EDUCACIÓN PÚBLICA

La educación pública ha sido una de las principales víctimas de las políticas de austeridad impuestas por la Junta de Control Fiscal. ​​ En un período de​​ aproximadamente​​ cuatro años,​​ los​​ gobiernos​​ del Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista​​ clausuraron​​ sobre​​ 567​​ escuelas. Los cierres no responden a ningún criterio racional, ni contribuyeron a estabilizar la situación fiscal del país.​​ Escuelas de excelencia, con programas innovadores y efectivos, estructuralmente sólidas o en comunidades pobres y aisladas han sido clausuradas y sus estudiantes enviados a escuelas receptoras con serias deficiencias.​​ 

Este​​ abandono se suma a la extrema politización del Departamento de Educación, ejemplarizada en la figura de la exsecretaria Julia Keleher, hoy​​ acusada por actos de corrupción vinculados a sus funciones. ​​ Con el criterio partidista como norte, se ha entronizado la incompetencia y se han desterrado las consideraciones pedagógicas, la justicia laboral y el entendimiento de la educación como un pilar indispensable para el progreso del país.​​ 

Ante esta situación, el Partido Independentista Puertorriqueño presenta sus propuestas educativas:

  • Proyecto Educativo Puertorriqueño

El sistema educativo público le ha dado la espalda a nuestra realidad de nación latinoamericana y caribeña, y a las consecuencias --marginación, sentido colectivo de inferioridad y empobrecimiento-- del desarrollo de nuestra niñez en una sociedad formada mayoritariamente dentro de la mentalidad colonial. ​​ Muchas de las medidas más detrimentales para nuestra​​ niñez​​ provienen del calco impensado de iniciativas impuestas en la metrópolis, algunas de ellas de fracaso comprobado, como son las escuelas​​ chárter​​ y el enfoque punitivo y estigmatizante de las pruebas estandarizadas. ​​ 

Reafirmamos nuestra propuesta para el desarrollo de un​​ Proyecto Educativo Puertorriqueño​​ que renueve el sistema educativo en dos vías: una reforma administrativa que erradique la politización y la incompetencia​​ y que conceda mayor autonomía a las escuelas, y una reforma pedagógica que valore la diversidad de aptitudes y saberes y que esté dirigida a la formación de personas integrales, capacitadas para el aprendizaje continuo y comprometidas con los valores humanos de la equidad, el amor al conocimiento y al trabajo y la paz. Rechazamos las políticas de exclusión, el desamparo de la educación​​ como un proyecto social, las injusticias laborales, la privatización de servicios educativos, la entronización de la mediocridad y la impunidad de quienes violentan los derechos de nuestra niñez.​​ 

  • Acceso a la educación

  • Ante la situación de emergencia suscitada​​ por los eventos sísmicos de principios de este año, urge la adopción de medidas a mediano y largo plazo para la ubicación en espacios seguros del​​ estudiantado​​ desplazado por razón de la destrucción o inestabilidad estructural de sus escuelas.​​ ​​ Debe, en los casos en que sea posible, procederse con la rehabilitación de edificios, garantizando a la comunidad escolar que tales tareas se realizarán de manera transparente y confiable. ​​ En aquellos casos en que la destrucción haya sido total o los daños irreparables, como ocurrió en Guánica, Guayanilla, Yauco, Peñuelas y otros municipios, debe ser prioridad la construcción de nuevas escuelas, con la aplicación estricta de los códigos de construcción pertinentes, y procurando evitar los defectos detectados, en diseño y construcción, en proyectos como los de las "Escuelas del Siglo XXI".

  • Derogación inmediata de la Ley 85 del 2018, que es el instrumento utilizado por el PNP para viabilizar la privatización del sistema público de educación​​ (a través de escuelas chárter y de vales educativos)​​ que había comenzado a gestarse bajo la anterior administración PPD.

  • Nombramiento de todo el personal docente,​​ de apoyo administrativo​​ y de asistencia a estudiantes del Programa de Educación Especial,​​ antes del comienzo del semestre. Urge poner fin a la práctica, desafortunadamente extendida, de que transcurran meses y hasta semestres sin que se​​ llenen a cabalidad las plazas docentes, en violación evidente al derecho humano de cada niño y niña a la educación.​​ 

  • Reapertura de las escuelas cerradas por mandato de la Junta de Control Fiscal, con prioridad para aquellas ubicadas en comunidades rurales y más alejadas de las escuelas designadas como receptoras.​​ 

  • Rechazo de las políticas privatizadoras.

