DESARROLLO SOCIAL

 

  • SOCIEDAD Y CALIDAD DE VIDA

El norte de toda política social debe ser atender las necesidades y mejorar las condiciones de vida de​​ la ciudadanía. El desarrollo económico tiene que darse de la mano de un desarrollo social que​​ promueva la distribución más justa de la riqueza y los beneficios asociados al crecimiento económico. La única forma de lograr un progreso generalizado​​ es ampliando el acceso, los medios y nivelando las oportunidades para que​​ el pueblo participe plenamente en el ámbito económico, social, político y cultural de su país,​​ y así disfrute​​ de calidad de vida.

En Puerto Rico, sin embargo, los indicadores económicos y los indicadores de bienestar social reflejan un progresivo deterioro, lo que se manifiesta a través complejos problemas sociales.​​ Los desastres naturales vividos en los últimos años, como los huracanes Irma y María en septiembre de 2017,​​ los eventos telúricos en enero de 2020​​ y la crisis de salud confrontada a causa de la propagación del Coronavirus (COVID-19),​​ han​​ destapado​​ precisamente la pobreza extrema que viven muchas​​ personas,​​ pusieron​​ en evidencia la falta de acceso a los recursos y medios​​ y,​​ más aún,​​ desenmascararon​​ las desigualdades económicas de sectores en nuestro país.

Aunque contábamos con decenas de agencias y programas de servicios esparcidos​​ por​​ el​​ país para atender esos problemas y un multimillonario presupuesto, las estrategias ensayadas hasta el presente no han redundado en cambios efectivos para los diversos sectores​​ sociales ni han resultado en adelantos en materia de derechos humanos​​ y/o​​ ciudadanos.​​ Una vez se​​ declaró​​ la quiebra del gobierno con la​​ aprobación en el Congreso Federal​​ mediante​​ la​​ Ley​​ PROMESA y la imposición de la Junta de Control Fiscal,​​ se ha retratado cruelmente lo que son las prioridades de la institucionalidad, favoreciendo a los acreedores a costa del recorte de servicios y programas​​ esenciales​​ para ayudar a quienes más lo necesitan.​​ Esto ha tenido como consecuencia directa que aumente​​ cada vez más la violencia, la adicción a drogas, el maltrato hacia los más débiles, la falta de acceso a vivienda y transportación, la dependencia económica y falta de responsabilidad individual, entre otros. Con frecuencia alarmante, se registran crímenes que antes eran eventos aislados,​​ creando un clima de inseguridad insostenible.​​ Se​​ han desarrollado tendencias criminales que antes solo se veían en películas, como los tiroteos en vías públicas con el terrible saldo de víctimas inocentes. A esto se suma​​ que,​​ con los recortes presupuestarios y el éxodo de​​ agentes​​ de las agencias de seguridad, no se investigan ni se procesan los delitos, quedando todo a la impunidad. Es para evidente​​ para la población​​ que​​ Puerto Rico está lejos de haber alcanzado el progreso que alegadamente traería el proyecto modernizador del país.​​ 

El​​ pueblo​​ puertorriqueño​​ ha llegado a experimentar de manera muy​​ personal​​ la angustia y el coraje que provocan la falta de liderazgo y verticalidad de la administración gubernamental. Estan ausentes las experiencias de acogida y atención que definen a las instituciones de educación, salud, seguridad y administración de la justicia. Se promueve, por​​ el contrario, la conflictividad en las relaciones personales y sociales,​​ reforzando así​​ conductas ciudadanas desarraigadas e individualistas, que se anteponen al bien común y malogran el logro de mayores reivindicaciones sociales.​​ A esto se suma la negligencia crasa, que raya en desprecio institucional, del gobierno ante el manejo de crisis tras las emergencias de Irma, María,​​ los​​ terremotos y el Coronavirus (COVID-19).

Proponemos invertir los recursos del Estado en proyectos de desarrollo económico que creen las condiciones laborales para retener a nuestros jóvenes. Crear las condiciones socioeconómicas adecuadas en las instituciones que forjan y emplean a nuestros jóvenes contrarresta la desigualdad conducente al crimen y la deserción escolar-universitaria.​​ Es imperativo revisar las políticas sociales de intervención y provisión de servicios para que los programas y estrategias gubernamentales atiendan de forma integral, racional, transdisciplinaria​​ y desde el principio de equidad​​ los retos sociales.

Si revisamos la Política Pública promulgada,​​ surgen tres grandes desfases que debemos sobrepasar para transformar la compleja realidad social de nuestro país:

  • Existe una resistencia por los integrantes del Gobierno​​ a​​ evaluar la política social promulgada en términos de su alcance y efectividad. Insisten en las mismas estrategias de acercamiento a los problemas,​​ aun​​ cuando han demostrado ser inefectivas, y se niegan a realizar los cambios y ajustes necesarios.

  • La dispersión, fragmentación y falta de rigurosidad en la recopilación de datos y en los esfuerzos gubernamentales:​​ Se hace necesario estructurar una base de datos integrada que permita a los órganos gubernamentales, junto con el apoyo y recursos investigativos de la​​ academia,​​ trazar políticas públicas costo-efectivas, coordinadas entre sí, atemperadas a nuestra realidad, de fácil monitoreo y con resultados medibles. 

  • El discurso desde la oficialidad gubernamental de que es el ciudadano​​ violento, mal educado, el que al expresar su inconformidad y rechazo provoca un estado de inseguridad y crisis en el país

 

  • LAS​​ FAMILIAS​​ DEL SIGLO XXI

Las familias puertorriqueñas han​​ variado en estructura y funciones en las últimas décadas. Las repercusiones del cambio social acelerado que atravesó Puerto Rico dejaron sentir su impacto en las​​ nuevas estructuras familiares. Diversos indicadores denotan los efectos sobre la estructura familiar, tales como: (a) cambios en las tasas de matrimonio; (b) aumento en separaciones y divorcios; (c) aumento en las parejas que conviven sin estar casados; (d) aumento en el número de​​ menores​​ que nacen de relaciones fuera del matrimonio; (e) aumento en el número de​​ menores​​ expuestos a​​ figuras parentales 'en serie' o sucesivas; (f) aumento en el número de hogares donde está a cargo una sola persona adulta, particularmente mujeres; (g) aumento de la población de edad avanzada y con mayor expectativa de vida; (h) descenso en la tasa de natalidad en los últimos 40 años, con excepción de los nacimientos entre madres adolescentes; (i)​​ aumento en el número de familias donde personas del mismo sexo tienen hijos​​ e hijas; (j) aumento en el número de familias donde abuelos​​ y abuelas​​ crían a​​ infantes​​ ante la ausencia de los​​ progenitores​​ (k) aumento en el número de familias donde uno de los progenitores vive fuera de Puerto Rico.

Como resultado de estos cambios, las familias han tenido que alterar los papeles ejercidos por algunos de sus miembros para cumplir con nuevas funciones. Sin embargo, la política pública sobre la familia permanece prácticamente inalterada y el gobierno no ha atemperado la legislación ni sus programas y servicios a las transformaciones estructurales familiares.​​ A pesar de​​ los múltiples intentos​​ y años de trabajo e inversión monetaria significativa, el Código Civil en materia de familia sigue inalterado y los pocos cambios​​ significativos​​ en legislación han sido básicamente​​ esfuerzos aislados o​​ por imposición de decisiones jurisprudenciales de los Estados Unidos, como por ejemplo el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo.​​ 

El PIP propone:

  • Crear un Centro de Estudios de la Familia (CEF) que incorpore representantes de agencias gubernamentales -la Procuraduría de las Personas de Edad Avanzada, de las Personas con Impedimentos, Procuradores de Menores, del Programa de Intervención Temprana del Departamento de Salud, del Departamento de la Familia, la Oficina de Asuntos de la Juventud, el Observatorio de Género (propuesto en este Programa), del sector académico​​ y organizaciones profesionales​​ y comunitarias para examinar las necesidades de las nuevas estructuras familiares, el impacto de las mismas sobre sus integrantes y los contextos sociales en los cuales interactúan (escuela, iglesia, comunidad,​​ equipos deportivos,​​ trabajo). Los integrantes de este Centro​​ estudiarán las nuevas realidades familiares en Puerto Rico,​​ evaluarán la efectividad de la política social promulgada referente a la familia y sus componentes, y recomendarán legislación para atemperar la provisión de servicios y ofrecimientos gubernamentales a sus necesidades reales. El acercamiento del Gobierno a las variadas estructuras familiares partirá del respeto a la diversidad y del reconocimiento a la igualdad y los derechos humanos que le asisten a cada uno de sus componentes.

  • Desarrollar​​ desde el CEF un Plan de Fortalecimiento y Acompañamiento que articule​​ y asigne​​ recursos a programas gubernamentales y comunitarios para el desarrollo de destrezas individuales y familiares sobre temas como:

    • cuido y crianza​​ en la niñez,

    • el fomento de relaciones​​ afectivas​​ de respeto e igualdad entre las parejas,

    • destrezas de comunicación efectiva y respetuosa entre los componentes de la familia, así como manejo de conflictos a través del diálogo y la negociación,

    • necesidad de trabajo y cooperación de cada miembro de la familia con las tareas del hogar,

    • destrezas para enfrentarse a cambios en las funciones familiares, así como manejo y negociación de relaciones familiares tras una separación o divorcio,

    • comprendiendo cambios de la adolescencia,

    • la crianza de​​ infantes​​ y adolescentes ante los retos de la era cibernética y los riesgos asociados al uso excesivo de equipos electrónicos,

    • destrezas necesarias para cuidar una persona de edad avanzada en el hogar,

    • destrezas necesarias para cuidar una persona con impedimento(s),

    • manejo de situaciones familiares creadas por la adicción a sustancias legales o ilegales de uno de sus miembros,

    • planificación y manejo de presupuesto, plan de ahorro y planificación del retiro,

    • preparación familiar previo a eventos atmosféricos y/o de emergencia, así como la reacción ante el evento, y

    • los cambios y ajustes de las​​ funciones tradicionalmente atribuidos al hombre y a la mujer a través del tiempo.

Aunque al presente existe alguna legislación y programas sobre este particular, urge evaluar su alcance y efectividad, integrar aquellos esfuerzos aislados que han resultado exitosos, así como los esfuerzos de investigación académicos.

  • Incentivar esfuerzos conducentes a conciliar la esfera laboral con la doméstica, de forma que las personas puedan cumplir con sus tareas de trabajo y familiares en asuntos, tales como, (a) promover legislación para flexibilizar el horario de trabajo en el gobierno, (b) identificar toda labor o actividad gubernamental que pueda ser realizada por​​ la empleomanía​​ desde su hogar o a distancia sin que ello afecte sus salarios y beneficios actuales, (c) incentivar contributivamente a patronos que adopten​​ políticas flexibles en el manejo de asuntos familiares por sus empleados​​ y empleadas.

  • Se adoptará un Programa Nacional de Centro de Cuido de Niños y Niñas atendiendo los ámbitos de accesibilidad, distribución por regiones y aportación al pago de​​ estos,​​ creando conciencia sobre este tipo de servicio como una inversión social beneficiosa para la comunidad. Se creará un Reglamento uniforme para estos centros para uso de todas las agencias reguladoras.

  • Promover que el Departamento de Educación y otras entidades​​ culturales, deportivas y de protección social desarrollen un Programa para la Socialización y el Ocio (programa de​​ actividades extracurriculares fuera del horario escolar)​​ para que​​ el​​ estudiantado​​ disfrute de actividades estructuradas y superviosadas luego del horario escolar.

