REFORMA GUBERNAMENTAL

 

 

  • INTRODUCCIÓN

En el Preámbulo de la Constitución del Estado Libre Asociado se declara:

“Que entendemos por sistema democrático aquel donde la voluntad del pueblo es la fuente del poder público, donde el orden político está subordinado a los derechos del hombre, y donde se asegura la libre participación del ciudadano en las decisiones colectivas”. ​​ 

Tal declaración, sin embargo, es absolutamente engañosa: la constitución que hoy rige en Puerto Rico no es producto del ejercicio de la voluntad soberana del Pueblo, sino del dominio colonial que desde el 1898 los Estados Unidos ejercen sobre nuestro país. ​​ Así lo reconoció, en una detallada discusión, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en la Opinión emitida en el caso de​​ Commonwealth​​ v.​​ Sánchez Valle, 136 S. Ct. 1863 (2016), al establecer sin ambages que fue "el Congreso quien autorizó y aprobó la Constitución" de Puerto Rico:​​ 

Congress, in Public Law 600, authorized Puerto Rico's constitution-making process in the first instance; the people of a territory could not legally have initiated that process on their own. See,​​ e.g., Simms v. Simms,​​ 175 U.S. 162, 168, 20 S.Ct. 58, 44 L.Ed. 115 (1899). And Congress, in later legislation, both amended the draft charter and gave it the indispensable stamp of approval; popular ratification, however meaningful, could not have turned the convention's handiwork into law. Put simply, Congress conferred the authority to create the Puerto Rico Constitution...​​ 

El valor de la estructura constitucional del ELA es tan escaso, que, tal y como se consignó en el Informe publicado en el año 2005 por el Grupo de Trabajo sobre el estatus de Puerto Rico adscrito a la Casa Blanca, el gobierno federal puede incluso​​ “ceder el territorio a otra nación”.​​ 

La imposición de la ley conocida como PROMESA durante la presidencia de Barack Obama certificó la inferioridad política del gobierno de Puerto Rico, al colocar al país bajo un estado de sindicatura en el cual la Junta de Control Fiscal impuesta por el gobierno de los Estados Unidos usurpó el limitado espacio de gobierno local que admite la constitución del ELA. ​​ Aprobada con el alegado fin de promover la reestructuración de la​​ impagable deuda pública, P.R.O.M.E.S.A.​​ y los procedimientos ejecutados a su amparo han resultado en la imposición de medidas de austeridad como el cierre de escuelas y la limitación de derechos de las trabajadoras y trabajadores, así como en acuerdos de reestructuración extremadamente onerosos para el país. ​​ 

La insuficiencia de P.R.O.M.E.S.A.​​ para atender la compleja situación de Puerto Rico ha resultado ser tan evidente​​ que,​​ a mediados del año 2019, Antonio Weiss y Brad Setser​​ participantes ambos de la redacción de PROMESA​​ publicaron conjuntamente un artículo en la revista​​ Foreign Affairs​​ en el que urgen a una​​ revisión de la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos:​​ 

​​ "The status quo cannot continue. The United States’ continued economic and political neglect of the island is a stain on the country’s moral authority. Puerto Rico did not choose to enter the United States—it was conquered in an expansionist war, and its wishes have been ignored ever since.​​ For the United States to remain a voice for democracy and self-determination on the international stage, it must end its unjust colonial relationship with Puerto Rico and the damaging purgatory that the island’s current status represents.

The decision over the island’s future should be left to the people of Puerto Rico themselves, as it is a question not just of economics but also of identity, heritage, and values. But however complex the process, the U.S. government must commit to working with Puerto Rico to resolve the island’s status once and for all. Americans on the mainland must stand ready to support whatever choice the Puerto Rican people make—whether that’s revising the current commonwealth status, becoming an independent nation, or joining the federal union as the 51st U.S. state.

.....

At its core, status is a question of ideology and identity. Resolving Puerto Rico’s status is not an alternative to restructuring its debt or revitalizing its economy. It is, however, a critical step in allowing Puerto Rico to chart a sustainable long-term​​ economic​​ course. And for the United States,​​ which has ruled Puerto Rico as a colony for over a century, giving the people of Puerto Rico the chance to decide their own future is not only a wise policy decision—it is, for a country that prides itself as the leader of the free world, a moral imperative."​​ (Énfasis suplido)

La desidia con que los Estados Unidos han atendido el tema de Puerto Rico​​ –incluyendo su negativa a actuar ante la indubitada expresión electoral del año 2012 reclamando el fin del estatus actual–​​ ha hecho manifiesto que sólo una confrontación generada desde el Pueblo les obligará a asumir el​​ “imperativo moral”​​ del que hablan Weiss y Setser.