  • Incorporación de la perspectiva de género, no solo al contenido curricular, sino a la administración del sistema público de enseñanza, incluyendo,​​ pero sin limitarse,​​ a la atención al problema del acoso en toda la comunidad escolar.​​ 

  • Ubicaciones adecuadas y servicios relacionados​​ efectivos para todas​​ y todos los estudiantes del Programa de Educación Especial.​​ 

  • Desarrollo de un Proyecto Educativo Puertorriqueño que reconozca la diversidad de aptitudes, identifique necesidades​​ y aliente las capacidades de aprendizaje.

  • Promoción de diversos modelos educativos.

  • Reconocimiento de la diversidad de las comunidades escolares, de tal manera que el contenido curricular, la organización escolar y las estructuras de participación tomen en cuenta elementos como la pobreza y la ubicación (urbe o ruralía).

  • Optimización y ampliación de los programas agrícolas y vocacionales​​ (adaptados al entorno de cada Región Educativa)​​ en aras de contribuir a alcanzar la soberanía alimentaria descrita en la Sección de​​ Ambiente, soberanía alimentaria, planificación e infraestructura​​ de este Programa.

  • Disponibilidad de servicios de consejería y trabajo social para estudiantes en peligro de abandonar la escuela.

  • Valoración de la diversidad en las comunidades escolares, reconociendo la diversidad de identidades –de género, orientación sexual, razas, nacionalidades y otras– adoptando políticas de inclusión y cero tolerancia al discrimen.​​ 

  • Atención a la situación que enfrenta​​ el​​ estudiantado​​ migrante, afectado​​ (en su sentido personal​​ y familiar) no sólo por políticas gubernamentales, sino por la persistencia del discrimen por origen nacional.​​ 

  • Programa de​​ maestras y maestros​​ sustitutos​​ por municipio. ​​ 

  • Programas de mentoría --como los existentes en varios recintos-- en coordinación con la Universidad de Puerto Rico para estimular y posibilitar el ingreso de más estudiantes del sistema público de enseñanza a la Universidad del​​ Estado.​​ 

 

  • Condiciones de Trabajo del​​ Personal Docente y Administrativo

  • Despolitización de los procesos de nombramiento, tanto docentes como administrativos.

  • Aumentar​​ el​​ salario​​ básico​​ a​​ $3,000 mensuales, con diferenciales concedidos por preparación académica, experiencia y desempeño; y​​ realizar ajustes​​ que permitan​​ el aumento escalonado​​ del salario básico​​ a $4,000​​ en un periodo que no exceda cuatro años.

  • Extensión​​ inmediata​​ al sector magisterial​​ transitorio​​ de los aumentos​​ concedidos a las maestras​​ y maestros​​ con permanencia.

  • Beneficios de Retiro fijo para​​ docentes​​ de nuevo ingreso y para​​ el sector​​ afectado​​ por la Ley 160.

  • Pago de dieta y millaje a​​ docentes​​ que dan servicios a estudiantes en el hogar (home bound).

  • Concesión de permanencia a los dos años de servicio.

  • Contabilidad precisa y continua de la asistencia, en coordinación con el Departamento de Hacienda, con el fin de eliminar los descuentos excesivos en verano o al momento de retiro.

  • Bonificación o incentivo a​​ docentes​​ que trabajen en las islas municipio de Vieques y Culebra, o en zonas distantes a su lugar de residencia.

  • Eliminación total de las deudas adjudicadas debido a las fallas en el sistema electrónico de registro de asistencia Kronos correspondientes al periodo del año 2007 hasta el año 2017. ​​ 

  • Protocolo de estricto cumplimiento para el proceso que permite retirar de nómina regular a​​ docentes​​ en funciones, y que les obliga al cobro por nómina especial por extensos períodos, con el correspondiente menoscabo a beneficios marginales como plan médico. ​​ Debe cesar de inmediato la actual retención ilegal de salarios debido a las irregularidades en esa práctica y debe compensarse a​​ las personas​​ afectadas por la misma.