  • Aumentar los servicios de acompañantes y amas de llave para atender​​ a​​ menores​​ con necesidades especiales. 

  • Establecer y apoyar organizaciones comunitarias que ofrecen servicios de apoyo a las familias que tienen​​ menores​​ con necesidades especiales con el objetivo de que éstas puedan contar con personal que los sustituya en el cuidado de sus niños​​ y niñas​​ (Programas de Respiro).

  • Crear un Programa Nacional de Centros de Cuido de Personas​​ Mayores que considere la realidad demográfica actual, en la que destaca un creciente aumento de la población envejecida, con mayor expectativa de vida y nivel educativo, particularmente de mujeres, y promover programas comunitarios de respiro para ayudar a las familias trabajadoras que asumen el cuido de sus​​ progenitores.

  • Incorporar​​ al currículo escolar,​​ desde grados primarios, cursos sobre la evolución, transformación y estado actual de la familia puertorriqueña y la construcción social del género que incluya modelos exitosos de estructuras alternas a la tradicional nuclear e información de programas y servicios de apoyo gubernamentales disponibles. Con ello se reconoce a la estructura familiar como agente socializador vital con potencial de cambiar o perpetuar estigmas y estereotipos que resultan muchas veces dañinos a sus propios componentes.

  • Crear programas comunitarios de apoyo y respiro para familias en estructuras alternas (madres solteras y padres solteros, familias con personas con impedimentos, madres adolescentes, parejas de personas​​ mayores) considerando horarios no tradicionales de servicios.

  • Asignar recursos para programas de recreación comunitaria, particularmente para familias de escasos o medianos recursos de forma que disfruten de teatros, ferias, museos y conciertos al aire libre, así como​​ fomentar las actividades dirigidas en​​ parques pasivos en diferentes regiones del país como lugares de sano esparcimiento.

  • Ceder espacios en el​​ Canal del Gobierno​​ para que​​ instituciones académicas​​ y organizaciones profesionales creen programación educativa sobre asuntos de interés de la familia, para ser distribuidos en videos, internet o discos compactos, cuyos temas aborden la prevención de la violencia, destrezas de crianza, manejo de emociones y frustraciones, entre otras problemáticas. Coordinar su transmisión mandatoria en estaciones del Tren Urbano, oficinas gubernamentales​​ de servicio como los CESSCO​​ y que se promueva en lugares privados, tales como, salas de espera en consultorios médicos, hospitales, bancos, entre otras.

  • Iniciar el readiestramiento de todo el personal gubernamental de programas dirigidos a la familia para fomentar la intervención transdisciplinaria congruente con los cambios sociales que caracterizan a la familia. Esto incluye la creación de becas para educar o re-educar​​ a​​ estos​​ y estas​​ profesionales.

  • Integrar universidades y otros centros educativos a estos esfuerzos reclutando facultad y estudiantes como interventores, investigadores y evaluadores de programas de servicio y experimentales.

  • Asignar los recursos necesarios para cumplir con el​​ Plan Nacional de Prevención Primaria de la Violencia​​ -según mandata la Ley 467 del 23 de septiembre de 2004-​​ y con el​​ Plan Nacional contra el Maltrato de Menores del Departamento de Familia​​ de 2014-2024,​​ asignando particular atención a la violencia que se origina en el contexto doméstico y sus repercusiones en el ámbito social en general, e integrar los esfuerzos realizados por entidades similares para no​​ duplicar​​ los recursos existentes.

  • Evaluar los programas existentes de los Departamentos de Salud, Familia y Educación relacionados al tema de la familia, niñez, jóvenes y maltrato para aunar esfuerzos y estudiar su efectividad para poder fortalecer y ampliar aquellos programas exitosos.

  • Se realizará​​ una​​ campaña masiva acerca de los servicios que ofrece la Línea de Orientación y Apoyo Familiar del Departamento de la Familia y se evaluará su efectividad.

 

  • NIÑEZ

Luego de aprobarse la Convención de los Derechos del Niño en 1989, numerosos países, (exceptuando a los Estados Unidos y por ende Puerto Rico dada su condición colonial) consignaron una Declaración que impone las responsabilidades y deberes del Estado respecto a la niñez. A raíz de esta Convención muchos gobiernos se proclamaron Ciudades Amigas de la Niñez lo que significaba adoptar principios y políticas gubernamentales en asuntos como: reconocer a los niños​​ y niñas​​ como sujetos titulares de derechos ciudadanos; su necesidad de​​ que se les​​ escuche, proteja, y se​​ les reconozca como​​ partícipes de la política gubernamental que les afecta; apoderarles para tomar decisiones; la promoción de valores no violentos desde la niñez y capacitar para ello a​​ quienes​​ trabajan con​​ la niñez; educar sobre métodos no violentos de crianza;​​ y​​ reducir la polarización generacional; entre otros.

El 31 de diciembre de 1998 se​​ aprobó​​ la​​ ley 338 que​​ adoptó la Carta de Derechos del Niño. En la misma se reconocieron​​ parcialmente algunos de los derechos reconocidos en la Convención de los Derechos del Niño​​ de la Asamblea de las Naciones Unidas (ONU)​​ de 1989, pero la legislación se quedó corta en el reconocimiento de​​ otros​​ derechos. Urge atemperar la legislación existente para que nuestra​​ niñez​​ pueda gozar de todos los derechos que se les​​ garantizan a​​ sus pares​​ en el resto de los países miembros de la ONU,​​ exceptuando a los de Estados Unidos de América.

En Puerto Rico, sin embargo, los programas y servicios sociales, de salud, educativos y​​ psicológicos para servir las necesidades de​​ la niñez​​ son insuficientes​​ y,​​ por tanto,​​ impactan a grupos muy reducidos. Tampoco vemos suficientes espacios públicos o actividades donde puedan compartir de manera sana, activa y entretenida, a la misma vez que se contribuye a su​​ desarrollo. La niñez continúa siendo más vulnerable que el resto de la población a la violencia, al maltrato físico,​​ psicológico o sexual, a relaciones sexuales prematuras no protegidas, y a que se les niegue su derecho a ser escuchados y a participar de diversos espacios sociales que le son pertinentes, como los programas educativos, de salud, de recreación, y de aquellos que se dedican a combatir la pobreza.​​ 

Los cierres de planteles escolares demostraron​​ recientemente​​ lo poco o nada que se toma en consideración el interés o bienestar de​​ la niñez​​ y su entorno cuando​​ ha quedado​​ demostrado que los cierres fueron arbitrarios y sin tomar en cuenta la comunidad escolar donde​​ el estudiantado es​​ parte. También hemos visto como los eventos atmosféricos y telúricos de los últimos años y meses retrataron lo vulnerables que está nuestra​​ niñez​​ ante tales situaciones de emergencia y en la consecuente recuperación.

De otra parte, el Instituto de Desarrollo de la Juventud (adscrito al Boys and Girls Club de Puerto Rico) publicó el estudio “Un futuro de pobreza infantil en Puerto Rico: cuánto nos cuesta y qué podemos hacer” donde retrata la triste realidad de que​​ el​​ 58% de​​ esa población​​ está directamente afectada​​ por la pobreza, el 37% de estos en pobreza extrema y esto representa un impacto de $4,418 millones anuales al gobierno. Los niños​​ y niñas​​ que viven bajo condiciones de pobreza y,​​ más​​ aún,​​ quienes​​ que viven en pobreza extrema tienen mayores problemas de salud, como la obesidad por la alimentación de mala calidad, menos exitosos académicamente, estarán a mayor riesgo de deserción escolar y se les hará más difícil conseguir empleo o empleo bien remunerado cuando sean mayores, y estarán a mayor riesgo de envolverse en actividades delictivas. Tiene que ser una prioridad del​​ Estado crear la política pública adecuada y efectiva para reducir cada vez más el porciento de​​ nuestra niñez​​ que vive en pobreza. Es una inversión de país.

Vemos,​​ además,​​ de forma preocupante,​​ una tendencia reciente​​ de​​ criminalización de​​ la niñez, con arrestos​​ a​​ menores​​ en escuelas por situaciones o males entendidos que pudieron haberse resuelto entre la comunidad escolar con una intervención y liderazgo efectivo de la​​ administración​​ a cargo de los planteles. Activar todo el aparato investigativo policial y más adelante​​ del Departamento de Justicia​​ al radicar faltas a niños​​ o niñas​​ crea un daño irreparable a​​ la​​ autoestima y desarrollo de un menor de edad quien ya​​ carga un​​ estigma por el trato institucional / gubernamental a sus conductas. Esto es​​ un asunto de una importancia mayor que el gobierno en general no ha querido atender. Se discutieron medidas legislativas para enmendar la Ley de Menores y establecer un mínimo de edad para que un menor sea procesado por falta,​​ pero quedaron en nada. Peor aún,​​ hay proyectos de administración dirigidos a eliminar la figura de los procuradores de menores para que quienes encausan procesos judiciales contra menores sean los mismos fiscales que atienden delitos de adultos.​​ Es toda una mentalidad de que se vea a​​ ciertos sectores de la niñez​​ como criminales ante​​ la sociedad y ante sí mismos.​​ ​​ 

Esto ha ocurrido en poblaciones​​ marginadas​​ económicamente ya que la aplicación de esta tendencia no se da en todos los niveles de la sociedad.​​ En sectores con​​ cierto priviligio económico los asuntos en las escuelas se resuelven de formas internas, como debe ser.​​ Urge​​ tener una discusión seria, informada, con datos científicos y el insumo de la academia que resulte en una​​ reforma del sistema de justicia juvenil​​ que atienda de manera correcta las “transgresiones” de menores de edad, quienes​​ por su desarrollo​​ neurológico​​ y emocional, no tienen todavía la capacidad de entender las consecuencias de sus actos. Para ello es imperativo imponer un mínimo de edad, que no debe ser menor a los 14 años para que se le impute falta a un menor. Debe existir un protocolo para cuando las situaciones que ocurran sean en el ámbito escolar,​​ ya que​​ deben ser atendidas de manera interdisciplinaria entre los psicólogos escolares de los planteles, los trabajadores sociales, directores, representantes de la facultad y miembros de la comunidad escolar y hacer los referidos que sean pertinentes a diversos programas​​ gubernamentales o entidades no gubernamentales pertinentes​​ pero no debe llegar a que intervenga la policía y menos aún que llegue a la​​ Rama​​ Judicial.

Ante esa realidad, el PIP se compromete a:

  • Cambiar los currículos y políticas gubernamentales que asumen formas discriminatorias contra​​ la niñez​​ mediante campañas que promuevan el pleno disfrute de sus derechos humanos y cambiar el paradigma de que los niños​​ y niñas​​ no son sujetos titulares de derecho con necesidad de participar y ser escuchados sobre lo que les afecta.​​ Para ello se atemperará la legislación existente de la Carta de Derechos del Niño, con el fin de​​ añadir todos aquellos derechos​​ de​​ que goza la​​ niñez​​ en los demás países del mundo.

 

  • Continuar con las estrategias educativas y preventivas existentes, o poner en marcha donde no existan, mediante coordinación intraescolar e interagencial y una integración de módulos educativos adaptados por edad al currículo regular de clases en escuelas públicas y privadas. La prioridad será el desarrollo de​​ porgramas de aprendizaje social y emocional en los que los niños aprendan a reconocer y manejar sus emociones, a relacionarse con otras​​ personas​​ y a establecer relaciones de respeto y​​ servicios de intervención temprana con familias que estén en​​ alto riesgo de confrontar problemas de violencia o integración social.