A nivel internacional, durante treinta y ocho años el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas ha atendido el tema de Puerto Rico, y en cada sesión ha reafirmado el derecho de los puertorriqueños a su libre determinación e independencia, exhortando a los Estados Unidos, según dispone su más reciente decisión,​​ “a asumir su responsabilidad de promover un proceso que permita que el pueblo de Puerto Rico ejerza plenamente su derecho inalienable a la libre determinación e independencia, de conformidad y en pleno cumplimiento con la resolución 1514(XV) de la Asamblea General y las resoluciones y decisiones del Comité Especial relativas a Puerto Rico, y que pueda, de manera soberana, tomar determinaciones para atender sus urgentes necesidades económicas y sociales...”.​​ 

Los eventos del verano de 2019 han transformado nuestro país. ​​ El reclamo que ha creado un nuevo escenario político en Puerto Rico va mucho más allá de la renuncia de un funcionario electo. A través de asambleas de pueblo, en las redes sociales, en foros públicos, en las manifestaciones en las calles, ha aflorado la exigencia de un nuevo ordenamiento que nazca de la voluntad soberana del Pueblo puertorriqueño.​​ El propio ordenamiento colonial, sin embargo, clausura las vías jurídicas por las cuales puede transitar ese reclamo. La sección 3 del Artículo VII de la Constitución del ELA impide que se aprueben enmiendas constitucionales incompatibles con las disposiciones de la Ley de Relaciones Federales y la Ley Pública 600, que establecen la naturaleza colonial de nuestra relación con los Estados Unidos. ​​ Es el recordatorio permanente de que la constitución vigente no surgió de "la voluntad del pueblo", sino del dominio imperial e inmoral de los Estados Unidos.

 

  • ASAMBLEA PARA UN NUEVO PUERTO RICO (ANPUR)1

Proponemos pues,​​ que,​​ a manera de cauce para las muchas iniciativas surgidas del Pueblo, se convoque a la Asamblea para un Nuevo Puerto Rico (ANPuR) con la encomienda de iniciar un proceso que desemboque en la revisión de nuestra relación con los Estados Unidos y en la redacción de un texto que sirva de fundamento a una nueva Constitución. ​​ La convocatoria a esta Asamblea debe garantizar la más amplia participación de todos los​​ sectores de la sociedad puertorriqueña, separada del control ejercido por los partidos políticos.

Los trabajos de la ANPuR relacionados con la redacción y propuesta del texto para una nueva constitución, para la posterior ratificación o rechazo del Pueblo, deben estar dirigidos a considerar todos aquellos reclamos que estimen que deben ser parte de un nuevo proceso constitucional. Sin que se entienda como una limitación, se proponen varios asuntos para que sean considerados.

En primer lugar, los sucesos recientes han activado el reclamo para una revisión profunda de la estructura gubernamental. Los cuestionamientos a la legitimidad de gobiernos electos sin una mayoría de votos deben llevar a la consideración de una segunda vuelta electoral. De la misma forma, la disponibilidad de un referéndum revocatorio para el cargo del primer o primera ejecutiva no sólo garantizaría una vigilancia democrática continua, sino que actuaría como un disuasivo para los que pretendan faltar a la dedicación y honradez que exigen los cargos públicos. La amarga experiencia tras la dimisión de Ricardo Rosselló es un llamado a un mecanismo sucesoral que no esté sujeto a las intrigas internas de un partido; esa función la cumpliría una elección especial abierta a todo el electorado.​​ 

El proceso electoral debe ampliarse a otras formas de participación, como las coaliciones o candidaturas coligadas. El fallido intento de impulsar un sistema unicameral debe ser retomado, junto con una propuesta que permita una representación más justa y proporcional en el poder legislativo. En ese renglón, y reconociendo el criminal vínculo entre aportaciones privadas a campañas políticas y la corrupción con fondos públicos, debe establecerse un sistema de financiamiento de campañas que destierre al inversionismo político.​​ 

El imperfecto sistema de nombramiento de autoridades judiciales​​ y fiscales​​ ha convertido al tercer poder constitucional en caldo de cultivo para el partidismo. Urge la adopción de una carrera judicial que erradique las influencias perniciosas en la administración de la justicia​​ y permita el nombramiento de jueces y fiscales a base de competencias,​​ desempeño​​ y trasfondo​​ jurídico,​​ con el insumo de la Academia y amplios sectores de la comunidad​​ legal.

La angustiosa situación provocada por la impagable deuda pública debe ser un llamado a la adopción de nuevos principios en el ámbito fiscal, tales como la eliminación de la prelación de la deuda sobre los gastos para servicios esenciales (Sección 8 del Artículo 6); la fijación de responsabilidades por deuda extraconstitucional; la auditoría continua de la deuda que se​​ emita; la concesión de nuevas facultades a la Oficina de la Contralora para el inicio de procesos criminales, y la transparencia total en los ingresos y gastos públicos.

 Tras sesenta y siete años de vigencia, la Constitución del ELA también ha resultado ser insuficiente aun en aquellos elementos que a mediados del siglo pasado podían parecer de avanzada, como la Carta de Derechos contenida en el Artículo II. ​​ La “factura más ancha” de la Constitución, y el reconocimiento expreso del derecho a la intimidad no ha servido, por ejemplo, para el reconocimiento de la equidad a las comunidades LGBTTIQ+. ​​ La protección contra las expropiaciones injustificadas no ha detenido que se arrasen comunidades completas, como San Mateo de los Cangrejos, en beneficio de poderosos intereses privados, ni la sección 14 del Artículo 6 ha impedido el control​​ de facto​​ por parte de corporaciones extranjeras de extensiones de tierra que exceden los 500 acres. La política pública para la "más eficaz conservación" de nuestros recursos naturales declarada en la Sección 19 del Artículo VI es letra muerta, en detrimento no solo del ambiente, sino de las comunidades pobres y marginadas. De la misma manera, ni las protecciones a la intimidad y contra registros y allanamientos, ni sus interpretaciones jurisprudenciales (como la que declaró inconstitucional la práctica del carpeteo), responden ya a los tiempos y a los avances tecnológicos que permiten la interferencia indebida del Estado con las libertades de las que deben gozar las ciudadanas y los ciudadanos. En línea con un acercamiento más​​ contemporáneo​​ y progresista, el acceso libre a la información, tanto por la vía tecnológica como por la tradicional, debería gozar de la más alta protección.​​ 

La representación de las mujeres en las estructuras gubernamentales puede garantizarse mediante mecanismos que promuevan la paridad, tomando como ejemplo la experiencia de otras jurisdicciones.​​ 

En reivindicación de la eliminación por parte del Congreso de los Estados Unidos de la sección 20 del borrador elaborado por la Convención del 1952, deben ser parte de nuestra ley suprema los derechos que allí se consignaron. De la misma manera, deben integrarse las más​​ actualizadas​​ concepciones de derechos humanos aceptados internacionalmente, entre los que están los derechos de carácter civil, económico, político, social y cultural.