  • Revisión de los mecanismos para la adopción de medidas cautelares para​​ docentes​​ sujetas a procesos administrativos, de tal forma que los términos sean razonables y los casos se vean en un tiempo prudente.​​ Al presente, las medidas cautelares pueden extenderse por años.​​ 

  • Disponibilidad de procesos administrativos por querellas laborales al interior del Departamento, independientemente de la afiliación sindical de la persona​​ docente.

  • Puesta en función de la OASE, para atender los cientos de casos pendientes a raíz de la aprobación de la Ley 85.

  • Restauración de los traslados por petición.

  • Periodos de clase de 50 minutos, con un periodo diario de capacitación y un periodo institucional.

  • Reuniones periódicas de facultad, en las que el personal docente y administrativo pueda​​ dialogar sobre las experiencias y situaciones de la comunidad escolar.

  • Reducción del trabajo administrativo.

  • Ofrecimiento de talleres, seminarios y capacitaciones en cada​​ municipio.

  • Programas de mentoría, presenciales y en línea, que sirvan para establecer vínculos entre​​ el sector magisterial​​ de mayor experiencia y​​ quienes​​ comienzan en el sistema.

  • Materiales adecuados y suficientes en el salón de clase, tanto para estudiantes como para docentes, incluyendo una computadora para cada maestra y/o maestro​​ y servicio de internet en las escuelas.​​ Como medida a corto plazo, aprobaremos legislación con el propósito de​​ reconocer expresamente y viabilizar el derecho de las maestras y maestros a ser resarcidos por los gastos en que, para servir efectiva y dignamente al​​ estudiantado​​ de las escuelas públicas, se ven obligados a incurrir injustificadamente en concepto de servicios, recursos, equipos y materiales en favor del Departamento de Educación.​​ (Véase​​ el P. del S. Núm. 662 de la delegación legislativa del PIP).

  • Disponibilidad de recursos didácticos, de referencia y de educación continua a través de la internet,​​ incluyendo bibliotecas virtuales por materia, con acceso a publicaciones de interés profesional.​​ 

  • Capacitación de​​ docentes​​ en el uso de la tecnología.

  • Garantía de espacios seguros de trabajo, atendiendo a las necesidades particulares, por ejemplo, de los cursos vocacionales y de agricultura, que requieren la utilización de equipo y números limitados de estudiantes.​​ 

  • Educación continua para la atención a la población estudiantil con diversidad funcional.​​ 

  • Acomodo razonable para el personal docente y administrativo que así lo requiera.

  • Participación real y efectiva en el proceso de organización escolar.

  • Evaluaciones justas y no punitivas al​​ magisterio; eliminar los resultados de las pruebas estandarizadas como base para evaluaciones docentes.

  • Espacios de trabajo para​​ profesionales de​​ consejería​​ y trabajo​​ social que permitan la confidencialidad: oficina privada, líneas de teléfono directas y computadora con impresora.​​ 

  • Coordinación eficaz con otras agencias, como ASSMCA, Departamento de la Familia y Procuradurías para optimizar las​​ labores​​ de trabajo​​ social,​​ psicología​​ escolar y consejería.

  • Revisión de las funciones de las directoras y directores​​ de escuela, deslindando las funciones administrativas y de supervisión y apoyo​​ docente.

  • Nombramiento de personal​​ administrativo​​ en proporción al tamaño​​ y complejidad de cada escuela.

  • Incentivos y recursos suficientes para​​ docentes​​ que organicen y participen en actividades intramuros e interescolares en horas fuera del horario regular de clases, como suele​​ ocurrir con los programas de​​ educación física, artes teatrales y​​ diversos​​ clubes y organizaciones estudiantiles.

 

  • ESCUELAS: ESPACIOS PARA APRENDER

  • Garantizar el regreso de las comunidades escolares afectadas por los terremotos a espacios de aprendizaje seguros y de carácter permanente.

  • Disponer la reapertura de aquellas escuelas clausuradas por las administraciones de los últimos dos cuatrienios, dando prioridad a las estructuras resistentes a sismos.

  • Realizar aquellas modificaciones estructurales que se requieran para asegurar la estabilidad de las escuelas ante futuros eventos sísmicos.