 

  • Intercalar durante la programación​​ televisiva y de radio​​ infantil, y mediante acuerdos con los medios de comunicación, incluyendo​​ el cine, billboards y los​​ medios cibernéticos utilizados por los menores como “YouTube”, pautas educativas sobre cómo prevenir y denunciar amenazas a su salud física y mental, maltrato, violencia  sexual, prostitución infantil, valores universales, equidad de género y educarlos para que conozcan sus derechos.

 

  • Evaluar la efectividad de los programas e iniciativas actuales del Departamento de la Familia​​ dirigidos a fomentar la crianza adecuada y formas de disciplina no maltratantes​​ y​​ atemperar y​​ ampliar su ofrecimiento. Se considerará que la participación en estos talleres no sea voluntaria sino por referidos de las propias agencias, de los Sistemas de Tribunales o de profesionales de ayuda que intervengan con menores o adolescentes en alto riesgo o crisis. La provisión de los talleres estará sujeta a supervisión y rendición de cuentas, de manera que se asegure el uso efectivo y prudente de los recursos que a ese fin se destinen. Se coordinarán también estrategias de intervención en las oficinas del Registro Demográfico al momento de la inscripción de una persona​​ menor.

 

  • Crear Centros de​​ Atención de Situaciones de​​ Crisis para menores en varias regiones del país para casos de maltrato, remoción de hogar, violencia doméstica​​ y​​ abuso sexual, entre otras situaciones, que cuente con intervención transdisciplinaria para atender la salud​​ emocional y psicológica​​ de los menores​​ involucrados​​ en situaciones que ponen en riesgo su integridad física. Esto incluye​​ adiestrar y reclutar más​​ recursos​​ humanos y fiscales​​ para el​​ único centro de ayuda existente, adscrito al Hospital Regional de Bayamón.

 

  • Darle seguimiento a la contratación de psicólogos para planteles escolares, según se ha anunciado, en cumplimiento con​​ la Ley 170​​ de 2000​​ que requiere nombrar un Psicólogo Escolar en cada escuela​​ y crear las condiciones para su permanencia,​​ hacer cumplir la Ley 146 de 2000​​ que restablece el curso de Educación Física en las escuelas​​ e impone que habrá un maestro de educación física en cada escuela y por cada 250 estudiantes​​ y​​ la Ley 49 que establece un curso sobre Gobierno y Derechos Civiles en las escuelas.​​ 

 

  • Presentar proyectos para viabilizar que se​​ actualice el programa de orientación vocacional y laboral del Departamento de Educación, las​​ pruebas de inventario de intereses académicos​​ que se administran​​ en las escuelas,​​ la​​ educación continua para maestros sobre​​ neuroaprendizaje,​​ condiciones de salud que afectan el aprendizaje​​ y​​ las destrezas socioemocionales del docente.

 

  • ​​ La creación de un Fondo de Promoción y Salud Escolar,​​ con personal de los departamentos de Salud, Familia y Educación, que atienda la investigación, educación y discusión de temas y condiciones emergentes como los llamados retos (challenge​​ en inglés), el​​ cutting,​​ entre otros, al igual que el fasting​​ y las dietas de moda,​​ entre otras tendencias que afectan la salud.

 

  • Reforzar la educación continua a todos los componentes del sistema investigativo de salud, educación, de familia y de la​​ Policía sobre el tema de la trata humana, específicamente en todo lo concerniente al abuso de los menores que son frecuentemente utilizados para la venta y distribución de sustancias controladas o para prostituirse,​​ con el propósito​​ de:

 

    • educar a la niñez y sus familias para prevenir este fenómeno,

    • sensibilizar a las comunidades geográficas y escolares para la identificación de redes de operación de estos​​ negocios, y

    • exigir​​ que los delitos sean correctamente investigados y clasificados.

 

  • Establecer un mínimo de edad para que un menor pueda ser imputado de falta ante el sistema de justicia de menores. Debe estudiarse a cabalidad este tema pero no debe ser menor de​​ 14 años.

 

  • Establecer Comités Comunitarios ante​​ una situación de emergencia, como daños tras huracanes o temblores.​​ Estarán compuestos por representantes de​​ todas las organizaciones magisteriales, laborales, religiosas​​ y​​ educativas. Tendrán las​​ responsabilidades​​ de:

 

    • hacer​​ el rápido​​ diagnóstico​​ de la solución​​ y

    • buscar soluciones sensatas​​ y pertinentes. El​​ Estado tiene que ser flexible ya que las soluciones pueden ser distintas por región, pero que se hagan en consenso, y donde la responsabilidad ministerial en materia financiera la tenga​​ el​​ Estado. ​​ El​​ Estado​​ debe​​ -para salvaguardar la integridad de la infancia y niñez- tomar acciones afirmativas con la banca hipotecaria u otros recursos para proveer techo a los menores damnificados y su familia.​​ El apoyo que deben recibir las familias con menores de edad tiene que ser uno adecuado a su realidad y tomando en consideración a los menores de edad y sus miedos e incertidumbres particulares. Debe legislarse para que el​​ Estado no pueda amenazar con remover menores del entorno familiar cuando se está pasando por una situación de crisis y de emergencia, como se vieron situaciones tras los huracanes Irma​​ y​​ María,​​ y particularmente tras los temblores en el área sur.

 

  • Revisar​​ la efectividad de​​ la legislación existente y​​ garantizar la​​ provisión de​​ recursos para la prevención del maltrato, ya que la intervención temprana y la reeducación de los padres reducirá el número de remociones e intervenciones por abuso o maltrato. Serán prioridades las siguientes:

          • Evaluar el funcionamiento del Departamento de la Familia, para identificar y atender las causas en el atraso de manejo de casos y referidos, asegurando que estén contratados el suficiente número de trabajadores sociales necesarios para que haya una intervención y monitoreo apropiados; promover mayor eficiencia​​ en los niveles intermedios de supervisión y una fiscalización estricta los recursos asignados.

          • Mejorar las condiciones laborales de​​ profesionales en​​ trabajado​​ social y reevaluar los mecanismos de identificación, intervención y monitoreo de casos para reducir el tiempo de espera en la resolución de los mismos, y establecer la coordinación necesaria con otras agencias o dependencias, como la Administración de Tribunales, para​​ que​​ la intervención de trabajadores​​ y trabajadoras​​ sociales en procesos judiciales y de otro tipo no represente, como hasta ahora, una carga de difícil manejo en términos de tiempo y comparecencias.​​ Se sugiere que las comparecencias de trabajadores sociales en asuntos de mero trámite procesal se hagan mediante teléfono o video conferencia y solo se requiera la presencia física cuando el informe del trabajador social sea​​ evaluado o su aportación sea indispensable.​​ 

          • Monitorear los procesos que el Departamento de la Familia​​ haya puesto​​ en vigor al amparo de la Ley Núm. 246 del 16 de diciembre de 2011, intitulada Ley​​ para la​​ Seguridad, Bienestar y Protección de Menores, según enmendada, de manera que se​​ verifique la recopilación de​​ datos y estadísticas que sirvan para medir su adecuación y​​ evaluar​​ la eficacia de la Ley desde su vigencia​​ y​​ para evaluar enmiendas necesarias.

          • Fortalecer el Programa de Intervención Temprana del Departamento de Salud -que atiende​​ a​​ menores con impedimentos en la etapa de 0 a 3 años-​​ para que haya una coordinación y transición efectiva de servicios preventivos con los Departamentos de Educación y Familia. En el diseño de políticas públicas preventivas para menores se explorará el sentir y recomendaciones de organizaciones como el Colegio de Nutricionistas, la Academia de Pediatría, el Colegio de Trabajadores Sociales,​​ la Asociación de Psicología Escolar de Puerto Rico,​​ profesionales en psicología​​ y psiquiatría​​ infantil, demógrafos​​ y​​ salubristas, entre otros.

          • Asignar​​ funcionarios gubernamentales​​ suficientes​​ para que exista el mayor apoyo y​​ la comunicación más efectiva con las agencias de​​ gobierno concernidas.​​ Se aumentará la fiscalización de los hogares sustitutos y de crianza, para que cumplan con parámetros estrictos en torno al bienestar y mejor interés de los menores, particularmente su estabilidad emocional. En las remociones de una​​ persona​​ menor de su hogar,​​ ésta atravesará un proceso de estabilización emocional en los Centros de Crisis aquí propuestos.

          • Crear programas para reducir vulnerabilidad de​​ menores a enfermedades sexualmente transmisibles mediante estrategias de prevención y educación,​​ y aunar esfuerzos entre el Departamento de Salud, el Departamento de Educación, el Departamento de la Familia y la Asociación Americana de Pediatría para​​ promover las campañas de vacunación y educativas para ayudar en la prevención.

          • Atemperar la​​ Carta de Derechos del Niño -Ley 338​​ -1998-​​ con la Convención sobre los Derechos del Niño de la Asamblea de las Naciones Unidas de 1989 y fiscalizar su cumplimiento​​ y revisar la legislación existente en las agencias que ofrecen servicio a la niñez para evaluar su efectividad y proponer los cambios necesarios mediante la preparación de un Código de la Niñez.

          • Dar seguimiento al​​ Plan Nacional contra el Maltrato de Menores del Departamento de Familia​​ de 2014-2024, un esfuerzo gubernamental​​ que incorporó recomendaciones de diversos grupos​​ académicos​​ y profesionales en torno a estrategias preventivas y holísticas​​ para trabajar con​​ la problemática del maltrato de menores. En el mismo se crearon unos proyectos innovadores sobre prevención y recopilación de información sobre​​ maltrato,​​ pero hay que estudiar detenidamente el cumplimiento con dicho plan.​​ Evaluar,​​ además,​​ si la Junta Transectorial Comunitaria de Apoyo y Educación a la Familia sigue reuniéndose y su ejecutoria desde que fue creada por la Ley 246-2011.

          • Evaluar algunos programas que han existido​​ o existen​​ en el Departamento de la Familia, como Proyecto REDES (Red de Apoyo Familiar y Convivencia Comunitaria), Programa Nidos Seguros (programa de ayuda y apoyo a embarazadas) y otros para ver si están funcionando​​ adecuadamente​​ y fortalecer aquellos que​​ hayan dado resultados positivos.​​ Evaluar además aquellos programas que han existido o existen en el Departamento de Salud relacionados al tema de la niñez, prevención y maltrado como aquellos adscritos al Programa de la Madre y el Niño, toda vez que,​​ con los cambios​​ estructurales​​ de gobierno se desmantelaron​​ y/o desatendieron​​ programas que han sido​​ efectivos.

          • Evaluar el cumplimiento de la Ley 158 de 2013 que creó los Centros de Servicios Integrados a Menores Víctimas de Abuso Sexual (CIMVAS).

          • Dar seguimiento y diseminar los programas y equipos de apoyo multisectoriales que puedan desplazarse a escuelas, el hogar o la comunidad donde reside un menor identificado tempranamente como de alto riesgo de incurrir en conductas inadecuadas. Los Departamentos de la Familia, Justicia, Educación, Salud, Recreación y Deportes, Trabajo y Salud, a través de ASSMCA, además de los municipios donde resida el menor, participarán de este esfuerzo.