La convocatoria a la ANPuR debe ser la invitación a una conversación amplia e inclusiva, que nos permita también, con una sola voz, reclamar a los Estados Unidos que asuma su responsabilidad histórica como potencia colonial. Cada día es más evidente que no avanzaremos en la materialización​​ de las aspiraciones de nuestro Pueblo mientras continuemos en una situación de inferioridad política ante los Estados Unidos. Para tomar una decisión informada sobre una nueva relación con los Estados Unidos, las puertorriqueñas y los puertorriqueños deben tener ante sí alternativas viables, por lo cual los trabajos de la ANPuR en lo relativo a dicho asunto deben estar dirigidos a elaborar propuestas sobre alternativas no coloniales y no territoriales para una nueva relación entre los Estados Unidos y Puerto Rico. El inicio de una acción en reclamo del poder soberano del Pueblo de Puerto Rico constituirá además un emplazamiento a los Estados Unidos ante el mundo entero.

Estas y muchas otras consideraciones deben ser abordadas por la Asamblea para un Nuevo Puerto Rico como un cuerpo deliberativo que responda al poder soberano del Pueblo, por encima de las limitaciones que por más de un siglo nos ha impuesto el ordenamiento colonial. ​​ 

 

  • ELECCIÓN ESPECIAL PARA ELEGIR A UN(A) NUEVO(A) GOBERNADOR(A)2​​ 

 

 La situación que se suscitó en Puerto Rico en el verano del año 2019 ha generado importantes cuestionamientos sobre las disposiciones constitucionales relativas a la posición de gobernador o gobernadora. ​​ Desde que Ricardo Rosselló, respondiendo a las multitudinarias manifestaciones que exigían su dimisión, notificó su intención de renunciar a la gobernación, el país sufrió una prolongada incertidumbre respecto a quién debía llenar la vacante. La juramentación del cargo por el Lcdo. Pedro Pierluisi fue denunciada inmediatamente por respetados juristas como una actuación ilegítima, derivada de una interpretación equivocada de la Constitución. Así lo determinó poco después el Tribunal Supremo de forma unánime en​​ Senado de Puerto Rico v. Gobierno de Puerto Rico, 203 D.P.R. ___ (2019), 2019 T.S.P.R. 138.​​ La Constitución del Estado Libre Asociado establece que en caso de vacante en el cargo de Gobernador​​ dicho cargo pasará al Secretario de Estado, quien lo desempeñará por el resto del término y hasta que un nuevo Gobernador sea electo y tome posesión. En ausencia de un Secretario de Estado en propiedad, se activa el orden sucesoral dispuesto en la Ley 7 del 24 de julio de 1952, según enmendada, que ubica en la línea sucesoral a los secretarios de Justicia, Hacienda, Educación, Trabajo y Recursos Humanos, Transportación y Obras Públicas, Desarrollo Económico y Comercio, Salud y Agricultura. En la Exposición de Motivos de la Ley 7-2005, que enmendó el texto aprobado en el 1952, se señaló que los cambios propuestos atenderían​​ la situación​​ hasta tanto el Pueblo de Puerto Rico disponga un método alterno de sucesión. Si algo ha quedado claro de la experiencia que como país hemos atravesado en tiempos recientes, es que llegó el momento de asumir esa encomienda, de forma tal que la sucesión en caso de vacante en el cargo de Gobernador o Gobernadora se determine de forma democrática a través de una elección especial abierta. Solo de esta manera la posición de primer o primera ejecutiva responderá a la voluntad del Pueblo y no a las animosidades, negociaciones o luchas de poder dentro del partido del Gobernador renunciante. Tal es, pues, una de las enmiendas constitucionales que debe someterse a la consideración de Pueblo de Puerto Rico.

 

  • SEGUNDA VUELTA ELECTORAL

 

Además del tema de la sucesión, se ha planteado la urgencia de atender el problema de legitimidad que representa el que la Constitución vigente permita que asuma la gobernación un candidato que no cuenta con el respaldo de la mayoría de los votantes. La Sección 4 del Artículo VI dispone que​​ “todo funcionario popular será elegido por voto directo y se declarará electo aquel candidato para un cargo que obtenga un mayor número de votos que el obtenido por cualquiera de los demás candidatos para el mismo cargo”. El último gobernador electo ocupó el cargo contando con un respaldo electoral de apenas un 41.8% de los votos. ​​ Esto quiere decir que un 58.2% de las personas que acudieron a votar no dieron su consentimiento a ser gobernadas por él. Para corregir esa anomalía que socava la legitimidad de un gobernante, se propone que se someta al país una enmienda a la constitución que provea para una Segunda Vuelta electoral.​​ Dicho mecanismo se activará cuando se den casos como el de las elecciones de 2016 en las que el candidato victorioso no contó con una mayoría absoluta del respaldo electoral. La Segunda Vuelta se celebraría antes de culminado el año electoral y consistiría de una nueva elección entre los dos candidatos o candidatas que ocuparon el primero y el segundo lugar en la contienda electoral en la candidatura a la gobernación.