  • Adoptar medidas de mitigación al interior de los salones de clase, como ubicación y fijación de muebles y equipos, en anticipación de eventos sísmicos.

  • Diseñar, por cada comunidad escolar y con la ayuda de expertos en la materia, planes de mitigación, evacuación y respuesta a eventos sísmicos y otras emergencias, estableciendo la realización periódica de simulacros, reuniones de orientación y revisión de planes y protocolos. Los planes deben incluir la coordinación con organismos municipales y estatales.

  • Establecer protocolos que permitan transparencia, eficiencia y credibilidad para la inspección de estructuras escolares afectadas por sismos, huracanes y otros eventos.

  • Requerir responsabilidad por vicios de construcción en las escuelas.

  • Coordinar con las comunidades para uso de espacios escolares luego de horas lectivas.

  • Eliminación de barreras arquitectónicas.

  • ​​ Establecer programas efectivos de mantenimiento.

  • Garantizar la permanencia, viabilidad​​ y disponibilidad de bibliotecas, con recursos impresos y electrónicos, así como la​​ calidad de los programas bibliotecarios.​​ Véase​​ el P. del S. Núm. 1098, de la​​ delegación legislativa del PIP.

  • Modernización de infraestructura eléctrica y de conexión a​​ internet.

  • ​​ Creación y fortalecimiento de espacios para​​ educación física y bellas artes.

  • Proveer espacios adecuados para ubicaciones con números reducidos de estudiantes.​​ Particularmente, establecer un número máximo de estudiantes por salón, ajustado por niveles, en atención a los estudios que han mostrado consistentemente que un número menor de estudiantes por salón redunda en un mayor aprovechamiento académico, (Véase​​ el P. del S. Núm. 875, de la delegación legislativa del PIP).

  • Proveer espacios adecuados para la provisión de servicios relacionados, tales como terapias, evaluaciones y reuniones para estudiantes del programa de educación especial.

 

  • ESTUDIANTADO: EJE DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

  • El Departamento, como parte de la filosofía recogida en el Proyecto Educativo Puertorriqueño, debe promover la pluralidad​​ de métodos de enseñanza, reconociendo la diversidad de saberes, talentos, y formas de aprendizaje.​​ 

  • Se tomarán las medidas necesarias para paliar el rezago académico que ha resultado de las circunstancias creadas por la​​ pandemia, incluyendo legislación​​ y/o reglamentación​​ que​​ establezca​​ un tope de​​ entre 10 y​​ 12​​ estudiantes por salón​​ (siempre garantizando el distanciamiento físico mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud en un contexto de pandemia)​​ y adecuando los estándares de grado a la realidad de los estudiantes al momento que se retome la educación presencial.

  • Se promocionará​​ a​​ estudiantes luego de constatarse el dominio de destrezas por niveles en función de los objetivos mínimos de aprendizaje para cada grado y asignatura. Se explorará la posibilidad de establecer el método evaluativo considerando el uso de "aprobado" y "no aprobado" por cada asignatura.

  • Se descartarán las pruebas estandarizadas que actualmente se ofrecen como medida del aprovechamiento académico y de la capacidad del personal docente, y que representan un gasto insostenible e inútil para el presupuesto del Departamento. ​​ En su lugar, se adoptarán criterios de medición producto del consenso.​​ 

  • Fortalecer el programa de cooperativismo en las escuelas como uno educativo y de servicio, con potencial de alternativas para el desarrollo socioeconómico.

  • Se incluirán cursos avanzados en todas las escuelas públicas del país para estudiantes de alto aprovechamiento académico en general o en áreas específicas.​​ 

  • Se actualizará y modernizará el repertorio de modelos educativos para que responda a las trasformaciones del mundo contemporáneo. Se establecerán escuelas vocacionales especializadas en tecnología, artes industriales, pesca, hidropónicos, marinería y acuacultura. Este proyecto se coordinará en colaboración estrecha con las industrias relacionadas para beneficio mutuo, separadas de los programas generales.

  • Incorporaremos cursos​​ de formación cívica, política y parlamentaria enfocados en​​ derechos humanos, la erradicación del racismo y la xenofobia y los valores promulgados por la Organización de Naciones Unidas, así como de​​ ética y valores,​​ comenzando en el nivel primario hasta el secundario.​​ (Véase​​ el P. del S. Núm. 1630, de la delegación legislativa del PIP).