 

  • JUVENTUD

La juventud puertorriqueña ha sido uno de los sectores que más ha sufrido la crisis económica, política y social que atraviesa el país.​​ La falta de empleos, de servicios de salud, de servicios educativos y el crimen, son algunos de los síntomas de la crisis socioeconómica existente en Puerto Rico y algunos de los factores principales por los cuales la juventud puertorriqueña se ve forzada al éxodo.​​ 

La juventud​​ representa el grupo de edad con la tasa de desempleo más alta entre las personas hábiles para trabajar. Según estadísticas recientes del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, ocho de cada 10 jóvenes en plena edad productiva, de 20 a 24 años, están desempleados.​​ Más de la mitad de los homicidios reportados tienen como víctimas a menores de treinta años. A su vez, Puerto Rico figura entre las naciones con las tasas más elevadas de homicidios entre los jóvenes de 15 a 29 años por unidad de población. Un 36 por ciento de la población penal está compuesta por jóvenes entre los 18 y 29 años de edad. Y se ha reportado que, al momento de cometer delito, el 57 por​​ ciento de la población penal estaba desempleada, el 48 por ciento tenían ingresos anuales de $20,000 o menos, el 38 por ciento tiene un nivel de escolaridad de noveno grado o menos y un 69 por ciento ha sido usuaria de drogas (aunque no todos padezcan de adicción).

Al proponernos un proyecto político para construir un país próspero en el cual impere la justicia social es imprescindible crear las condiciones sociales necesarias para detener el éxodo masivo de nuestra juventud. Perdemos gran parte de nuestra población en edad productiva que tienen el potencial de emprender gestiones empresariales y laborales que aportarían al desarrollo económico de Puerto Rico. La emigración representa la fuga de las destrezas, talentos y capacidades en las cuales nuestro pueblo invirtió a través del Departamento de Educación, la Universidad de Puerto Rico e instituciones privadas.​​ Para el año fiscal 2015-2016 los presupuestos del Departamento de Educación (DE) y la Universidad de Puerto Rico (UPR) ascendieron​​ 3.2 mil millones​​ y​​ 1.4 mil millones​​ de dólares respectivamente.  En ambos casos, sobre el 60 por ciento de esta inversión proviene del Fondo General.​​ No podemos permitir que nuestra inversión se diluya en el abismo de la emigración. En esta coyuntura de crisis económica nos corresponde crear las condiciones para que nuestra juventud no se vea obligada a abandonar su terruño. 

Proponemos invertir los recursos del Estado en proyectos de desarrollo económico que creen las condiciones laborales para retener a nuestra juventud. Crear las condiciones socioeconómicas adecuadas en las instituciones que forjan y emplean a nuestros jóvenes contrarresta la desigualdad conducente al crimen y la deserción escolar y universitaria. 

Esta generación puertorriqueña sólo ha conocido la debacle y la crisis del ELA colonial. Esta sección del programa de gobierno busca inculcarle la esperanza, la seguridad y la acometividad a nuestra juventud para enfrentar los retos. Para hacer realidad la aspiración de las generaciones más entradas en edad, de legarle a nuestra juventud un país con un futuro menos sombrío, presentamos las siguientes propuestas:

 

  • EDUCACIÓN /​​ JÓVENES EN EDAD ESCOLAR

 

Los jóvenes en edad escolar expresan frustración ante los efectos de políticas educativas que durante décadas han estado mal orientadas. Las​​ mismas han mostrado ser medidas inefectivas por parte de un gobierno que no le presta la atención que los jóvenes requieren. Es por eso que el sistema escolar pierde pertinencia.  Por otra parte, las deficiencias crecientes en el aspecto psicológico, motivacional y familiar conducen a una cantidad importante de jóvenes a sentirse desmotivados, a no mostrar apego a su escuela y a su comunidad, a desertar o exhibir comportamientos sociales delictivos.​​ 

Por estas razones el PIP se compromete a iniciar una verdadera​​ reforma educativa, la cual se analiza detalladamente en la parte de este Programa que discute el tema de Educación.​​ 

  • REFORMA EDUCATIVA:

 

    • Cada estudiante debe jugar un rol participativo, cónsono con su edad o estado de desarrollo, y decisional en lo que respecta a la orientación de su futuro educativo en temas tales como las materias que tomará, y si sus estudios estarán concentrados hacia las artes, deportes, estudios profesionales, vocacionales u otras alternativas. Para esto los salones o unidades de enseñanza deben contar con una proporción adecuada de profesores y estudiantes.

    • La ampliación de las opciones educativas vocacionales, construyendo o reorganizando escuelas para ampliar la oferta de cursos prácticos a tenor con la realidad del mercado de empleo y los avances tecnológicos.

    • Que se provean opciones alternas a la escuela tradicional para desertores o desertoras escolares de forma tal que puedan encontrar maneras de adquirir destrezas educativas y vocacionales. Es indispensable que se ayude tempranamente a las familias cuando comienzan a confrontar problemas de conducta con sus adolescentes o exhiben factores de riesgo mediante el desarrollo de servicios de intervención multidisciplinaria. Para lograr esto, los Departamentos de la Familia y Educación tendrán que trazar estrategias coordinadas.

    • Devolver al currículo regular la integración de programas de idiomas, bellas artes y de educación física, tan abandonados por las pasadas administraciones.

    • Implantación de programas en horario escolar extendido que incluyan la promoción de actividades deportivas, artísticas y de servicios comunitario que conviertan a las escuelas y a las organizaciones comunitarias en recursos que promuevan el que los jóvenes se mantengan en actividades sanas y dirigidas al fortalecimiento de su desarrollo valorativo, social y emocional.

    • Promover la participación e integración de figuras destacadas en las distintas áreas del deporte y de las bellas artes para que participen de clínicas y talleres dirigidas a los jóvenes, motivándolos a ver en el deporte una vía de recreación y superación.

    • Desarrollo de un programa de apoyo multidisciplinario para intervenir con jóvenes en alto riesgo o identificados con problemas de conducta, que asuma los distintos escenarios en que se desenvuelven (escuela, hogar, comunidad) y que recabe el apoyo de profesionales especializados en las diversas agencias gubernamentales, tomando siempre en consideración programas o iniciativas innovadoras y efectivas ya experimentadas.​​ 

    • Programas de verano educativos y de interés para la juventud, que contribuyan a la formación integral del estudiante y al fortalecimiento de sus valores morales y sociales.

 

  • UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO /​​ JÓVENES EN EDAD UNIVERSITARIA

 

La Universidad debe ser instrumento de formación de profesionales comprometidos con su país; la Universidad de Puerto Rico no debe estar sujeta a directrices o intereses que responden primariamente al mandato político de turno. Es necesario encarrilar la educación universitaria como instrumento de la juventud para aportar el máximo de su potencial y capacidades a su país y al bienestar general, y no meramente como un fin de obtener un empleo bien remunerado o satisfacciones individuales. Durante los últimos años el alza en los costos y cuotas de matrícula, la imposición de cuotas especiales, sumado al aumento en los precios del hospedaje, el agua, la luz, libros, transportación y materiales, entre otros, han transformado la carrera universitaria en una extremadamente onerosa que ha provocado el aumento de las deudas estudiantiles, a la vez que ha desincentivado y desanimado a la juventud que decide continuar con sus estudios. Como una forma de lidiar con esta problemática, el PIP propone:

  • Constituir una nueva Ley orgánica de la Universidad de Puerto Rico que garantice:

  • Aumento en la participación estudiantil en la dirección de la Universidad (por ejemplo, en la Junta de Gobierno), en condiciones de igualdad con los administradores académicos, la facultad y el personal no docente.

  • Injerencia en el proceso de decisión, evaluación y selección de los miembros de las juntas rectoras del Sistema Universitario, ya sea por votación directa o por representación, en igualdad de condiciones con los demás miembros de tales juntas.​​ 

  • Revisión periódica obligatoria de los currículos, con participación directa y sustancial de la comunidad estudiantil.

  • Una matrícula justa y proporcional, que se ajuste al nivel de ingresos y capacidad de pago del estudiante, para asegurar el acceso de todos al sistema universitario sin que medien consideraciones económicas.

  • Expandir los programas de estudio y trabajo y sus remuneraciones de manera escalonada, estableciendo como prioridad que se otorgue la mayor cantidad de plazas de empleo posibles a los estudiantes de cada Recinto.

  • Promover un ambiente adecuado, ameno y saludable para el estudio, dentro y fuera de la Universidad, que tenga como objetivo conservar y mejorar la salud física y mental del universitario, además de asegurar su permanencia en la universidad e incentivar la continuación de sus estudios.

  • Reducir el hacinamiento de automóviles y escasez de estacionamientos en los Recintos de la isla, creando legislación para establecer tarifas preferenciales para el uso de trasporte público a los jóvenes universitarios.

  • Habilitar estacionamientos alternos cercanos a los Recintos, con transportación colectiva gratuita entre éstos.

  • Establecer servicios específicos, incluyendo hogares hospedajes, para la población de jóvenes residentes en hogares de crianza o sustitutos que han cumplido los 18 años y que por ello no cualifican para seguir bajo la tutela del Departamento de la Familia.

  • Establecer incentivos para estudiantes sobresalientes a través de becas (estatales y municipales) y descuentos en matrícula, entre otros.

  • Clarificar y fortalecer mediante la revisión profunda y orientada de la legislación que establece el sistema de servicios de promoción de salud integral, disponible para jóvenes entre 18 y 21 años de edad que, por ello, no cualifican para seguir bajo la custodia del Departamento de la Familia, ni cualifican para recibir ayudas económicas ni para vivienda pública. El "limbo" sistémico en la provisión de servicios a esta población los ubica en una posición vulnerable y de alto riesgo para exhibir comportamientos sociales delictivos (como integrarse a la economía subterránea del trasiego de drogas) o comportamientos que pueden ir en deterioro de su salud y bienestar pleno.

  • Impulsar una reestructuración administrativa y académica de la Universidad de Puerto Rico que elimine las ineficiencias que redundan en gastos excesivos con el fin de invertir las economías en proyectos que revitalicen la institución.

  • Legislar para que el Departamento de Educación y la Universidad de Puerto Rico desarrollen planes estratégicos quinquenales para atender el aprovechamiento académico del estudiantado del DE y así lograr economías en cursos básicos y remediales de la UPR.

  • Restablecer la fórmula de 9.6% del fondo general del gobierno establecida por la Ley 1 del 1966, tomando en consideración que la deuda total de la Universidad de Puerto Rico solo representa menos del 1% de la deuda total del gobierno. Es menester reconocer que la UPR no representa un gasto, sino una inversión para el país que es transformado en una aportación de $100 millones de dólares anuales en impuestos directos al gobierno por parte de la UPR, actividad de producción en sectores de la economía de Puerto Rico ascendientes a $1,563,000 por cada millón de dólares desembolsados por la UPR, su Sistema de Retiro y sus agentes asociados; veinte (20) centavos de cada dólar que la UPR invierte en formar una clase graduada para beneficio de los puertorriqueños y una capacidad de generar ciento setenta (170) trabajos adicionales en otros sectores de la nación por cada cien (100) empleos directos creados por el gasto del conglomerado de la UPR.​​ 

  • Rechazar tanto el Plan Fiscal de la Junta de Control Fiscal que propone el desmantelamiento total del sistema, como el Plan Fiscal de La Junta de Gobierno de la UPR que cumple con más del 50% de lo delineado por la JCF y tiene proyectado cumplir en su totalidad con​​ lo ordenado por la Junta de Control Fiscal. Para materializar este rechazo el PIP propone:​​ 

  • Restablecer la totalidad de las exenciones de matrícula para atletas, banda, coro y orquesta; estudiantes de honor y aquellos con necesidades económicas.