 

  • REFERÉNDUM REVOCATORIO

 

Nuestro ordenamiento tampoco contempla un mecanismo para que cuando existan circunstancias que inhabiliten a un gobernador o gobernadora para continuar en su cargo, sea la ciudadanía quien determine que el mandato debe llegar a su fin. Atenta contra el principio de auténtica democracia participativa el que un gobernador cuya continuación en el cargo es ya insostenible, continúe ocupando su puesto a su único arbitrio. Es​​ por ello que cuando se den circunstancias en las que un gobernante pueda estar implicado en la comisión de delitos graves, o de delitos menos graves que impliquen depravación moral, así como en otras circunstancias apremiantes, se debe activar el mecanismo para celebrar un referéndum revocatorio que permita remover de su cargo a quien, según la voluntad expresada por el Pueblo en dicho referéndum, deba cesar en sus funciones como gobernador o gobernadora.​​ 

 La presente propuesta se somete al amparo del Artículo 7 de la Constitución del Estado Libre Asociado, denunciando que dicho documento, producto del dominio colonial de los Estados Unidos sobre Puerto Rico, no constituye una expresión soberana de nuestro pueblo. Así lo admitió el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en la opinión emitida en​​ Puerto Rico v. Sánchez Valle, et al., 136 S. Ct. 1863 (2016), y lo reiteró el Congreso de los Estados Unidos al aprobar el​​ Puerto Rico Oversight Management Emergency Act​​ (PROMESA), estatuto que mermó aún más los limitados poderes del gobierno colonial en Puerto Rico. ​​ Se reconoce, sin embargo, que en el marco de la situación por la que atraviesa nuestro país, no debemos dejar de recurrir a aquellos mecanismos disponibles para atender con premura asuntos puntuales, tal y como en el pasado se intentó convocar al país para que aprobara la transición del actual sistema legislativo bicameral a uno unicameral. Esa, y otras propuestas son aún una tarea pendiente del Pueblo de Puerto Rico, que deberán ser atendidas en un proceso mucho más abarcador e inclusivo, no sometido a las limitaciones de la constitución colonial que no solo reduce a tres el número de enmiendas que pueden someterse a la consideración del electorado, sino que impide que se aborde el fundamental problema de nuestra relación con Estados Unidos.

 

  • MECANISMOS INMEDIATOS DE REFORMA GUBERNAMENTAL

Las enmiendas constitucionales, según propuestas,​​ proveerán seguridades jurídicas superiores a las de las leyes​​ sobre temas muy puntuales.​​ ​​ No obstante, reconociendo la complejidad de​​ llevar​​ dichos​​ procedimientos​​ a cumplimiento,​​ así como la necesidad de proveer al pueblo herramientas inmediatas de fiscalización,​​ proponemos también una serie de cambios al ordenamiento legal, tanto en la legislación como en la reglamentación y las prácticas administrativas, cuya efectividad puede logarse a corto plazo.​​ Si los instrumentos de participación y de fiscalización acompañan al Pueblo en y hacia las tres ramas constitucionales de gobierno, y al resto de sus dependencias, se puede robustecer la eficacia de las leyes mismas, la reglamentación y las prácticas que garanticen los principios y valores de gobernanza, aspiración democrática, equidad y Justicia.

 

Los componentes de gobernanza democrática se desarrollan longitudinalmente en un proceso siendo a un mismo tiempo, proyecto, programa, modelo y estructura, todos los cuales se articulan en varias estrategias complementarias. La participación ciudadana, la rendición de cuentas y la transparencia; la Ética Gubernamental, la construcción y desarrollo del mérito como principio rector de la Administración; y las medidas para atajar la impunidad, el enriquecimiento ilícito, y el inversionismo político conforman parte de ese conjunto de estrategias integrables.​​ Su examen sucinto por la densidad de contenidos y por hallarse en un programa gubernativo donde cada partícula tiene que ser precisa y puntual, invita a miradas integradoras​​ y,​​ sobre todo, críticas.

 

  • PARTICIPACIÓN CIUDADANA

 

  • Participación en foros legislativos

El PIP se compromete a promover e implantar una participación ciudadana exponencial en todas las instancias legislativas. Ello comporta la participación de representantes del interés público en cada comisión legislativa con plenos derechos como miembros en propiedad. El método de selección de estos representantes del interés público mantendrá el equilibrio entre mayoría y minorías y será determinado por el reglamento de cada cuerpo legislativo. Para el caso de las comisiones conjuntas de Cámara y Senado se establecerá mediante resolución concurrente el número y forma de selección, en la que siempre estarán representados los representantes del interés público escogidos o designados por los Portavoces de Minoría.​​ 

  

Cada Comisión contará con al menos un Comité de Asesoramiento Técnico integrado por ciudadanos probos designados por consenso del presidente de cada comisión y sus portavoces y legisladores independientes cuando los hubiere.​​ Asimismo,​​ podrán nombrarse comités asesores técnicos adicionales para asuntos específicos o para la evaluación de proyectos e investigaciones especiales. Comisiones, comités asesores técnicos.

