indirectos, a favor de campañas políticas. Aunque por razón del régimen colonial actual no podemos impedir la intromisión del capital privado en las campañas, proponemos la adopción de mecanismos de mayor rigurosidad en la fiscalización de las aportaciones monetarias de estos sectores corporativos, inversionistas de los procesos políticos.

  • Crearemos la “Ley Contra el Monitoreo Cibernético” con el fin de prohibir el monitoreo arbitrario de las redes sociales y otras páginas cibernéticas por parte de las agencias de seguridad pública del Gobierno de Puerto Rico y salvaguardar los derechos humanos a la intimidad, libertad de expresión y libertad de asociación de las personas en Puerto Rico.

 

Los pasados gobiernos coloniales han atentado contra el derecho del pueblo de obtener información al impedir, en algunos casos con la utilización de la violencia, a los diversos medios de comunicación, ejercer su función social de informar. Por esta razón:

  • Reconocemos al igual que se reconoce en la Declaración de principios sobre libertad de expresión, promulgada por la Organización de Estados Americanos, "que la libertad de prensa es esencial para la realización del pleno y efectivo ejercicio de la libertad de expresión e instrumento indispensable para el funcionamiento de la democracia representativa, mediante la cual los ciudadanos ejercen su derecho a recibir, difundir y buscar información."

  • Reconocemos el derecho de la ciudadanía de obtener información a través de los medios de comunicación tales como la radio, televisión y los medios cibernéticos.

  • Reconocemos además el valor y la importancia de los medios de comunicación alternativos, sobre todos aquellos fundamentados en las comunidades.

A la luz de lo anterior y aún dentro de las limitaciones que el régimen colonial vigente impone, nos comprometemos con lo siguiente:

  • Proteger y ampliar el derecho de acceso a la información que tiene la ciudadanía y promover el ejercicio verdaderamente libre del derecho de prensa. No aprobaremos ninguna legislación cuyo fin sea la limitación del acceso ciudadano a contenidos​​ publicados en el​​ Internet y combatiremos cualquier esfuerzo del gobierno de los Estados Unidos por imponer a Puerto Rico legislación o programas similares.

  • Prohibiremos la creación por parte del Estado y sus dependencias, de programas de​​ cíber-carpeteo.

  • Facilitaremos el flujo de información, mediante la inversión en sistemas de WIFI para el servicio libre de costo a la ciudadanía, en​​ espacios y áreas públicas​​ recreativas en cada uno de los municipios.

  • Intensificaremos la inversión para digitalizar y hacer disponible en línea, la mayor cantidad de información relacionada a todas las leyes, reglamentos, informes, documentos y gestiones en general promovidas por el gobierno.

  • Los expedientes administrativos de los asuntos ante la consideración de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), el propuesto Departamento de Protección Ambiental de Puerto Rico (actual Junta de Calidad Ambiental) y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) serán publicados en su página o red electrónica garantizando el acceso gratuito a los mismos.

  • Invertiremos una mayor parte del tiempo de programación de las emisoras adscritas a WIPR TV y Radio, para fomentar la interconexión educativa, cultural, científica y económica de Puerto Rico con el resto de la América Latina.

  • Reconoceremos, integraremos y daremos trato igual, a los medios de prensa alternativos, para fines del contacto de y recibir información de los medios de comunicación con funcionarios gubernamentales.

  • Promoveremos la re-educación y adiestramiento de la fuerza policial, con el fin de que la misma ejerza sus funciones con conocimiento y en respeto de los derechos expresión y asociación de los ciudadanos.

  • Haremos extensivo a todo el cuatrienio las limitaciones de la Ley Electoral a la publicidad gubernamental de modo que el Estado se vea impedido de condicionar la cobertura mediática mediante el uso del chantaje a medios de comunicación disidentes.

 

  • DERECHO A LA LIBERTAD DE RELIGIÓN Y CULTO

Los gobiernos coloniales durante más de seis​​ décadas​​ han procurado el apoyo electoral de ciertos sectores religiosos de nuestro país, que luego son retribuidos con trato preferencial una vez se asume el poder. Esa dinámica ha operado siempre en detrimento de la separación que debe existir, por imperativo constitucional, entre las​​ iglesias​​ y el Estado.