  • Evitar el cierre de recintos, pues, además de cada uno de ellos tener sus particularidades que los distinguen en el ámbito académico y administrativo, los recintos fungen como una opción para estudiantes de escasos recursos que no cuentan con los recursos para hospedarse en recintos que queden lejos de sus pueblos.

  • Evitar que continúen los recortes presupuestarios al sistema que ya ha sufrido recortes que suman a más de $850 millones de dólares; $550 millones de dólares luego de la congelación de la formula del 9.6% bajo la administración de Alejandro García Padilla y $300 millones luego del establecimiento de la JCF, significando esto una perdida de más de la mitad de su presupuesto operacional.

  • Evitar la eliminación significativa de cursos por la falta de recursos y/o profesores. Esto salvaguardaría la calidad académica del sistema.​​ 

  • Bajar los costos de los créditos y otros cargos relacionados a la matricula de cada estudiante al costo original previo a la creación de la JCF.​​ 

  • Impulsar el desarrollo de programas que permitan la integración de personas de sectores de escasos recursos y/o residenciales a la comunidad universitaria.

  • Desarrollar programas que permitan la integración de personas con diversidad funcional a la comunidad universitaria y que brinden todos los recursos necesarios según la necesidad individual.​​ 

  • Habilitar espacios gubernamentales como hospedajes para estudiantes de escasos recursos.​​ 

  • Identificar atractivos en los campus que puedan ser habilitados para desarrollar ingresos para el recinto. Por ejemplo: habilitar el mariposario del recinto de Utuado para recibir público general y recibir una aportación por su visita.​​ 

  • Bajo la administración del Partido Independentista Puertorriqueño, a la hora de otorgar contratos de servicios externos, se considerará a la UPR como primera opción siempre que ésta sea capaz de ofrecer el servicio.​​ 

 

  • PARTICIPACION POLÍTICA

 

    • Promover la participación activa e integración del estudiantado en los procesos organizativos, sociales y decisionales que afectan su educación y desarrollo individual. Para esto es menester:

      • Introducir legislación en la que se establezca el derecho del estudiantado de escuela superior a organizarse en consejos de estudiantes con el propósito de ampliar, conjuntamente con el magisterio y los padres y madres, la participación del estudiantado en las decisiones del proceso de enseñanza-aprendizaje, y como mecanismo de desarrollar destrezas de liderato.

      • Incentivar actividades relacionadas al arte, tanto en las escuelas como en las comunidades: estableciendo programas de teatro, música, artesanía y otras artes liberales en éstas y promoviendo y apoyando las iniciativas comunales donde se utiliza el arte como mecanismo de integración social, toma de conciencia y de compromiso social de cada individuo, además de como fuente de promoción para la salud integral para el pueblo.

 

    • Establecer un centro de votación en cada recinto del sistema universitario para que aquellos estudiantes que se encuentren hospedados en el recinto o en áreas aledañas no pierdan la oportunidad de participar del proceso electoral. Dichos estudiantes deberán cumplir con lo establecido en la Ley Electoral y mostrar identificación de estudiante y/o copia de su matrícula universitaria como evidencia de que son estudiantes del recinto. Aquellos estudiantes que deseen votar con la papeleta de su pueblo, tendrán que solicitarlo 50 días antes del evento al oficial electoral asignado. Sin embargo, aquellos estudiantes que vayan, sin haber​​ solicitado la papeleta de su pueblo, al centro de votación dentro del recinto podrán ejercer el voto únicamente en las papeletas nacionales.​​ 

 

  • EMPLEO

 

    • Estimular la creación o disponibilidad de empleos para jóvenes, en el sector público y en el privado, durante los períodos de receso escolar, o durante el año escolar en horas en que los jóvenes están fuera de la escuela y sujetos a supervisión mínima. Se promoverá el desarrollo de programas de estudio y trabajo similares a los que se les proveen al estudiantado en las universidades. Áreas de trabajo podrían ser la biblioteca, el comedor escolar, mantenimiento de equipo deportivo, técnico de computadoras u otros equipos electrónicos, empleos de tutores, entre otros. Se fomentarán además proyectos innovadores dirigidos a que los jóvenes aprendan a desenvolverse económicamente y que desarrollen responsabilidad, buena organización del tiempo, puntualidad, entre otras.

 

  • SALUD

 

    • Establecer política pública para prevenir, atender, orientar, penalizar y dar seguimiento a la violencia en las relaciones de pareja, tanto con y entre menores como mayores de edad.

    • Incentivar la educación en salud y desarrollar programas de prevención y ayuda a jóvenes estudiantes, áreas que carecen de un plan eficiente y apropiado para asegurar el desenvolvimiento integral y armonioso del estudiante en su plano educativo, social y familiar. Estos programas deben, además, fomentar y facilitar la integración de los jóvenes en los procesos sociales que les incumben, promoviendo su salud integral y ayudando a prevenir, por ejemplo, los embarazos no deseados. Para lograr esto, proponemos:

      • Establecer programas educativos para el desarrollo de una sexualidad sana y responsable, donde se integre a la familia, el​​ estudiante, el personal escolar y la comunidad, a fin de prevenir los embarazos en adolescentes y el contagio de enfermedades de transmisión sexual. Estos programas, enfocados en la prevención en todas sus vertientes, serán ofrecidos atemperándose a las distintas etapas de desarrollo, tanto físico como mental, de los jóvenes, pero comenzarán a ofrecerse a edad temprana.

      • Apoyar económica y organizativamente proyectos escolares y comunitarios dirigidos a trabajar con la prevención del VIH/SIDA, así como de otras enfermedades de transmisión sexual; prevención y tratamiento de la anorexia y la bulimia; prevención del uso y abuso de drogas nocivas y prevención de suicidios, cuya tasa ha ido en constante aumento, haciendo uso de estrategias que apelen a esta población.

      • Velar por el cumplimiento cabal de la Ley 170, la creación escalonada de plazas de psicólogos y psicólogas escolares en las escuelas públicas, ajustándolas periódicamente a las necesidades del estudiantado y de la comunidad escolar. Los psicólogos y las psicólogas escolares son un pilar integral para la conservación y desarrollo de la salud mental de la comunidad escolar.

 

 

  • EL SISTEMA DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO​​ 

El PIP reconoce que el sistema de la Universidad de Puerto Rico (UPR) es el instrumento más importante para la implementación de las políticas de desarrollo económico, social y cultural que este programa propone para el futuro bienestar de nuestro pueblo. Conscientes de la importancia que tienen los once recintos del sistema para el desarrollo profesional y ciudadano de nuestra juventud proveniente de los sectores menos privilegiados, nuestro gobierno se compromete a establecer políticas que garanticen la continuidad y el desarrollo de cada una de estas unidades.​​ 

El PIP se reafirma en su visión de que el dinero que se asigna a la educación superior no es un gasto y sí una inversión, y que la UPR constituye el más importante espacio de libertad, diálogo y desarrollo de pensamiento crítico, artístico y cultural, esenciales para el pleno desarrollo de una sociedad​​ democrática. El sistema de la UPR mantendrá su condición de Universidad del Estado a la que se le restablecerá su autonomía institucional severamente limitada, mientras se discute y aprueba una nueva ley que amplié y garantice una real autonomía universitaria que mantenga a los intereses político-partidistas fuera de sus estructuras administrativas. Esta nueva ley contará con la discusión y aportación de todos los sectores que componen la comunidad universitaria en un escenario de total libertad, tolerancia, y convivencia democrática, contribuyendo a la transformación administrativa, social y cultural de la universidad.

En los últimos años, la UPR se encuentra en la mira de la Junta de Control Fiscal (JCF). ​​ En complicidad con la Junta de Gobierno y el gobierno de Puerto Rico, la JCF ha puesto en precario a la Universidad de Puerto Rico. El 30 de agosto de 2018, la Junta de Control Fiscal emitió una carta al entonces Gobernador acusando recibo y contestando el nuevo plan fiscal de la Universidad de Puerto Rico. Las recomendaciones de la Junta propusieron más reformas a la Universidad, aumentando la precariedad del sistema. Las principales propuestas de la Junta colonial consisten en: la eliminación de las exenciones de matrícula, aumentos a la matrícula graduada, reducción de personal y congelación de plazas vacantes, eliminación del bono de navidad, rebaja a la aportación del plan médico y cambiar el sistema de retiro de la Universidad a uno de contribución definida, junto a la reducción de las pensiones, entre otros. Estas medidas ya han acelerado la preocupante emigración de nuestra clase trabajadora y productiva, en busca de mejores oportunidades y rehuyendo a estas medidas que retrotraen nuestro mercado laboral a los tiempos de la esclavitud. ​​ 

Estas propuestas asumen y manejan el concepto de capital humano como uno puramente economicista, de ingresos y gastos, en vez de verlo como una inversión en el país. El descaro de la Junta sugiere que se reduzca el número de estudiantes a ser admitidos en el futuro previsible en la UPR, para de esa forma se requieran menos profesores. En otras palabras, la Junta, para cumplir su labor de agente de cobros de los bonistas, está dispuesta a reducir la cantidad de estudiantes que la universidad acepte y convertir en un simple negocio, la administración de la UPR. Lamentablemente, los gobiernos de turno lo han hecho, hoy por imposición colonial, y en el pasado por falta de voluntad política.​​ 

Resulta altamente preocupante que la Junta nuevamente embistió contra las pensiones al exigir cambiar el sistema de retiro de la Universidad a uno de contribución definida, junto a la reducción de las pensiones, como ya lo ha propuesto para los demás sistemas de retiro del gobierno. En este tema, la Junta no toma en cuenta que el Sistema de Retiro de la UPR posee un Fideicomiso, que es el dueño de los fondos, y que está protegido contra la intervención de terceros, incluyendo el gobierno estatal o federal. La Junta tampoco considera el hecho de que la administración por parte de la Junta de Retiro ha sido muy diligente, asumiendo medidas para preservar la salud fiscal del sistema de retiro de la UPR, que al día de hoy –podemos confirmar que está solvente- cuenta con una cartera de 1.4 billones de dólares.

Es por todo lo anterior, que la principal propuesta del Partido Independentista Puertorriqueño, para la Universidad de Puerto Rico es restablecer la fórmula de 9.6% del fondo general del gobierno establecida por la Ley 1 del 1966, tomando en consideración que la deuda total de la Universidad de Puerto Rico solo representa menos del 1% de la deuda total del gobierno. En segundo lugar, rechazar el Plan Fiscal de la Junta de Control Fiscal que propone el desmantelamiento total del sistema. De igual forma, rechazar el Plan Fiscal de La Junta de Gobierno de la UPR, pues, el mismo cumple con más del 50% de lo delineado por la JCF y tiene proyectado cumplir en su totalidad con lo ordenado por la Junta de Control Fiscal.

Por ello propondremos una nueva Ley orgánica de la UPR tomando como base el anteproyecto elaborado por la​​ Comisión Multisectorial para la Reforma Universitaria​​ (CMRU). ​​ Mediante un proceso inclusivo de Vistas Públicas, la restructuración de la UPR tiene que incluir el impulsar que el presidente de la UPR y los miembros de la Junta de Gobierno que actualmente son electos por el ejecutivo y la rama legislativa de Puerto Rico, sean seleccionados de manera democrática por los miembros de la comunidad universitaria de la UPR, con el fin de eliminar la politización del sistema universitario.