 

Los representantes del interés público en comisión o en los comités de asesoramiento técnico tendrán acceso y podrán requerir acceso a toda información y documentación pública. Podrán asimismo participar e interrogar en vistas públicas y en aquellas sesiones ejecutivas cuando así lo determine el reglamento de comisión, o aún por acuerdo de una mayoría de​​ sus​​ miembros. Los Comités Asesores Técnicos podrán presentar informes por escrito al pleno de la Comisión e incluso al cuerpo legislativo.​​ 

  

Existirán paneles especiales ciudadanos que podrán recibir información a nombre de la Comisión, siempre que se invite a participar a todos sus miembros, y que se mantenga un balance representativo de mayoría y minoría de cada panel. Estos paneles especiales ejercerán funciones estrictamente asesoras para las Comisiones legislativas y para el pleno.

  • Participación ciudadana en foros administrativos

  

El PIP promoverá​​ la institución del jurado administrativo.​​ Éste actuará​​ como un ente adjudicador de hechos esenciales para el reconocimiento, la limitación o la adjudicación de un derecho por parte de un juez administrativo o la autoridad nominadora.

 

No existirá la confidencialidad de expediente en ninguna etapa conducente a la otorgación de cualquier licencia, franquicia, derecho de explotación u operación; ni luego de su concesión, pudiendo ser revocada la misma mediante un procedimiento adversativo de impugnación que será evaluado por el jurado administrativo.​​ 

 

Ninguna licencia, franquicia, derecho de explotación u operación podrá ser concedida permanentemente, y toda concesión de este tipo será revisada mandatoriamente al menos cada cinco años para evaluar el beneficio obtenido a favor del Bien Común, y cualquier provecho obtenido por el gobierno, vistos los beneficios del concesionario. Si de esa revisión resultare un enriquecimiento irrazonable,​​ la​​ concesión podrá ser modificada junto con sus términos. Los hechos relativos a esta evaluación los realizará​​ el jurado administrativo​​ en un procedimiento adversativo o de avenencia en el cual el​​ Estado será parte.​​ 

 

Los procesos adjudicativos en las agencias públicas estarán abiertos a​​ inspección documental pública, serán públicos y se les dará amplia publicidad. Para fines de esta innovación toda compra o contratación en exceso de $5,000 dólares estará sujeta a esta misma inspección ciudadana.

     

Se crearán​​ Comités Evaluadores​​ Ciudadanos​​ Permanentes​​ integrados por ciudadanos escogidos de la misma forma que los jurados administrativos, quienes ejercerán por términos​​ escalonados de cinco años para someter a​​ evaluación​​ todo programa gubernativo. Estos comités podrán celebrar vistas públicas, exigir la comparecencia de jefes de agencia y funcionarios, contratistas y proveedores, entre otros. Rendirán informes periódicos a la Asamblea Legislativa y a la ciudadanía en los medios electrónicos creados para esos fines dentro de una visión de apertura a la información gubernativa y rendición de cuentas. Podrán y deberán referir a los organismos fiscalizadores para el procesamiento correspondiente los hallazgos significativos.

 

Los​​ Comités Evaluadores Ciudadanos Permanentes​​ supervisarán además las funciones de la Alta Gerencia Gubernativa según se defina ésta por ley, lo que incluirá a todos los jefes y subjefes de agencia; administradores,​​ subadministradores​​ y administradores regionales, quienes deberán presentar informes​​ trimestrales​​ por escrito y comparecer al menos dos veces al año a rendir cuentas ante los Comités Evaluadores Permanentes.

 

 Ninguna​​ propuesta de Reglamentos o de sus enmiendas​​ podrá iniciarse sin que pase por la evaluación preliminar del​​ Comité Evaluador Ciudadano Permanente correspondiente.​​ Éste podrá constituirse en un​​ Comité supervisor de propuestas de privatización​​ en su respectiva agencia, corporación pública o municipio o instar a la creación del mismo en iguales términos participativos ciudadanos.

 

Se constituirán en los entes gubernativos en que sea menester, un​​ Comité evaluador de enajenación patrimonial pública.​​ Sus funciones, facultades y forma de garantizar la participación ciudadana seré establecida por ley.

  

Se constituirá además​​ un Comité de Supervisión de la Hacienda Pública​​ del cual serán miembros, entre otros, los representantes del interés público en las comisiones de Hacienda de la Asamblea Legislativa. Velarán por el sano cumplimiento de los deberes de fiducia y por la equidad contributiva.

  • Participación en los gobiernos municipales

 

En las Comisiones de la Legislatura Municipal cuyos trabajos serán públicos y tendrán amplitud de apertura y rendición de cuentas, habrá representantes del interés público.

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Independientes de la Legislatura Municipal se constituirá en cada municipio un​​ Comité Ciudadano evaluador de los departamentos municipales, de su necesidad y ejecutorias. Ese Comité revisará además, el gasto y el rendimiento de los programas municipales.

 

Se elegirá a los legisladores municipales en elecciones separadas al​​ alcalde. Se garantizará en cada legislatura municipal representación geográfica adecuada en la medida de lo posible de cada barrio. No se certificará a más de un legislador municipal de un mismo partido del mismo barrio. Si se postulase más de uno, y resultaren electos, no se certificará a otro que no sea quien haya llegado primero quedando eliminados los restantes del mismo partido.

 

  • Participación en Corporaciones Públicas y organismos análogos

  

En toda corporación pública u organismo análogo existente o que se crease estará vigente el principio de que toda Junta de Directores o ente análogo contará con al menos la mitad de los miembros menos uno electos por la ciudadanía.