  • Reconocimiento e integración plena al currículo de las materias comúnmente denominadas como "no académicas", tales como educación física, música, danza, cine, movimiento corporal, teatro, artes gráficas y agricultura

  • Se ofrecerá variedad de opciones educativas en el sistema público, con el propósito de presentarle al estudiantado alternativas que respondan a sus intereses y necesidades. La variedad de ofrecimientos tendrá presente que no todo sector estudiantil responde de igual manera a una determinada forma de enseñanza. Impulsaremos un sistema de Educación Pública con pluralidad de enfoques pedagógicos y contenido académico.

  • Instauraremos las medidas de apoyo (tutorías, tecnología, etc.) para satisfacer las dificultades en materias como español, inglés, ciencias y matemáticas para estudiantes con rezago.

  • Se asignarán los recursos humanos, económicos, de equipos y materiales para fortalecer la educación física, bellas artes y educación especial en todos los niveles y​​ programas. Reclutaremos​​ docentes​​ con la debida preparación académica.​​ ​​ Además,​​ se desarrollarán nuevas instalaciones deportivas (instalaciones de​​ gimnasios, aeróbicos, yoga, etc.) o mejoraremos las existentes en la escuela o la comunidad, con un programa de mantenimiento y mejoramiento que las mantengan​​ en condiciones óptimas. Se ofrecerán incentivos especiales a​​ docentes​​ que organicen y participen en actividades intramuros e interescolares en horas fuera del horario regular de clases.

  • La reglamentación y políticas acerca de la disciplina y seguridad será revisada en su totalidad,​​ desde un enfoque que fortalezca un clima propicio para el proceso enseñanza-aprendizaje.

  • ​​ Se promoverán y subvencionarán estudios sobre el problema de la deserción escolar​​ con el propósito de identificar estrategias que prevengan​​ el problema. Crearemos nuevos programas educativos para atender las necesidades de desertores escolares, procurando que se atiendan aquellos factores que inciden sobre la decisión de abandonar la escuela.

  • Se establecerán nuevas escuelas especializadas, a la luz de los resultados de los estudios de necesidades de las escuelas. 

  • Cada distrito escolar procurará tener un ofrecimiento de diversas disciplinas (cine y comunicaciones, arte, idiomas, deportes, teatro, música, danza, ciencias, matemáticas, literatura).

  • Promover que, al igual que se reconocen días dedicados a la actividad deportiva (como los Días de Juegos y Torneos), se dé​​ espacio a la celebración de actividades dedicadas a las artes.​​ 

  • Se proveerán​​ al estudiantado​​ evaluaciones vocacionales, orientación sobre alternativas de estudio y asistencia en el proceso de solicitudes a universidades y colegios técnicos. ​​ Se promoverá, a través de programas de mentoría, el ingreso de más jóvenes de escuela pública al sistema de la Universidad de Puerto Rico.​​ 

 

  • EDUCACIÓN MÁS ALLÁ DEL SALÓN DE CLASES

  • Se promoverá la organización de los Consejos de Estudiantes como instrumento para desarrollar destrezas de liderato y responsabilidad social entre el estudiantado.​​ 

  • En conjunto con organizaciones​​ sin fines de lucro, estableceremos un programa de actividades extracurriculares que brinde nuevas experiencias científicas, ecológicas,​​ comunitarias, solidarias,​​ culturales y artísticas, promoviendo​​ la ampliación de nuevos horizontes académicos para la formación integral de nuestro​​ estudiantado.

  • La sociedad del conocimiento impone la necesidad de desarrollar dominio tecnológico entre​​ el​​ estudiantado​​ desde los niveles primarios, para responder de manera exitosa a las nuevas tecnologías informáticas y de las telecomunicaciones.​​ ​​ En nuestro programa educativo se le garantizará acceso a la más moderna tecnología de computadoras en el salón de clases o en laboratorios especializados en todos los niveles desde la escuela primaria.

  • Reforzar el programa de intercambio de estudiantes talentosos​​ y talentosas​​ (de nivel intermedio, superior y universitario) entre Puerto Rico y otras naciones, con el propósito de facilitar un mayor enriquecimiento intelectual y cultural entre nuestra​​ juventud. Esto permitirá el desarrollo de la sensibilidad de nuestro​​ estudiantado​​ hacia otros países y sus culturas.

