Pueblo vs. Junta: ¿qué hacer?

“Una de las perversidades de la Ley PROMESA es que nosotros pagamos el presupuesto de la Junta. Mientras el país está en quiebra y en depresión económica consultores y abogados se enriquecen”

xavier.araujo@gfrmedia.com
La Junta de Control Fiscal, impuesta por el Congreso en el ejercicio de sus poderes plenarios sobre Puerto Rico, es un ente antidemocrático. Personas que no son electas por los puertorriqueños toman las determinaciones sobre presupuesto, política fiscal y asuntos de gobierno.La Junta ha gastado un billón de dólares en consultores y abogados. Un billón de dólares sin otro resultado que sea empobrecernos, afectar nuestros derechos laborales y limitar servicios del gobierno. Un billón de dólares que pagas tú.

Una de las perversidades de la Ley PROMESA es que nosotros pagamos el presupuesto de la Junta. Mientras el país está en quiebra y en depresión económica consultores y abogados se enriquecen. La pobreza de muchos, enriquece a unos pocos. La Junta ha sido incapaz de favorecer al país. Como senador presenté varias medidas para combatirla. Presenté legislación para ordenar al Departamento de Hacienda a no desembolsar tu dinero a la Junta. El Senado la aprobó por unanimidad. La Cámara de Representantes no estuvo a la altura del momento histórico.

La pregunta es: ¿qué hacemos?.

Lo primero es reconocer lo evidente: la deuda pública es impagable y la Junta de Control impuesta por el Congreso pretende obligar a pagarla sin consideración del bienestar del pueblo puertorriqueño.

Lo segundo es enfrentar que la raíz de esta crisis es la relación colonial existente que se manifiesta en las decisiones fundamentales sobre nuestra economía: (1) el elevado costo de la transportación marítima de mercancías hacia los Estados Unidos determinado por la legislación federal de cabotaje; (2) la necesidad de proteger nuestra agricultura e industrias con potencial de desarrollo limitadas por la cláusula de comercio interestatal de la constitución norteamericana; y (3) la incapacidad de negociar acuerdos comerciales, contributivos y financieros con otros países y organismos internacionales determinada por la cláusula territorial.

La deuda pública se incurrió para sostener la imagen del gobierno federal cuando ya la situación económica del país hacía insostenible la relación colonial. Además de ese proceso de endeudamiento se multiplicaron los casos de corrupción en el gobierno central, consecuencia del inversionismo político.

Mi propuesta: “Declarar que la deuda pública es impagable, y cesar de inmediato todo pago proyectado, hasta tanto el gobierno de los Estados Unidos, los acreedores y las entidades que les representan, accedan a una justa reestructuración de la misma, como parte de un acuerdo mayor para ponerle fin al régimen colonial y poner en marcha un programa de indemnización ydesarrollo económico libre de toda tutela colonial”.

La Junta lo dijo: “Indeed, the most important and critical structural reform for Puerto Rico is a permanent solution to its territorial status”. Antonio Weiss, uno de los arquitectos de PROMESA, y Brad Setser escribieron en la revista Foreign Affairs: “At its core, status is a question of ideology and identity. Resolving Puerto Rico’s status …it is, however, a critical step…”.

El liderato pepedé y penepé en la Cámara, el Senado y el Ejecutivo han decidido partir pan con la Junta. Se les han sentado en la falda. Es una manera de encubrir su responsabilidad en la quiebra. Ignoran atender el estatus y se benefician del régimen colonial.

Propongo, además de atender el tema de estatus, crear un ente independiente para investigar y encausar civil y criminalmente a los que en el gobierno de Puerto Rico comprometieron fiscalmente al país. Hay que crear un tribunal de verdad y justicia. ¡Que paguen lo responsables! Solamente así, Puerto Rico superará su crisis fiscal y no se repetirá el abuso.