 

La política pública referente a las corporaciones públicas se establecerá por ley.​​ Ni el gobernador, ni la Junta de directores dictarán política pública en las corporaciones públicas, salvo que estén apoyadas por la totalidad de los miembros ciudadanos.

 

  • RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA

 

  • Principio de máxima publicidad y de presunción de publicidad

 

Se establecerá por ley el principio de máxima publicidad y la presunción de publicidad de todo acto, transacción, proceso o determinación gubernativa.

 

  • Data hecha pública en tiempo real

 

La data recopilada por el gobierno para fines de determinar política pública o dirección de los programas no sólo es pública, sino que tendrá que estar disponible en tiempo real y de manera gratuita.

Toda reunión adjudicativa gubernativa será pública. Se promoverá de manera robusta la supresión de las normas de secretividad, limitándolas a​​ procesos investigativos penales. Pero aún en estos procesos existirá la obligación de quien reclame secretividad de informar cada tres meses sobre los mismos. En ningún caso se podrá referir a investigación penal, para poder invocar secretividad, una vez un organismo público, especialmente ciudadano haya reclamado la información.

 

La evasión de cumplir​​ con la​​ obligación​​ de hacer pública la data y la información en tiempo real conllevará responsabilidad del funcionario o del ciudadano privado que la provocare.

 

No será oponible como excusa o pretexto para demorar la entrega y disponibilidad de data en tiempo real el hecho de que un tercero o un ente privado sea custodio de la información. Si la información es generada gracias a la subvención o autorización de parte del​​ Estado, se convertirá en pública y accesible la información, la documentación y la data.​​ 

 

  La secretividad del sumario investigativo en ningún caso durará más de 10 años, sin que ello limite la capacidad de seguir investigando casos que no estén prescritos.

 

  • ÉTICA GUBERNAMENTAL

Creación del cargo del Fiscal de la​​ Ética​​ Gubernamental

 

Se crea el cargo de Fiscal de la​​ Ética​​ Gubernamental,​​ quien tendrá a cargo el procesamiento de casos judiciales y administrativos contra funcionarios incursos, ciudadanos y terceros partícipes.​​ Este cargo fungirá como un ente autónomo desligado de las ramas políticas y se​​ seleccionará​​ a base de los mecanismos y requisitos establecidos para el​​ nombramiento de jueces y fiscales bajo la Carrera Judicial descrita en la Sección II de este capítulo.

 

Se autoriza el nombramiento de fiscales auxiliares​​ de la​​ Ética​​ Gubernamental,​​ y de un robusto​​ Cuerpo de investigadores de la​​ Ética​​ Gubernamental,​​ siguiendo las mismas normativas de nombramiento descritas para el​​ Fiscal de la Ética Gubernamental.​​ 

 

Se revisarán y crearán nuevas modalidades de delitos contra la Ética Gubernamental, junto a robustos instrumentos, procedimientos y normativas para la confiscación y la imposición de punitivas medidas severas por violaciones éticas.

 

Se reformularán los programas de educación ética cónsonos a las realidades del país.

 

 

  • MEDIDAS PARA ATAJAR LA IMPUNIDAD, EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Y EL INVERSIONISMO POLÍTICO

 

  • Aparte de​​ prohibiciones contractuales permanentes contra el inversionista político convicto y sus testaferros​​ en acciones civiles independientes, es necesario atajar la impunidad con​​ robustas medidas confiscatorias y despojar del estatus de servidor público​​ a quienes colaboran con acciones fraudulentas contra el erario y los recursos públicos.

 

  • Hay que extirpar la presencia de agentes residentes o​​ representantes comerciales de intereses privados dentro de las agencias​​ creando gradaciones más severas de delitos y tipificando nuevas modalidades. ​​ 

 

  • Se impone​​ una reducción dramática del personal de confianza y claras exigencias de preparación y experiencia​​ que excedan posiciones comparables en el mundo privado.

 

  • Prohibición de participar en actividades políticas o de recaudación​​ 

Se impone​​ que,​​ a todo jefe o directivo de departamento, agencia, región, división, subdivisión, miembro de Junta, a sus empleados de confianza, y a los contratistas gubernamentales se les​​ prohíbe​​ participar en actividades políticas de recaudación.

 

  • Un estricto control de compras​​ por más de $20,000 dólares​​ debe existir. Se derogarán las leyes que centralizan la compra de​​ bienes y​​ la contratación de servicios. En todo ente gubernativo operará un comité ciudadano para el monitoreo y fiscalización de compras y contrataciones.

 

  • Se creará mediante ley​​ una legitimación activa especial​​ para promover recursos extraordinarios contra violaciones al principio de utilizar fondos y recursos públicos para fin público y sólo con autoridad de ley.

 

  • Se declararán​​ Imprescriptibles las acciones civiles y administrativas para recuperar fondos o recursos públicos mal habidos,​​ o que sean producto del inversionismo político, y para decretar la interdicción contractual pública permanente.

 

  • Se establecerán​​ estrictos límites​​ legales y constitucionales​​ a la concesión de indultos o perdones​​ donde el convicto se haya aprovechado del fisco, o haya violentado, o provocado que se quebrantare un deber de fiducia.

 

  • Se legislará una​​ prohibición a ocupar cargo público electivo a quien hubiere renunciado a un cargo público electivo bajo denuncias o actos de corrupción.​​ 

 

  • Toda renuncia a un cargo electivo por eventos de corrupción acarreará que​​ la vacante tenga que llenarse en una elección especial en la que participen todos los electores​​ del municipio, distrito o esfera de la que se trate.