La nueva administración universitaria garantizará el libre flujo de información, aportará fondos a la investigación en las diversas áreas del saber y respetará la libertad de expresión intelectual con el propósito de maximizar el desarrollo cognoscitivo, creativo, lingüístico, emocional y psicomotor del estudiantado. Este proceso se llevará con la mínima intervención del estado, de manera que incida lo menos posible en el espíritu universitario y en los postulados educativos que se quieran establecer en la institución. Esto requiere​​ la implementación de nuevos estilos administrativos y de métodos, procesos y estrategias interdisciplinarias, tanto técnicas científicas como pedagógicas, que garanticen la diversidad, la excelencia académica y el desarrollo tecnológico, científico y humanista para nuestro estudiantado. En este proceso es necesario consolidar alianzas estratégicas entre el gobierno, el sector productivo, comunidades organizadas, organizaciones civiles e instituciones de educación superior nacionales e internacionales.

La UPR es clave para desarrollar en el país una sociedad donde el conocimiento, solidaridad y justicia sean los elementos que lideren al mercado y no el mercado a nuestra Universidad. Estudios señalan que tres de cada cinco empleos requieren de dos años o más de estudios postsecundarios, por lo cual la calidad de la educación superior es el instrumento indispensable que les permite a los estudiantes enfrentar el mercado laboral con más oportunidades de éxito. La educación secundaria es un eslabón esencial para la transición a la educación superior; por ello hay que establecer redes de apoyo mutuo de manera que podamos insertar un mayor número de estudiantes de escuela secundaria pública, a la universidad pública.

  • HERRAMIENTAS ECONÓMICAS, LEGALES Y TECNOLÓGICAS

El gobierno del PIP le brindará a la comunidad universitaria las herramientas económicas, legales y tecnológicas necesarias para que sea esa comunidad quien construya la Universidad que exige el Siglo XXI. La misma estará orientada a la creación del conocimiento como bien público para alcanzar un desarrollo interno sostenible que nos permita entrar en la economía mundial con capacidad competitiva y responsabilidad social. Una universidad con la capacidad de recuperar y reagrupar a los intelectuales y científicos que han emigrado para reforzar al talento local en el nuevo proyecto de conocimiento para el país y la región del Caribe y las Américas, siguiendo los parámetros de los organismos internacionales como la UNESCO. A estos propósitos se crearán y apoyarán institutos y grupos de investigación entre gobierno, universidad pública y privada, empresas, organizaciones ambientales, comunitarias, cooperativas, sociedad civil e intelectuales de calibre internacional. Se brindará todo tipo de apoyo e inversión en proyectos de desarrollo económico, social, científico, tecnológico, agrícola, social y cultural a nivel nacional y regional.

Abogamos, además, por una educación formal de calidad y la misma vez rigurosa. Sabemos que la mejor calidad está relacionada a la pertinencia y la personalización, pero este tipo de educación formal es difícil de lograr hoy día sin el uso apropiado de la tecnología. También sabemos que la educación formal debe contribuir a insertar a los y las egresados/as productivamente en la economía más globalizada. Esta formación académica no se puede lograr cabalmente sin la educación a distancia internacional. Por estas razones, el PIP aboga por más tecnología apropiada y más programas a distancia en el sistema educativo del país. Esta empresa social tiene que venir acompañada por la socialización y democratización de un servicio nacional de comunicaciones que brinde conectividad efectiva al mejor precio. Esto es lograble si invertimos en nuestros sistemas de provisión, distribución y generación de energía para el beneficio del pueblo. A estos efectos contamos con el intelecto y la infraestructura para lograrlo.

En el logro de estos postulados la UPR tomará como guías estratégicas los principios educativos desarrollados por miembros de su comunidad interna y por la UNESCO en su documento titulado​​ La nueva dinámica de la Educación Superior (2009):

  • Equidad de oportunidades educativas avanzadas para todos los ciudadanos al menor costo posible, con miras a reducir los costos actuales;

  • Sistemas modernizados con una amplia oferta académica accesible a los sectores con menos capacidad económica;

  • Educación superior de mayor pertinencia y relevancia social vinculada al campo laboral y técnico, y al pleno desarrollo humano, al respeto de los derechos de la juventud, los derechos humanos y la educación como derecho” llave” que propicia otros derechos;

  • Una universidad desmilitarizada como factor clave para la identidad cultural, el desarrollo sostenido, con capacidad constructiva y defensora de los derechos humanos, la solidaridad internacional, la democracia, la paz y la justicia social;

  • Educación interdisciplinaria y transdisciplinaria orientada hacia la integración de todos los saberes y fondos de conocimiento, que valide la inteligencia socioemocional, la diversidad cultural, la salud integral, el trabajo, en equipo, la protección del ambiente y la promoción de la​​ productividad al servicio de la humanidad; y la sostenibilidad para las próximas generaciones;

  • Mayor inversión en currículos innovadores basados en la problematización, el servicio, los retos del mundo real y la creación de proyectos que fomenten la creatividad y la innovación en los estudiantes, desarrollando así agentes de cambio para nuestra sociedad;

  • Educación a distancia de calidad y accesible; más tecnología apropiada y más programas a distancia en el sistema educativo del país, que nos proyecte al escenario latinoamericano, norteamericano y mundial. Esta empresa social tiene que venir acompañada por la socialización y democratización de un servicio nacional de comunicaciones que brinde conectividad efectiva al mejor precio y que garantice estabilidad.​​ 

  • SOBRE EL MANEJO DE LOS RECURSOS​​ 

El PIP establece el compromiso de combatir toda manifestación de privatización de la UPR y sus dependencias por entender que éstas son imprescindibles para el desarrollo económico sostenible y la creación de la sociedad de conocimiento, solidaridad y justicia a la que aspiramos los que queremos vivir en una democracia real y transparente. Es en este interés que nos comprometemos a maximizar su eficiencia y rendimiento ante el pueblo que la sostiene fiscalmente. La administración debe realizar el máximo esfuerzo por cumplir con su función de servicio, de establecer mecanismos que fortalezcan su estado financiero y la transparencia en la rendición de cuentas en el uso de los fondos públicos.​​ 

Para el PIP es fundamental propiciar en unión a los sectores universitarios un cambio en la forma dirigista con que los gobiernos se han relacionado con la Universidad, procurando el desarrollo de una comunidad que ilumine las gestiones gubernamentales. Para ello proponemos:

Restablecer la fórmula de 9.6% del fondo general del gobierno establecida por la Ley 1 del 1966, tomando en consideración que la deuda total de la Universidad de Puerto Rico solo representa menos del 1% de la deuda total del gobierno. De igual forma, considerando que la UPR no representa un gasto, sino una inversión para el país que es transformado en una aportación de $100 millones de dólares anuales en impuestos directos al gobierno por parte de la UPR, actividad de producción en sectores de la​​ economía de Puerto Rico ascendientes a $1,563,000 por cada millón de dólares desembolsados por la UPR, su Sistema de Retiro y sus agentes asociados; veinte (20) centavos de cada dólar que la UPR invierte en formar una clase graduada para beneficio de los puertorriqueños y una capacidad de generar ciento setenta (170) trabajos adicionales en otros sectores de la nación por cada cien (100) empleos directos creados por el gasto del conglomerado de la UPR.

Rechazar el Plan Fiscal de la Junta de Control Fiscal que propone el desmantelamiento total del sistema. De igual forma, rechazar el Plan Fiscal de La Junta de Gobierno de la UPR, pues, el mismo cumple con más del 50% de lo delineado por la JCF y tiene proyectado cumplir en su totalidad con lo ordenado por la Junta de Control Fiscal. Al rechazar ambos Planes Fiscales significa entonces que el PIP propone:

    • Restablecer la totalidad de las exenciones de matrícula para atletas, estudiantes músicos de banda sinfónica, coro, conjuntos musicales y orquesta de cámara; estudiantes de honor y aquellos con necesidades económicas.​​ 

    • Evitar el cierre de recintos, pues, además de cada uno de ellos tener sus particularidades que los distinguen en el ámbito académico y administrativo, los recintos fungen como una opción para estudiantes de escasos recursos que no cuentan con los recursos para hospedarse en recintos que queden lejos de su residencia.

    • Evitar los recortes al sistema, pues, entendemos que la universidad no debe recibir un solo recorte más; ya ha sufrido recortes que suman a más de $850 millones de dólares; $550 millones de dólares luego de la congelación de la fórmula del 9.6% bajo la administración PPD de Alejandro García Padilla y $300 millones luego del establecimiento de la JCF, significando esto una pérdida de más de la mitad de su presupuesto operacional.​​ 

    • Evitar la eliminación significativa de cursos por la falta de recursos o profesores. Esto salvaguardará la calidad académica del sistema.​​ 

    • Bajar los costos de los créditos y otros cargos relacionados a la matrícula de cada estudiante al costo original previo a la creación de la JCF, y en el futuro seguir reduciendo los costos. Este es un análisis económico que hay que realizar conforme los niveles de​​ pobreza y el significado socioeconómico de invertir en la educación superior.​​ 

  • SOBRE GOBERNANZA, RECURSOS HUMANOS, PROCESOS SOLIDARIOS Y MÁS PARTICIPATIVOS

 

        • Impulsar una nueva Ley de Reforma Universitaria elaborado por la​​ Comisión Multisectorial para la Reforma Universitaria​​ (CMRU)y sometida desde marzo 2020 al Senado de Puerto Rico. Este proyecto contó con la discusión y aportación de todos los sectores que componen la comunidad universitaria. La restructuración de la UPR tiene que incluir que el presidente de la UPR y los miembros de la Junta de Gobierno que actualmente son electos por el ejecutivo y la rama legislativa de Puerto Rico, sean seleccionados de manera democrática por los miembros de la comunidad universitaria de la UPR, con el fin de eliminar la politización del sistema universitario.

        • Favorecer y reconocer el derecho a la Negociación Colectiva y el reconocimiento de la Unidad Apropiada del Personal Docente. Procuramos mejorar las condiciones laborales, salariales y de beneficios marginales de este importante sector. Esta es la tendencia en los países más desarrollados como Francia, Suecia, Argentina y otros.

        • Mantener el Plan de Retiro de la UPR como uno de Beneficios Definidos, detener cualquier intención de aumentar la edad para jubilación de los servidores públicos del sistema de la universidad y detener cualquier intención de congelar las aportaciones de los empleados al Fideicomiso de Retiro de la UPR.

        • Explorar responsablemente un sistema de repago parcial de la inversión en la carrera del estudiantado egresado para dotar un fondo de becas.

        • Aumento de currículos flexibles que faciliten el movimiento de estudiantes de distintas regiones y niveles socio-económicos y que satisfagan sus necesidades, intereses y vocaciones particulares, articulando los ofrecimientos académicos dentro del sistema y entre las otras instituciones de educación superior pública. Establecer la coordinación de las Escuelas Vocacionales y Tecnológicas con diversos recintos universitarios para lograr admisiones articuladas.

        • Educación a distancia de calidad y excelencia, aprovechando su enorme potencial para atraer estudiantado subgraduado y graduado​​ de América Latina y Estados Unidos y otras regiones, que ampliará la proyección internacional. Para ampliar los ofrecimientos a la comunidad, abogamos por fortalecer la Corporación para la Difusión Pública y WIPR como otro instrumento de educación a distancia.

        •  ​​​​ Brindarle los recursos necesarios a las facultades y departamentos para que transdisciplinariamente realicen más investigación en acción comunitaria, multimetodológica y participativa sobre los problemas que sufre la sociedad puertorriqueña y hacer uso del conocimiento acumulado para atisbar mejores soluciones.