  • Se establecerán programas de recreación y deportes en las instalaciones deportivas de las escuelas, en coordinación con otras dependencias gubernamentales, para que las​​ maestras y​​ maestros de educación física, junto al​​ liderato​​ recreativo comunitario, mantengan a nuestra​​ juventud​​ practicando diversidad de deportes y actividades recreativas que promuevan una salud física y mental. Se ofrecerán incentivos especiales a​​ docentes​​ que se integren a este esfuerzo.​​ 

  • Se mantendrá disponible en cada escuela un terminal de computadora para que los padres​​ y las madres​​ puedan acceder la información de las actividades que se realizan en la institución y al expediente académico de sus hijos​​ y/o hijas.

  • Cumpliremos con la Ley 170-2000, propuesta por la Delegación del PIP, para nombrar​​ profesionales de la psicología​​ en las escuelas, con el fin de​​ prestar servicios a​​ docentes, personal no docente, estudiantes, padres, madres y tutores​​ o tutoras.

 

  • LA ESCUELA​​ INCLUSIVA: EQUIDAD Y PERSPECTIVA DE GÉNERO

  • El sistema de educación pública reconocerá la diversidad en la identidad de género y orientación sexual, adoptando políticas de​​ “cero discrimen”.

  • Viabilizar mediante legislación la adopción de la equidad de género con una perspectiva integral y transversal en el Departamento de Educación (docente y no docente).​​ 

  • Realizar una revisión detallada del currículo del Departamento de Educación para eliminar aquellos textos, materiales, o acercamiento en​​ las distintas materias, que fomenten estereotipos por género, incorporando materiales educativos que promuevan la educación no sexista, que contribuyan a prevenir la violencia doméstica, y que realcen el papel de las mujeres en la historia. Dar seguimiento a esa propuesta a través de una oficina dentro del Departamento con personal especializado en asuntos del género y en educación no sexista con el fin de que provean adiestramiento continuo a maestros y maestras y para que se promuevan actividades educativas.

  • Reenfocar las campañas de prevención de deserción escolar para que apelen a las mujeres jóvenes que por razones de violencia, embarazos prematuros o circunstancias económicas optan por abandonar sus estudios secundarios.

  • Crear programas educativos especiales adaptados a los horarios y necesidades de las jóvenes embarazadas y madres adolescentes para que puedan completar la escuela superior o continuar estudios universitarios.

  • Reenfocar los programas de educación vocacional, incorporando más a las jóvenes a la preparación en oficios tradicionalmente adjudicados a hombres, y ampliando las ofertas vocacionales.

  • Incorporar la perspectiva de género al currículo universitario de la Universidad de Puerto Rico, incentivando a su vez a las universidades privadas a que adopten dicha política y se logre impactar a gran parte de la población. La universidad del Estado debe adoptar las prácticas de retención y flexibilidad que ofrecen las universidades privadas a la población femenina (flexibilidad de horarios, cuido de estudio, Programa “Head Start”, entre otros).

  • Familiarizar a menores sobre la importancia del respeto y la equidad como base de las relaciones afectivas y domésticas mediante la integración del tema a ciertas asignaturas desde la escuela elemental, imprimiendo desde temprana edad el concepto de que maltrato no es únicamente violencia física. También, celebrar a esos fines, Jornadas para la Prevención de la Violencia Doméstica en las escuelas del país.

 

  • EDUCACIÓN ESPECIAL

Las niñas y niños con diversidad funcional representan cerca de una tercera parte de la población escolar en el sistema público.​​ La gran mayoría está ubicada en salones de corriente regular, en los que prevalecen condiciones de​​ hacinamiento y falta de recursos que hacen imposible el cumplimiento en el Programa Educativo Individualizado.​​ 

 