 

  • Se establecerá​​ una compensación de un 33%​​ de lo recuperado para el delator en el caso de delitos contra el erario, la integridad y la función pública, aún cuando sea coautor, disponiéndose que su cooperación haya tenido que ser instrumental en la convicción y recuperación o ahorro de los recursos.

 

  • Se dispondrá por ley de​​ un ente e instancia procesal para el​​ avalúo y recuperación de daños especiales ambientales y patrimoniales​​ diversos, para los casos en que se haya obtenido de manera ilícita un permiso o licencia, o​​ teniéndolo​​ que conseguir se haya operado sin autorización, o se hubiesen violentado sus términos.

 

 

  • MUJERES Y ASUNTOS DE GÉNERO

  • Diseñar y establecer un organismo que sustituya a la Oficina de la Procuradora de la Mujer para proponer políticas públicas, educar, reglamentar y fiscalizar el marco operacional del Estado sobre asuntos de género de manera inclusiva e integral.

  • Establecer el Registro Maestro de Estadísticas con el fin de validar los tipos y cantidades de casos reportados por la Policía de Puerto Rico, el Instituto de Ciencias Forenses, Departamento de la Familia,​​ Administración de Tribunales, entre otras dependencias. El fin primordial es contar con datos que permitan desarrollar un manejo adecuado de política pública que redunde en una reducción y eliminación de casos en los que las mujeres son víctimas de violencia, maltrato, o discrimen.

 

  • Reorganizar y renovar los protocolos existentes entre instrumentalidades públicas, centros de salud y ONGs para la prevención, atención, investigación y manejo de casos de agresión sexual y violación, promoviendo la efectividad en el manejo de dichos casos. Extender los servicios sanitarios disponibles para víctimas de agresiones sexuales y de violencia doméstica, con personal especialmente adiestrado y que funcione en sintonía con la asistencia sicológica, legal y social que requieren estas mujeres.

 

  • Proveer adiestramiento adecuado a todo el personal de Policía que interviene en la atención y manejo de querellas de violencia doméstica, proveyendo, además de cursos básicos de la Academia, un programa de educación continua.

 

  • Asignar recursos suficientes a las organizaciones no gubernamentales que brindan servicios de orientación, asistencia y albergue a mujeres víctimas de violencia doméstica y a sus hijos e hijas.

 

  • Garantizar que toda legislación, orden ejecutiva o decisión gubernamental, incluya la perspectiva de género y raza.​​ 

  • Documentar las incidencias de discrimen por género, origen nacional​​ y raza en todas las instancias del quehacer gubernamental, atendiendo los señalamientos sobre empleo por género, estructuras salariales, hostigamiento sexual, efectividad de los servicios que ofrecen las agencias según las realidades de los usuarios y usuarias.

  • Contribuir a sensibilizar la opinión pública sobre las causas y efectos de la desigualdad de género y raza en la sociedad tanto a través de campañas de orientación como en la adopción de políticas internas en las agencias y dependencias.​​ Rechazar toda participación gubernamental en actividades, programas, espectáculos o publicaciones que promuevan, fomenten o justifiquen la violencia de género.

  • Expandir y uniformar los contornos del derecho de las personas progenitoras a las licencias por maternidad y paternidad, tanto en la industria privada como en el servicio público. Véase el P. del S. Núm. 849.​​ 

  • Establecer política pública que integre agencias, academia, ONGs y sociedad civil en el Observatorio de Trata Humana. Este organismo gubernamental será el cuerpo rector que implantará, coordinará, y dará seguimiento a que en Puerto Rico se brinden servicios de prevención, orientación, investigación, análisis, protección y sanción del delito de la Trata, enfatizando en poblaciones de mayor grado de vulnerabilidad (menores y mujeres).

 

  • CREACIÓN DE LA SECRETARÍA AUXILIAR DE ESTADO PARA LA COMUNIDAD PUERTORRIQUEÑA QUE RESIDE EN EL EXTERIOR (CON PARTICULAR ATENCIÓN A LOS RESIDENTES EN LOS ESTADOS UNIDOS)

 

El propósito de esta secretaría auxiliar sería asistir a la comunidad puertorriqueña radicada fuera de Puerto Rico con problemas que puedan tener haciendo el ajuste a su situación en los Estados Unidos u otro país que se entienda tenga una comunidad que lo amerite. No obstante, ésta dará prioridad a promover el retorno a Puerto Rico de aquellas y aquellos profesionales, técnicos, comerciantes, mano de obra cualificada y no-cualificada, proveedores de servicios y toda aquella persona adulta que planifique regresar a Puerto Rico luego de haber residido en Estados Unidos u otros países. Para promover el retorno ordenado de estos compatriotas, la oficina coordinará las siguientes gestiones y realizará las siguientes labores:

  • Elaborará un cuestionario que deberá cumplimentar toda aquella persona que planifique regresar a Puerto Rico para restablecerse en nuestra Patria y comenzar de nuevo su vida laboral y cotidiana junto a sus familiares.

 

  • Para facilitar el proceso de distribución y recogido del cuestionario, la Oficina tendrá oficinas satélites en las ciudades con mayor concentración de boricuas en los Estados Unidos si los recursos fiscales lo permiten. Inicialmente se dependerá de las relaciones con organizaciones representativas de la comunidad boricua que pueden incluir los centros de estudios puertorriqueños que se encuentran en algunos sistemas universitarios de Estados Unidos. Además, tendrá una​​ página cibernética mediante la cual se ofrecerá la orientación de rigor a las personas que deseen regresar, lo que evitaría que se tenga que visitar las oficinas satélites, en los casos de personas que residan lejos de dichas oficinas.

