El estatus es el issue

“Es el momento de seguir el ejemplo del esfuerzo político del 1989 al 1991, en que las diversas fuerzas políticas impulsaron un movimiento importante en el Congreso”

Teresa Canino Rivera /STAFF
El tema del status es el telón de fondo de muchos de los problemas que enfrenta Puerto Rico. Por eso en la pasada campaña insistí que, sin importar su creencia ideológica, mi compromiso era estimular un proceso descolonizador democrático. En ese proceso yo abogaría por la libertad y acuerdos de cooperación y amistad con Estados Unidos y el resto del mundo. En mi propuesta, estadistas, independentistas, libreasocianistas y no afiliados tienen espacio para un proceso serio de descolonización.

A nivel del Derecho Internacional nuestra condición es considerada colonial. Eso significa que existe una potencia administradora, que es el gobierno de los Estados Unidos, que tiene una enorme responsabilidad con respecto a su posesión territorial. La Carta Magna de la Descolonización dispone: “La sujeción de pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye una negación de los derechos humanos fundamentales, es contraria a la Carta de las Naciones Unidas y compromete la causa de la paz y la cooperación mundiales”. Como corolario de esa afirmación de principios universales, se reconoce el derecho de los pueblos a su independencia. Es un derecho inalienable y democrático, que significa que no se puede negar. Democracia, es un concepto griego que significa “organización social que atribuye la titularidad del poder a la ciudadanía”. Así no es en Puerto Rico.

En estos momentos, Puerto Rico vive una nueva modalidad de gobierno colonial impuesto por la Ley PROMESA. Hoy, siete personas que no son electos por los puertorriqueños tienen el poder de aprobar planes fiscales, presupuestos y dejar sin efecto leyes aprobadas por nuestras ramas constitucionales. Esto debe obligarnos como pueblo establecer un mapa de ruta para los que creemos en la descolonización.

En Washington existen dos medidas legislativas. Una es impulsada por Daren Soto, que impone un plebiscito de estadidad sí o no. El otro proyecto es el de Nydia Velázquez, que busca un mecanismo inclusivo y democrático para atender problema. El proyecto de Velázquez es una alternativa inclusiva, con fórmulas fuera de la cláusula territorial y crea una Comisión Conjunta de funcionarios de alto nivel federal junto a delegados puertorriqueños para definir viabilidad y transición de cada opción de estatus.

Pedro Pierluisi apoya a un grupo de cabilderos de la estadidad que cobran salarios de $90,000 y hasta $30,000 de reembolsos de gastos personales. Han sido una caricatura cuya acción más visible ha sido pararse lejos del Congreso elevando cartulinas escritas con mensajes usando marcadores. Hasta sus propios miembros han dicho que es un robo al País. Los estadistas serios deben estar indignados.

En cuanto a la Legislatura dominada por el Partido Popular, el presidente de la Cámara, piensa que el estatus no está en “issue”, aunque al inicio del cuatrienio dijo que era un tema prioritario. El mismo estatus que permite la imposición de leyes de cabotaje, la Junta de Control y que el presidente de Estados Unidos diga que nos puede ceder a otro país. El presidente del Senado ha convocado a un diálogo sobre estatus. El tiempo dirá si esa es una ruta provechosa.

De lo que no hay duda es que ha llegado el momento de estimular una confluencia descolonizadora. Es el momento de seguir el ejemplo del esfuerzo político del 1989 al 1991, en que las diversas fuerzas políticas impulsaron un movimiento importante en el Congreso.

Por mi parte, creo en el diálogo responsable y en las acciones conjuntas hasta donde se logren entendidos. Por eso acepté la invitación del presidente del Senado. Aunque admito que tengo apertura al proceso, lo hago con un optimismo cauteloso. Queda ver ahora quiénes impulsan la descolonización de verdad y quiénes la utilizan como carnada electoral.