        •  ​​​​ En la universidad coexistirán, de manera sustentable, las modalidades de educación a distancia y la educación presencial. Ambas modalidades, incluyendo la combinación de ambas, son necesarias para atender las necesidades de la población diversa y cambiante. La universidad presencial y robusta acogerá la educación a distancia que sea eficaz para mantener las interacciones vitales y significativas en tiempos de emergencias mundiales y desastres socionaturales.

        • ​​ La solidaridad alimentaria es vital y los Comedores Sociales han sido  ​​​​ claves en coyunturas críticas. Aunque en el Puerto Rico que aspiramos creemos que nadie deba sufrir de hambre, apoyaremos estos proyectos como alternativas en tiempos de emergencia.​​ 

        • ​​ Impulsar y reactivar iniciativas como la del​​ Colectivo de Acceso Universitario​​ que permita​​ incluir jóvenes y adultos​​ de sectores de escasos recursos económicos en la comunidad universitaria. Los CUA existen en 6 recintos y han demostrado​​ ser efectivos estimulando y apoyando académicamente a estudiantes de escuela secundaria a aspirar a la universidad. Asimismo, desarrollar nichos preuniversitarios para jóvenes que necesitan afinar sus competencias ciudadanas y cognitivas, antes de entrar a la universidad, en colaboración con las escuelas vocacionales y organizaciones de base comunitaria, científica, y artístico-cultural.

        • ​​ Dar más apoyo sistémico al Programa de Universidad en la Cárcel, una iniciativa que reconoce la educación auténtica como una herramienta de sanación y rehabilitación humana. ​​ 

        • ​​ Habilitar espacios gubernamentales para hospedajes para estudiantes de escasos recursos y necesidades especiales.

        • ​​ Desarrollar programas que permitan la integración de personas con diversidad funcional y doble excepcionalidad a la comunidad​​ universitaria y que brinde todos los recursos necesarios según la necesidad individual.

        • ​​ Derogar la actual política institucional de Contratos de Servicios Profesionales del personal docente de forma que estos puedan lograr acuerdos más justos, dignos y equitativos. Esta práctica de contratación afecta la calidad académica de la institución ya que obliga a estos docentes a laborar en distintas instituciones provocando una fatiga intelectual y evitando que éstos puedan desarrollar investigaciones. Se debilita también el Sistema de Retiro de la UPR al no recibir las aportaciones de este grupo de docentes. A estos fines estaremos restableciendo todas las fuentes de ingreso del fondo general que están dirigidos a la fórmula de la universidad para que cuenten con los fondos suficientes para la contratación de docentes en plazas regulares. Por ello, reestablecer una tasa saludable de plazas por personas que se retiran.

        • ​​ Con el aval que daremos a la nueva Ley de Reforma Universitaria apoyaremos los procesos democráticos, autónomos y consensados que permitirán una gobernanza ágil, que responda con transparencia a la comunidad universitaria. ​​ 

        • ​​ Institucionalizar la​​ Política de No Confrontación​​ mediante referéndum e incluirla en el reglamento de la universidad para garantizar un ambiente de paz, seguridad, tolerancia y derecho a la libre expresión de toda la comunidad universitaria.

        • ​​ Ratificar y defender los fondos que por ley le corresponden a la Universidad, su​​ libertad de cátedra​​ y la Autonomía Universitaria.

        • ​​ Proveer todos los recursos para que la UPR ponga al día la lista de propiedades que ha adquirido en los últimos 25 años provenientes del caudal de fallecidos intestados y sin herederos forzosos.

        • ​​ Fortalecer el Fondo Dotal de la UPR mediante el ofrecimiento de servicios profesionales del Personal Docente a las empresas, comercios, al gobierno de Puerto Rico y los gobiernos e instituciones del Caribe y Centro América. Ya la UPR cuenta con programas académicos a distancia que compiten a nivel mundial, otros programas interdisciplinarios e interfacultativos únicos en el Caribe que han atraído a estudiantes internacionales.​​ 

        • ​​ Fortalecer el vínculo entre la UPR y las comunidades con problemas económicos, sociales y de salud colectiva, a través del trabajo interdisciplinario y transdisciplinario que se ofrecen en los programas​​ académicos y de servicio de la institución, entre ellos los CUA, CAUCE, Deporte Comunitario, el Museo de Arte, Historia y Antropología, Proyecto PATRIA, entre otros.

        • ​​ Realizar reingeniería de los procesos administrativos para que más docentes puedan realizar Prácticas Intramuros, dar servicios a la comunidad universitaria a las agencias del gobierno y así aumentar los recursos fiscales de la Universidad.​​ 

        • ​​ Fomentar y apoyar el desarrollo de patentes de productos y de investigaciones universitarias que lleven a recaudar más fondos para la Universidad y aportar al desarrollo de empresas puertorriqueñas de alto impacto. Alentar al estudiantado de escuela secundaria a seguir currículo STEM para que se inserten en el desarrollo de inventos y creaciones.

        • ​​ Establecer un centro de votación en cada recinto del sistema universitario para que la comunidad estudiantil que se encuentre hospedada en el recinto o en áreas aledañas no pierdan la oportunidad de participar del proceso electoral. Dichos estudiantes deberán cumplir con lo establecido en la Ley Electoral y mostrar identificación de estudiante o copia de su matrícula universitaria como evidencia de que son estudiantes del recinto. Se garantizará, mediante la Ley Electoral, que todo estudiante que así lo solicite en un término establecido por Ley, podrá votar por los candidatos a los que tiene derecho, de conformidad con el lugar de su domicilio.

        • Apoyar la Red Sísmica establecida en el Recinto Universitario de Mayagüez cuya labor indispensable, y los currículos de Agricultura y Ciencias Agropecuaria establecidos en Utuado, que son únicos y esenciales para la sostenibilidad y descolonización alimentaria del país. Así como, reconocer que los recintos UPR mueven y alimentan la economía en sus municipios, por lo cual constituyen una inversión social y de capital humano (Alameda-Lozada y González-Martínez, 2016).

 

  • ANEJO: LEGISLACIÓN RADICADA SOBRE EDUCACIÓN SUPERIOR: UPR

P S1244

4/8/2019

Para enmendar el Artículo 1 de la Ley Núm. 20-1966, denominada “Ley de la Universidad de Puerto Rico”, y el Artículo 3 de la Ley Núm. 2–1966, conocida​​ como “Ley de Asignación de Fondos a la Universidad de Puerto Rico”, a los fines de declarar que la Universidad de Puerto Rico es un servicio público esencial de alto interés público y de garantizar su sostenibilidad presupuestaria a tenor con esa clasificación.

 

P S0345

2/23/2017

Para crear una Comisión Especial de la Comunidad Universitaria para Auditar la deuda de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

 

P S0596

6/22/2017

Para crear la “Ley de Preferencia Expresa para la Universidad de Puerto Rico (UPR) en todo Marco Regulatorio para la Investigación, Control de Calidad, Desarrollo e Innovación del Cannabis Medicinal”; cuyo propósito será el garantizar la inclusión efectiva de nuestra universidad como primera opción relacionada a las estructuras para la implantación de la política pública y procesos propuestos para el uso terapéutico-medicinal del mismo; así como para otros fines relacionados.

 

P S1140

11/1/2018

Para establecer la “Ley para la protección de madres estudiantes”; instituir el Permiso de sabática académica para madres estudiantes; y para decretar otras disposiciones complementarias.

 

P S1335

8/12/2019

Para añadir un nuevo subinciso (6) al inciso (m) del Artículo 23.05 y enmendar los Artículos 23.05 y 26.01 de la Ley Núm. 22–2000, según enmendada, denominada “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, a los fines de permitir que los conductores multados por violaciones a dicha ley puedan pagar las multas expedidas en las oficinas de recaudaciones de los once recintos de la Universidad de Puerto Rico; y para decretar otras disposiciones complementarias.

 

R S0852

9/5/2018

Para ordenar a la Comisión de Educación y Reforma Universitaria que realice una investigación sobre todo asunto relacionado con la situación fiscal del sistema de retiro de la Universidad de Puerto Rico, incluyendo la evaluación de su administración y operación; todo aquello relacionado con los beneficios que éste ofrece a sus participantes y pensionados; alternativas fiscales, operacionales, administrativas y de recaudos para fortalecer y garantizar su solvencia económica y para mejorar la administración de este sistema.

 

RCS0209

2/20/2018

Para ordenar a la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico que publique el borrador del Plan Fiscal y que haga partícipe a la comunidad universitaria de su discusión, evaluación y aprobación final.

 

RCS0233

4/25/2018

Para ordenarle a la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico que no imponga el alza en los costos de matrícula, ni el cierre y/o consolidación de recintos, así como ninguna otra recomendación, medida, plan fiscal o directriz generada por la Junta de Supervisión Fiscal impuesta a Puerto Rico por la Ley P.R.O.M.E.S.A., u ordenada al amparo de ese estatuto, que trastoque el costo per cápita de los servicios educativos, los derechos adquiridos del personal docente, personal no docente o de los estudiantes, la oferta y programación académicas y/o sociales de la institución o cualquier otro asunto inherente a la Universidad.

 

RKS0054

6/13/2018

Para exigirle al gobernador de Puerto Rico y a la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico que justiprecien el Plan Sostenible para la UPR (Plan SoS UPR, 2.0) sometido por un grupo de profesores del Recinto Universitario de Mayagüez, que recoge propuestas de diversos grupos de la comunidad universitaria, y acojan en los planes fiscales de la Rama Ejecutiva y de la UPR las propuestas expuestas en el documento referido.

 

RKS0059

9/5/2018

Para expresar a la Junta de Control Fiscal el más fuerte y enérgico rechazo a sus últimas exigencias a la Universidad de Puerto Rico, contenidas en su carta del 30 de agosto de 2018, en las cuales requieren cambios adicionales al Plan fiscal de la universidad.

 

  • PERSONAS MAYORES

La población de personas mayores en Puerto Rico ha crecido significativamente. Se estima que para el año 2025 el sector con sesenta años o más representará un 23 por ciento de nuestra población total. La mayoría de ellos viven en el área metropolitana y más de un 40 por ciento vive bajo condiciones de pobreza. Las personas mayores necesitan más y mejores servicios de salud, de cuidado diurno y residencial, acceso a medicamentos, atención a los problemas de violencia, mayor estabilidad económica al momento de su retiro o vejez y mejorar su calidad de vida. Durante años no se han asignado los recursos necesarios ni se han articulado políticas adecuadas a corto, mediano y largo plazo para atender las necesidades que tiene este sector poblacional.

De otra parte, predomina una concepción equivocada en nuestra sociedad de que envejecer es sinónimo de aislamiento, improductividad e inutilidad, en contraste con la gran aportación que continua haciendo este sector poblacional en diversidad de renglones: en términos económicos (por quienes continúan trabajando después de su retiro para complementar sus reducidos ingresos), en términos sociales (por el apoyo que éstas ofrecen a su progenie en el cuido de nietos y nietas, en gestiones personales y ayuda en el pago de deudas y por los servicios voluntarios que ofrecen en organizaciones no gubernamentales), y en términos educativos (como tutores, consejeros y abuelas y abuelos sustitutos de menores removidos), entre otros.

A pesar de su importancia, el país ha desarrollado un clima de hostilidad hacia las personas mayores, haciéndoles altamente vulnerables al maltrato, a la pobreza, al fraude, al crimen, al aislamiento social por no contar con métodos confiables de transporte, a padecer de enfermedades prevenibles por el pobre acceso a servicios de salud, recreación, vivienda, entre otras. Es indispensable eliminar toda forma de discrimen contra este sector, garantizarles el pleno disfrute de sus derechos humanos, una autoimagen saludable y​​ promover medidas que los ayuden, de acuerdo a sus posibilidades, a mantener la mayor independencia física, económica, mental y emocional.