  • El Programa de Educación Especial recibirá el más profundo análisis y atención dándole prioridad a la preparación de​​ personas listas​​ para una vida independiente, plena y productiva. Se atenderán los siguientes problemas: la adecuación de los espacios provistos para los grupos de educación especial; la continuidad y regularidad de los servicios especializados (terapias , evaluaciones, visitas de seguimiento) que se ofrecen dentro y fuera del plantel escolar; la disparidad entre servicios y tratamiento recomendados y los brindados; la disponibilidad de personal de apoyo en el salón de clases; la necesidad de intensificar los niveles de integración con el resto de la comunidad escolar; la asignación adecuada de materiales y la evaluación vocacional para una transición a la vida adulta.​​ 

  • Deponer la actitud litigiosa del Estado y​​ en desprecio del bienestar de​​ la niñez​​ que ha prevalecido durante​​ las cuatro décadas​​ del pleito de clase​​ Rosa Lydia Vélez v. Departamento de Educación​​ y dar cabal cumplimiento a la Sentencia por Estipulación del 14 de febrero de 2002.

  • Asegurar que la dirección de la Secretaría Auxiliar de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos esté en manos de personal capacitado y sensible a las necesidades de​​ la niñez.

  • Incorporar a las funciones pedagógicas y​​ administrativas de la Secretaría y de las escuelas las más recientes tendencias en la prestación de servicios a​​ la niñez​​ con diversidad funcional, de tal manera que condiciones como los trastornos sensoriales puedan ser detectados y atendidos adecuadamente.​​ 

  • Acabar con la imposición de Programas Educativos Individualizados genéricos. ​​ Cada PEI debe contener un avalúo real de las fortalezas y necesidades de cada estudiante y una propuesta académica diseñada para él o ella en consulta con​​ docentes, especialistas y proveedores de servicios relacionados.​​ 

  • Revisar el concepto de estándares de grado en su​​ aplicación al estudiantado​​ de educación especial, y de cualquier otro criterio que sea contrario al contenido de los Planes Educativos Individualizados.​​ 

  • Garantizar ubicaciones adecuadas para​​ participantes​​ del programa partiendo del principio de integración, con salones de cupo reducido y en espacios adecuados.​​ Debe reconocerse que la integración opera​​ en dos vías, y que requiere mucho más que la presencia del​​ o la​​ estudiante en un salón de corriente regular; debe involucrar a sus compañeras​​ y compañeros​​ neurotípicos y a toda la comunidad escolar.​​ 

  • Proveer servicios relacionados​​ tales como transportación, terapias, equipo asistivo y asistentes,​​ según dispuesto en el Programa Educativo Individualizado de cada estudiante.

  • Respetar el criterio clínico de​​ proveedores de servicio.

  • Optimizar la preparación y disponibilidad de asistentes de educación especial (T1).

  • Asegurar condiciones y espacio de trabajo adecuados a proveedores​​ y proveedoras​​ de servicio que trabajan en las escuelas.

  • Pago a tiempo para​​ los proveedores y proveedoras​​ de servicios relacionados.​​ 

  • Realizar evaluaciones iniciales y reevaluaciones periódicas atendiendo a las necesidades de las niñas​​ y niños​​ y recomendaciones de especialistas, en condiciones adecuadas, y permitiendo la discusión de​​ estas​​ con​​ la persona​​ especialista que las realizó.

  • Monitorear la calidad de los servicios relacionados, y condicionar al resultado de tales evaluaciones la contratación de los proveedores​​ y proveedoras. ​​ Todo y toda​​ especialista debe garantizar que las evaluaciones y terapias se proveen en condiciones y espacios adecuados.

  • Garantizar que la provisión de servicios relacionados no interfiera con el horario académico.​​ 

  • Educar y asistir a las familias de​​ estudiantes con diversidad funcional​​ sobre​​ los procesos administrativos para la obtención de servicios y los derechos que les asisten en la reclamación de​​ estos. Se transformará el sistema de querellas para eliminar el enfoque actual, en el cual el Departamento de Educación actúa como obstáculo para la obtención de servicios para​​ la niñez.

  • Fortalecer a las escuelas públicas y privadas especializadas, tales como la Loaíza Cordero, la Fray Ponce de León y el Colegio San Gabriel, que prestan servicios a​​ estudiantes​​ ciegos y a​​ estudiantes​​ sordos​​ y sordas.

  • Proveer preparación para intérpretes de lenguaje de señas a todos los niveles.

  • Eliminación de barreras arquitectónicas en las escuelas.

  • Suscribir convenios con entidades públicas y privadas para el desarrollo y disponibilidad de equipo asistivo.