 

  • El cuestionario que se diseñará para estos propósitos recogerá información detallada sobre la preparación académica, experiencia profesional, laboral y de negocios de la persona en cuestión, así como información de su núcleo familiar, planes de reubicación en Puerto Rico, pueblos de preferencia para reubicarse, actividades económicas a las que se dedicarán, tanto él o ella (jefes/as de familia) como los miembros de su familia, y otros datos pertinentes. Con esa información se creará un perfil completo y abarcador del compatriota o la compatriota, y de su grupo familiar, que planifiquen su regreso a Puerto Rico.

 

  • La Secretaría Auxiliar en Puerto Rico creará un acervo de datos, a modo de un banco de capital humano, que será compartido con los 78 municipios del país, con el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, así como con otras agencias de gobierno que colaboren en la identificación de puestos de trabajo, y con entidades representativas del sector privado que colaboren en la identificación y ubicación de mano de obra, tanto cualificada como no-cualificada, en las empresas existentes en el país.

 

  • Para las personas inmigrantes que planifiquen establecer negocios de diversa naturaleza, así como oficinas profesionales y de servicios, centros de producción manufacturera, agrícola o cualquier otra actividad productiva, se les conectará de inmediato con la Secretaría de Desarrollo Económico y Comercio, con PRIDCO (o con la Compañía de Desarrollo Empresarial si ya estuviera constituida) , la Compañía de Turismo, el Departamento de Agricultura, y otras entidades que trabajan directamente con la asistencia a empresarios y profesionales de distintos sectores de nuestra economía (turismo, agricultura, manufactura, comercio, servicios, etc.) como lo son los centros de educación superior y las organizaciones de los distintos sectores empresariales.

 

  • Al mismo grupo mencionado en el punto anterior se le referirá al Banco de Desarrollo Económico, a la Asociación de Bancos de Puerto Rico y a la Liga de Cooperativas, para que se identifiquen las fuentes de​​ fondos (los recursos financieros y de crédito) disponibles para nuevos emprendedores en los diversos sectores de nuestra economía. Esto es fundamental porque no se puede permitir que esos compatriotas se restablezcan en nuestro país sin la seguridad de un respaldo financiero para sus proyectos empresariales. El Banco de Desarrollo Económico será instrumental cuando se constituya el Fondo de Desarrollo Nacional a ser financiado con la reforma fiscal que propone el PIP.

 

  • El banco de datos de la Secretaría también compartirá el perfil de cada familia que retorne con el Departamento de la Familia, con el Departamento de Educación y con el Departamento de Salud, para identificar las distintas necesidades educativas, sociales y de salud que tenga cada núcleo familiar que regrese al país. Esto le permitirá a cada familia articular un proceso de planificación de reintegro a la vida en Puerto Rico, cubriendo todas las necesidades que se identificaron originalmente en el cuestionario.

 

  • En el caso de las familias que regresen con jóvenes en edad universitaria, la Oficina le proveerá los datos a la Universidad de Puerto Rico y a todas las instituciones universitarias privadas y demás colegios o academias que ofrecen cursos vocacionales o técnicos postsecundarios. Este elemento es fundamental porque de esa manera el joven o la joven que regrese al país con su familia tendrá la seguridad de continuar sus estudios en nuestra Patria.

 

  • De igual manera, en el caso de las familias que tengan miembros con necesidades especiales, las agencias mencionadas en el punto número 7 tomarán los pasos necesarios para los tratamientos de rigor y el seguimiento que corresponda en cada caso.

 

  • Se legislará para que los compatriotas que regresen al país con recursos financieros (capital) y con ánimo de establecer negocios que promuevan las exportaciones y que generen empleos, ingresos y producción, reciban prioridad sobre inversionistas del exterior en la otorgación de estos incentivos. A los incentivos de tipo contributivo deben añadirse los de tipo no-contributivo, que sirvan como un “imán” o un estímulo lo suficientemente atractivo para que el compatriota que regresa al país con capital se sienta respaldado por su gobierno. La reforma fiscal que propone el PIP hará los ajustes para que se garantice un periodo de ajuste de tres a cinco años antes que se le aplique la tasa básica máxima que proponemos de 10% sobre ingreso neto de manera​​ que se tome en cuenta el rendimiento actual sobre el patrimonio neto del Inversionista (equity) y que tome en cuenta el empleo generado, los enlaces con el resto de la economía, el ahorro en el consumo de energía eléctrica y las exportaciones generadas. Se aplicará la norma de que es mejor recaudar contribuciones y luego subsidiar que otorgar exenciones contributivas absolutas a largo plazo.

 

  • Todo lo anterior contribuirá a la creación de un ambiente industrial, comercial, de servicios y un ambiente socioeconómico en general que facilite y estimule la reinserción de nuestros compatriotas a la tierra que les vio nacer y que, mediante la puesta en marcha de estas medidas, le provea los mecanismos para una vida productiva y plena en el Puerto Rico, la Patria Nueva que proponemos.

 

1

​​ Véanse​​ los proyectos​​ P.S. 1334 y P.C. 2179 de la delegación legislativa del PIP.

2

​​ Véanse las Resoluciones Concurrentes Núm. RKS 85 y RKC 108 de la delegación legislativa del PIP.