El PIP reconoce la importancia del ejercicio cúltico y religioso, y reconoce además la importancia de las distintas comunidades de fe, como cuerpos dinámicos, componentes de un sector esencial en nuestra sociedad. El PIP también reconoce​​ que​​ las organizaciones con base en la fe aportan valiosamente al desarrollo social de Puerto Rico. No obstante, el PIP promueve un gobierno laico, que no favorezca ni adelante el ejercicio de un culto religioso particular, en perjuicio de otros.

Entendemos que,​​ como parte del ejercicio de sus derechos fundamentales, los funcionarios​​ y funcionarias del Estado​​ no dejan de disfrutar del derecho a la libertad de culto por el mero hecho de​​ su​​ elección​​ o designación.​​ Por eso,​​ quienes representen al Estado o sirvan al público a través de las estructuras estatales​​ deben​​ respeto a la diversidad de creencias religiosas en nuestro país en el ejercicio de sus funciones. Observamos con gran preocupación la progresiva erosión del respeto​​ a​​ la diversidad de ideas religiosas por parte de​​ la clase política colonial, al punto que se ha llegado a incurrir en la Asamblea Legislativa, en conducta abiertamente sectaria y proselitista a favor de determinadas denominaciones religiosas.

A la luz de lo anterior proponemos:

  • Que la figura directiva de la Oficina para las Iniciativas de Fe y Base Comunitaria sea sustituida por una figura que sirva de enlace entre el Estado y sus dependencias, con el llamado Tercer Sector u organizaciones de base comunitaria en general, independientemente de su orientación cúltica o religiosa, o su orientación laica.

  • Fortalecer los reglamentos de nuestras distintas agencias públicas para restablecer el debido balance entre el derecho individual a la libertad de culto y la obligación constitucional de​​ las agencias​​ y sus funcionarios y funcionarias​​ de tratar a toda​​ la​​ ciudadanía​​ en igualdad de condiciones, independientemente de su fe particular o falta de ella.

  • Derogar la Ley​​ Núm. 33-2017​​ conocida como Ley de​​ Iglesias-Escuelas.

 

  • Derechos Ambientales y Legitimación Activa

El Derecho Internacional​​ sobre​​ los derechos humanos se ha desarrollado progresivamente y,​​ en el siglo XXI, refiere a la existencia de una denominada​​ “Tercera​​ Generación de​​ Derechos”, también conocidos como “Derechos de​​ Solidaridad”. Como parte de esta nueva generación de derechos, se protegen cuestiones de carácter supranacional como el “derecho a un medio ambiente sano.”

EL PIP propone:​​ 

  • La creación de una “Ley de Acción y Protección del Derecho Colectivo a un Medio Ambiente Sano”.​​ 

        • Con esta ley se crearán causas de acción civiles que legitimarán a toda y cualquier persona, para iniciar procesos judiciales en contra de entidades privadas, dirigidos a exigir reparaciones contra daños producidos (por tales entidades) al medio ambiente.

        • La legislación tendrá por efecto revestir a cualquier persona de acción legitimada, de suerte que en su carácter de “parte peticionaria”, no tenga que demostrar (como requisito de su causa de acción) que ha sufrido un daño particularizado a su persona. Bastará que la parte peticionaria pueda demostrar, esencialmente, que la parte demandada ha incurrido en actuaciones que han producido contaminación ilícita, o pérdida de la diversidad biológica, o menoscabos a los ecosistemas naturales, o manipulación genética.

        • ​​ El Tribunal General de Justicia, vendrá llamado a adjudicar a la parte que prevalezca una cuantía de reembolso de todos sus gastos legales y una compensación que será depositada en el Fondo Especial para la Protección del Derecho Colectivo a un Medio Ambiente Sano.

  • La derogación de todas las Leyes aprobadas por la presente​​ administración​​ para criminalizar el ejercicio del derecho fundamental a la Libre Asociación y a protestar.

 

  • LA EDUCACIÓN,​​ PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

Nuestro gobierno promoverá los principios adoptados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, a los efectos de que "La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales" y además "favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos[.]"

