Inaceptable “otro más”

“No puede cederse al cinismo ni a la complacencia de que la función pública o electoral conlleva el aceptar conductas irregulares, antiéticas o ilegales”

Felix “El Cano” Delgado, exalcalde de Cataño
                                                                                        Felix “El Cano” Delgado, exalcalde de Cataño (Primera Hora)
Luego de meses de informes periodísticos y señalamientos sobre acciones cuestionables, irregulares e ilegales en su municipio, renunció el alcalde del PNP de Cataño, Félix Delgado. Una vez más el país ve con coraje e indignación la traición de funcionarios públicos.

La lista de legisladores, alcaldes, jefes de agencia e, incluso, gobernadores que han fallado a la fe pública es larga. El peligro de esta conducta |repetida de funcionarios de alto nivel es que crea la imagen de que es una forma normal de actuar en asuntos de gobierno.

De ahí que en ocasiones se escuche a los más cínicos decir: “todos roban”, “todos son iguales”, “todos hacen lo mismo”. La frase más común es “otro más”, dando la falsa impresión que es una conducta inevitable en el desempeño público. Eso es peligroso porque no hay mayor mezquindad que tratar como iguales a quienes no lo son y porque muestra resignación.

En el pasado y el presente, funcionarios dentro de las estructuras del pepedé y el penepé han sido señalados, acusados, convictos o han tenido que renunciar a sus cargos ante señalamientos de violaciones de ley. Ese no ha sido el caso de funcionarios que han ejercido su responsabilidad pública desde el Partido Independentista Puertorriqueño.

Recuerdo en las auditorías que se realizaron para el financiamiento de la campaña a la gobernación en el 2012. Éramos seis candidatos. De los seis candidatos, cinco fueron multados por incumplir normas de financiamiento de campañas. El PIP no.

No puede cederse al cinismo ni a la complacencia de que la función pública o electoral conlleva el aceptar conductas irregulares, antiéticas o ilegales. Todo lo contrario. Las cosas se pueden y se tienen que hacer correctamente bajo los estándares de la ética gubernamental.

La integridad pública es la ejecución de las responsabilidades oficiales en cumplimiento de valores y principios éticos, por encima del interés privado y en función del bienestar público. La confianza del pueblo en el gobierno depende de la gestión que se realiza basada en esos principios éticos.

Aunque la ética y la moral no se legislan, no es menos cierto que existen leyes y oficinas reguladoras cuya función es garantizar el cumplimiento de esas normas de conducta ética.

Desafortunadamente, las oficinas reguladoras tienen insuficientes recursos o son administradas por funcionarios bajo la sombra del partidismo. Eso crea suspicacia con respecto a la objetividad e independencia de acción de esas entidades

Un ejemplo reciente fue el caso de la Contralora, Yesmín Valdivieso. La Contralora había estado en silencio con respecto a investigaciones y auditorías a entes gubernamentales. Sin embargo, durante las protestas de estudiantes de la UPR exigiendo mejores condiciones de estudios, salió del clandestinaje. En lo que constituyó una arenga motivada por pasiones ideológicas y políticas, la Contralora la emprendió contra los estudiantes y reclamó el cierre de la UPR. Sobre los que recibieron asistencia económica del gobierno durante la pandemia, básicamente los tildó de vagos. Su prejuicio político quedó retratado.

Hay tres elementos esenciales a considerar ante lo ocurrido en Cataño. Primero, hay que limitar el inversionismo político en las campañas. Esto se logra limitando el periodo de campaña a dos meses antes de las elecciones. En segundo lugar, hay que dar independencia y recursos a las entidades fiscalizadoras y eliminar el elemento partidista en los nombramientos. Tercero, que quien la haga la pague. Esto significa que el peso de la ley caiga sobre funcionarios públicos corruptos, pero además sobre contratistas privados.

Si no damos los pasos necesarios para limpiar la casa, continuará el dinero del pueblo a merced de piratas al abordaje y la falta de confianza en la función pública. Es inaceptable “otro más”.