  • Revisión de sistemas de compras.

  • Ampliar servicios de educación física adaptada.

  • Preparación de​​ docentes​​ y de toda la comunidad escolar para la identificación y atención de condiciones neurológicas y del desarrollo en estudiantes.

  • Realizar una campaña de orientación masiva, junto a los padres, madres, encargadas y​​ encargados de​​ estudiantes​​ de Educación Especial, sobre las condiciones de salud o trastornos del desarrollo que afectan el aprendizaje para promover el respeto y la sensibilidad hacia la diversidad humana.​​ 

  • Crear un organismo ágil e independiente con representación de todas las agencias gubernamentales que le brindan servicios a​​ ese sector​​ estudiantil​​ junto al Comité Timón de Padres y Madres de Niños de Educación Especial para evaluar, supervisar los servicios y atender querellas por violaciones a la legislación sobre educación especial.

  • Establecer un protocolo uniforme para las agencias en el manejo de los casos de educación especial en cada etapa de transición del​​ o la​​ estudiante. Así se vinculará la etapa de diagnóstico e intervención temprana con los servicios del Departamento de Salud, el monitoreo del progreso educativo y ofrecimiento de servicios relacionados con el Departamento de Educación y el posterior seguimiento vocacional de la Administración de Rehabilitación Vocacional.

  • Establecer salones experimentales en todas las escuelas públicas con​​ un​​ número reducido de estudiantes de educación especial con programas de educación individualizada que integren​​ a estudiantes talentosos​​ y talentosas​​ como tutores​​ y/o tutoras​​ en distintos grados académicos para fomentar la unidad y solidaridad entre iguales.

  • Requerir al magisterio​​ tomar cursos sobre condiciones de salud o trastornos del desarrollo que afectan el aprendizaje escolar, tales como hiperactividad, déficit de atención, espectro del autismo, Aspergers, síndrome oposicional desafiante, bipolaridad, problemas específicos de aprendizaje, ansiedad y depresión infantil, entre otros para sensibilizar a los funcionarios escolares sobre las particularidades de estas condiciones de salud. También,​​ se requerirá una certificación en educación especial para asistentes de servicio que estén vinculados con​​ el estudiantado de​​ educación especial.

  • Proveer incentivos​​ económicos y profesionales a​​ docentes​​ de educación especial que integren técnicas innovadoras que tomen en consideración los distintos niveles y ritmos de aprendizaje​​ entre el​​ estudiantado.

  • Regionalizar los servicios de transportación a terapias y tratamiento para aumentar la accesibilidad y el seguimiento continuo a los Planes de Educación Individualizada (PEI). Se solicitará la colaboración de recursos económicos y humanos de los municipios para que no se vean afectados los servicios al estudiantado, ni los pagos a​​ los​​ proveedores​​ y/o proveedoras​​ de​​ estos. En aquellos lugares en que sea conveniente, se procurará que los servicios de terapia se provean en la misma escuela, de forma que se facilite la comunicación con el componente docente, se integre el contenido de la terapia con las destrezas que se trabajan en el salón y se minimice la pérdida de horas de clase.

  • Proveer orientación sobre sus derechos, así como programas de respiro a las madres a cargo de hijos o hijas con impedimento, tanto aquellos en edad escolar como los que, por estar fuera de la jurisdicción del Departamento de Educación, sufren de forma especial la falta de servicios.

  • Establecer programas​​ de respiro para las familias​​ asignando fondos para el cuido y adiestramiento de personas​​ con​​ diversidad funcional​​ mayores de 18 años​​ que así lo requieran.

  • Proveer apoyo a las familias para la comprensión de las necesidades de sus niños​​ y/o niñas.

  • Enmendar la Ley Núm. 85–2017, denominada “Ley contra el hostigamiento e intimidación o “bullying” del Gobierno de Puerto Rico”, con el fin de extender protecciones adicionales a los niños con diversidad funcional que puedan ver su seguridad, integridad física y/o autoestima lacerada por actos de “bullying” cometidos por niños que también se encuentren registrados en el Programa de Educación Especial, de manera que se garantice la dignidad de todas las partes. (Véase​​ el P. del S. Núm. 1347, de la delegación legislativa del PIP).

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