Sabemos que nuestras metas educativas no se podrán alcanzar por medio de iniciativas a corto plazo, como tampoco por medio de legislación exclusivamente. Entendemos que debemos invertir en la educación para que​​ opere un cambio real hacia una cultura de paz y tolerancia, debidamente cimentado sobre bases sólidas con continuidad generacional.​​ Proponemos el desarrollo e implementación de un currículo continuo de educación en derechos humanos, en todos los​​ niveles de educación en el sistema público de enseñanza.

 

  • REFORMA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS CIVILES​​ DE PUERTO RICO

 

La Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico (en adelante denominada como CDCPR), fue creada por medio de la Ley Núm. 102 de 28 de junio de 1965. Esta entidad, necesaria y pertinente para el desarrollo y protección progresiva de los derechos fundamentales en Puerto Rico,​​ ejerce actualmente una función limitada a gestiones de educación, en torno a la significación de los derechos civiles de las personas. Esta entidad no ostenta, por tanto, poderes adjudicativos,​​ ni facultad coercitiva alguna para hacer cumplir sus lineamientos.​​ 

La Ley habilitadora de la CDCPR debe ser revisada a los efectos de dotar a este organismo de facultades adicionales, comparables a las facultades de supervisión y tutela que ejercen estructuras similares en otros países de la América Latina. La CDCPR debe convertirse en un órgano con poderes más amplios que le permitan tutelar y supervisar efectivamente el cumplimento del gobierno de Puerto Rico, para con sus obligaciones bajo el derecho internacional de los derechos humanos.

En ese contexto, el PIP propone presentar y aprobar legislación por medio de la cual se cree la Comisión Puertorriqueña de Derechos Humanos. Por medio de esta legislación, se empoderará a esta entidad para que ejerza las siguientes funciones esenciales:

        • Recibir, analizar e investigar querellas individuales en que se aleguen violaciones a derechos humanos.​​ 

        • Observar la situación general de los derechos humanos en Puerto Rico y publicar informes especiales en torno a la realidad existente.​​ 

        • Realizar visitas anuales en los distintos municipios de Puerto Rico para analizar e investigar a profundidad la situación de los derechos humanos en tales jurisdicciones. Estas visitas darán lugar a la preparación de un informe​​ bianual​​ sobre la situación de los derechos humanos, según sea observada.​​ 

        • Ordenar al gobierno central, sus dependencias, corporaciones y a los municipios, la adopción de medidas provisionales para prevenir daños​​ irreparables a las personas que hayan presentado querellas por violaciones a derechos humanos.

        • Presentar acciones ante el poder judicial en Puerto Rico y comparecer ante sus tribunales, para la tramitación y consideración de casos sobre violaciones de derechos humanos, luego de que haya encontrado causa probable para violaciones de derechos humanos, a raíz de una querella recibida. ​​ 

 

  • PANEL INDEPENDIENTE DE CIUDADANOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN POLICIAL

Proponemos derogar la Ley Núm. 32-1972, según enmendada, conocida como Ley de la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA) para reasignar los fondos destinados a esa entidad al Panel Independiente de Ciudadanos para la Supervisión de la Gestión Policial.

    • Este panel de supervisión estará compuesto por siete (7) miembros nombrados por la Gobernadora, el primero de ellos será nominado por el Senado, el segundo será nominado por la Cámara de Representantes, el tercero será nominado por la Juez Presidente del Tribunal Supremo, el cuarto y quinto miembro serán nominados por el Colegio de Abogados y el sexto y séptimo, nominados por la​​ American Civil Liberties Union​​ (ACLU).

    • Entre otras facultades y prerrogativas, el Panel tendrá esencialmente autoridad para:

      • investigar querellas por violaciones de derechos humanos por parte de los miembros de los cuerpos policiales municipales y estatal,

      • celebrar vistas para adjudicar en los méritos las querellas que sean recibidas,

      • recomendar al Superintendente de la Policía sanciones administrativas y disciplinarias contra los querellados,

      • referir los hallazgos para el inicio de acciones de naturaleza penal en contra de los querellados por parte del Departamento de Justicia.

 

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