Nueva crisis

“El gobernador dijo que ahora pagaremos menos de la deuda. Obvió incluir en su cálculo estadístico el pago hecho el martes de $10,000 millones para los bonistas. También obvió otra información vital”.

Gobernador Pedro Pierluisi.
Gobernador Pedro Pierluisi. (XAVIER GARCIA)

Parafraseando a Gabriel García Márquez, “El gobernador no tiene quien le escriba,” que es lo mismo que decir que no tiene asesores ni colaboradores de confianza que lo protejan políticamente. Eso es lo único que explica su desafortunado mensaje al país, que más que un mensaje de jefe de Estado, se trató de una lavada de cara a la Junta de Control Fiscal ante la ejecución de un Plan de Ajuste de la Deuda que es dañino para Puerto Rico.

Eso no debe sorprender. El vínculo cercano de Pedro Pierluisi con la Junta tiene su historia. Como comisionado residente, Pierluisi fue promotor de la Ley PROMESA y cabildeó para la imposición de la Junta de Control Fiscal. Luego en su práctica privada se convirtió en uno de sus asesores legales en la implementación de políticas de austeridad y propuestas de la Junta. Luego del desahucio de Ricardo Rosselló de Fortaleza, Pierluisi retomó su rol político. Como candidato a la gobernación se jactaba de ser quien tenía la confianza de la Junta. Como Gobernador ha sido un estrecho colaborador de la Junta, como instrumento penalizante y antidemocrático a favor de los bonistas.

Por lo tanto, su mensaje de relaciones públicas a favor de la Junta no debe sorprendernos. Lo que sorprende es el descaro público en la manipulación de estadísticas para justificar un acuerdo malo para Puerto Rico. Veamos.

El gobernador dijo que ahora pagaremos menos de la deuda. Obvió incluir en su cálculo estadístico el pago hecho el martes de $10,000 millones para los bonistas. También obvió otra información vital.

Además de los $10,000 millones, en términos del presupuesto para servicios esenciales se restan $2,000 millones para el pago de pensiones, más mil millones ciento cincuenta dólares para el pago anual a los bonistas buitres, más $1,000 millones para la reserva del pago de pensiones. Estamos hablando de una reducción presupuestaria de cuatro millones ciento cincuenta mil dólares. Eso representa un presupuesto operacional aproximado de $6,500 millones para el funcionamiento de todo el gobierno.

Los bonistas buitres son especuladores de los mercados que, a sabiendas que Puerto Rico se encontraba camino a la insolvencia, decidieron comprar sus bonos. Perdieron la apuesta y desean que tú la pagues. Es como ir a un casino, perder y pretender que el crupier pague lo apostado. Los buitres que compraron a cuarenta centavos el dólar, ahora duplican su ganancia con una retribución de ochenta centavos por cada dólar. Ellos ganan con esta transacción.

¿Quiénes pierden? Los bonistas bonafide de Puerto Rico que compraron bonos y tuvieron que vender a bajo precio; los bonistas puertorriqueños no asegurados y pierde el pueblo de Puerto Rico con una deuda mayor que la descrita por el gobernador.

Las consecuencias sociales del Plan de Ajuste son devastadoras: mayor empobrecimiento, menos servicios, peor calidad de vida y aumento en la emigración. Si a esto se le suma la reducción del retiro de maestros, que a aquellos que tendrían una pensión de $1,500 mensuales se le reduce a $400, se trata de una condena de pobreza a perpetuidad. Será mucho más difícil el reclutamiento de maestros, lo cual afectará gravemente la preparación académica de presentes y futuras generaciones.

Quedan pendientes la restructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Carreteras. Ambas apuntan a más costos del consumo energético y peajes.

El gobernador dijo que ésta es “Una nueva Era”, cuando realmente se trata de “Una nueva crisis”.