Para este sector poblacional el PIP propone:

  • Dotar a la Procuraduría de las Personas de Edad Avanzada de los recursos económicos y humanos necesarios para enfrentar de forma planificada la explosión demográfica en el país de manera que pueda identificar y atender las necesidades particulares de esta población.

  • Tomar las medidas necesarias para proteger los sistemas de retiro de la empleomanía gubernamental.

  • Recopilar investigaciones gubernamentales y académicas que nos permitan llevar a cabo campañas educativas a través de los medios masivos sobre las etapas de la vida y el cambio demográfico y generacional, eliminar toda forma de discrimen contra las personas de edad avanzada, promover el disfrute pleno de sus derechos, y la importancia de conservar la salud física y mental, y evitar que sean víctimas de maltrato, violencia o fraude.

  • Organizar un Plan Nacional Integrado de Actividades y Proyectos para Personas Mayores que contribuya a que esta población se mantenga activa, y en la manera que sea posible, productiva a través de trabajos a tiempo parcial, del voluntariado, o desarrollo empresarial, que tenga una autoimagen saludable y que no estén impedidos de tener mayor independencia física, económica, mental y emocional.

  • Proveer, a través de los municipios, de la Procuraduría y del Departamento de Recreación y Deportes, servicios recreativos y de actividades deportivas para personas mayores.

  • Diseñar una Tarjeta Única de Descuentos para hacer uso de medios de transporte, disfrutar de espectáculos, actividades de recreación y educativas, pero minimizando el perjuicio a los productores de actividades y espectáculos.

  • Promover que se tome conocimiento de las necesidades particulares de este sector y de los cambios poblacionales a la hora de articular políticas públicas y en la toma de decisiones en agencias, tales como, Oficina de​​ Gerencia de Permisos, la Junta de Planificación, los Departamentos de Vivienda, Salud, y Familia, y en los Planes de Ordenamiento Territorial de los Municipios.

  • Promover cooperativas de vivienda, instalaciones de salud comunitaria y de servicios sociales integrados para personas mayores, dando especial atención a aquellos que no cuentan con descendientes, familiares cercanos o a los cuales se les dificulta ser atendidos por sus hijos e/o hijas.

  • Proveer subsidios y descuentos especiales en la compra de medicamentos, promoviendo acuerdos gubernamentales con las farmacéuticas establecidas en el archipiélago, que a pesar de contar con numerosas exenciones contributivas y de producir aquí una gran cantidad de los medicamentos más utilizados por las personas mayores radicadas en Puerto Rico, se nos venden a precios exorbitantes.

  • Hacer cumplir las disposiciones de centros de cuidado diurno y residencial, relativas a la supervisión, evaluación y licenciamiento, aumentando el número de inspecciones y creando un reglamento uniforme para el uso de todas las agencias reguladoras.

  • Aumentar los servicios de transportación asistida, acompañantes y amas de llave, y apoyar organizaciones comunitarias que ofrezcan servicios de respiro a familias.

  • Promover el cumplimiento de la Ley 17 del 23 de enero de 2006 (de nuestra Delegación Legislativa) que establece la preferencia en la otorgación de empleos para personas mayores que no han completado los trimestres necesarios para recibir su seguro social.

  • Promover cambios al ordenamiento existente para dar protección a aquellos cónyuges que, al afrontar su viudez, sólo cuentan con una protección mínima en cuanto a la vivienda adquirida con su pareja.

  • Las agencias y municipios tendrán la obligación de orientar a sus empleados sobre la importancia de planificar con tiempo planes de retiro y ahorro para la jubilación, manejo de presupuesto y procesos de ajuste en la etapa de jubilación.

  • Se coordinarán alianzas con empresas privadas, organizaciones de base comunitaria y de Fe, organizaciones sin fines de lucro y comunitarias, en​​ áreas como: aprovisionamiento de comidas calientes a quienes lo necesiten, reparación de daños o modificaciones en sus viviendas, arreglos menores de plomería, electricidad, filtraciones, enseres, entre otros.

  • Se tomarán las medidas para atajar el déficit previsto en los sistemas de retiro de empleados de gobierno, generado por décadas de pésima administración, y se establecerán mecanismos de supervisión y fiscalización para evitar que esta crisis se continúe repitiendo.

  • Promover la educación de profesionales relacionados a la geriatría y gerontología mediante acuerdos con instituciones académicas, otorgación de becas o incentivos a investigaciones.

  • Tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad económica de personas envejecidas, con impedimento o incapacitadas por condiciones de salud.

  • Desarrollar programas a nivel municipal o regional que incentiven la actividad física y el acceso a servicios médicos para población envejecida.

  • Considerar en el diseño e implantación de políticas de salud, las particulares necesidades de las mujeres envejecidas, y la frecuente falta de recursos para el tratamiento médico de condiciones crónicas o el desarrollo de limitaciones físicas asociadas a la vejez.

  • Promover la integración de personas mayores a actividades comunitarias, bien como empleo remunerado, de voluntariado o desarrollo empresarial.

  • Promover el desarrollo de comunidades de vida asistida para personas envejecidas y ampliar los servicios de ama de llaves.

  • Desarrollar política pública para establecer programas de educación y apoyo a personas cuidadoras de pacientes de enfermedades debilitantes tales como Alzheimer, fibromialgia o de condiciones que requieran la atención continua de personas envejecidas.

 

  • PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL

 

La población con diversidad funcional es uno de los sectores que ha sido víctima de numerosas prácticas de exclusión social. Aunque el respeto a la dignidad y la igualdad de todos los seres humanos está contenido en muchas de nuestras leyes y reglamentos, no ha podido traducirse en servicios y programas de gobierno efectivos y en prácticas ciudadanas que fomenten la inclusión de las personas con diversidad funcional. Urge dar fiel cumplimiento a la Ley 238 del 31 de agosto de 2004, conocida como la Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos. Esta ley, de la autoría de nuestra Delegación Legislativa, dispone el marco filosófico que debe guiar la integración plena o inclusión de las personas con diversidad funcional a nuestra sociedad y las responsabilidades que le competen al Estado y a la sociedad en general.

Lamentablemente, en cada informe anual que mandata la Ley 238 a la Defensoría de las Personas con Impedimentos surge el reclamo de la falta de asignación de recursos económicos a esta agencia para poder cumplir con los propósitos de la ley. De acuerdo con el censo efectuado en el año 2010, se estimó que en la Isla residen alrededor de novecientas mil (900,000) personas con diversidad funcional en nuestro país, lo que constituye casi una cuarta parte de nuestra población total. Este dato pone en entredicho la capacidad de los pasados gobiernos en identificar las necesidades y distribuir los recursos presupuestarios de forma efectiva.

Las propuestas del PIP en esta materia son:

  • Revisaremos la efectividad de la política social promulgada en beneficio de las personas con diversidad funcional para determinar cuán satisfactorios y efectivos son los programas y servicios existentes y sus limitaciones para los diversos grupos de esta población (niñez, juventud, adultez). Al presente existen problemas de coordinación interagencial que se constituyen en obstáculos al buen funcionamiento de estos servicios y programas. También existen organizaciones diversas que brindan servicios con exitosos resultados que se ven impedidas de continuar sus esfuerzos por falta de recursos económicos. La Ley 238 del 31 de agosto de 2004 -Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos- tiene que ser el instrumento rector de las aspiraciones individuales y colectivas de las personas con diversidad funcional y de una política gubernamental integrada en agencias, corporaciones​​ públicas y municipios en alianza con organizaciones con esfuerzos y servicios exitosos que resultan ser inclusivos de este sector.

  • La Defensoría de las Personas con Impedimentos debe dar prioridad a la disposición contenida por la Ley 238 de realizar un Censo Nacional de las Personas con Impedimentos que recoja la mayor información disponible de este sector para formular Política Pública a tono con sus necesidades.

  • Se asignarán recursos para llevar a cabo una campaña masiva en los medios de comunicación, en las escuelas, comunidades y espacios del sector privado (como centros de trabajo) para educar y sensibilizar a la comunidad acerca de cómo fomentar la inclusión de este sector, el respeto a la diversidad y prácticas solidarias. Se extenderá este esfuerzo a todo el personal docente, oficinesco y administrativo del Departamento de Educación, etapa temprana donde se interviene con esta población en el área de educación especial, según establecía por una legislación de nuestra Delegación aprobada unánimemente por la Legislatura y vetada por el Ejecutivo. Se harán gestiones similares en los recintos e instituciones a nivel universitario para facilitar la adaptación, la transición y los acondicionamientos razonables requeridos por los estudiantes con diversidad funcional.

  • Fortalecer la Defensoría de las Personas con Impedimentos así como a organizaciones que brindan servicios a esta población a nivel comunitario, particularmente a las que promueven su mayor independencia y calidad de vida. Presentar nuevamente una medida legislativa radicada anteriormente por Nuestra Delegación Legislativa para aumentar el máximo de la cuantía de multas administrativas que impone el Procurador de $500 hasta $5,000, que ingresarían a un Fondo Monetario para el Desarrollo de las Personas con Diversidad Funcional, para campañas educativas, desarrollo y adquisición de tecnología, proveer experiencias de empleo, y otros.

  • Organizar un Plan Integrado de Actividades y Proyectos con la participación de diversas agencias y municipios que permita una coordinación costo-efectiva de los esfuerzos y que contribuya a que mantengan su mayor independencia física, mental y emocional. Este esfuerzo debe ser integrado a los Planes Estratégicos de Servicios que mandata la Ley 238.

  • Crear un Catálogo de Servicios de Agencias Gubernamentales y de organizaciones no gubernamentales que brindan servicios a esta población, que esté accesible por Internet en diversos formatos, para que se conozca y haga uso efectivo de los programas y servicios existentes. Esto nos ayudará también a identificar aquellas áreas necesitadas de acción gubernamental para hacer los ajustes correspondientes ya que al presente los servicios están centralizados en el área metropolitana dificultando el acceso de personas de otras regiones. En la medida en que los Municipios y agencias desarrollen sus planes estratégicos debe aspirarse a una regionalización de los servicios para aumentar mayor acceso a los mismos.

  • Se crearán alianzas con la empresa privada para promover programas e iniciativas de respiro a través de organizaciones comunitarias con peritaje en esta población, particularmente para personas con impedimentos moderados o severos, con especial atención a personas con diversidad funcional mayores de 21 años que quedan en un limbo al salir del Departamento de Educación.

  • Se estimulará la divulgación de leyes, reglamentos y derechos relacionados a la disponibilidad de tecnología adaptada a todas las diversidades funcionales mediante alianzas con organizaciones que brindan servicios a esta población.

  • Se incorporará en los requisitos de educación continua de diversas profesiones (especialistas en enfermería, consejería de rehabilitación vocacional, psiquiatría, psicología, pedagogía, medicina, policías, bomberos y terapistas, entro otras) un taller educativo sobre asistencia tecnológica para que estos se conviertan en instrumentos de orientación adicionales para una persona con diversidad funcional.

  • Se promoverá la efectividad de la asistencia tecnológica en la vida de una persona con diversidad funcional mediante campañas periódicas de servicio público en los medios de comunicación, estableciendo que las agencias concernidas destinen partidas presupuestarias específicas para tal propósito e integrando a los Planes Estratégicos de los Municipios la necesidad de orientar al público sobre este particular.

  • Se destinará un por ciento de los recaudos por multas a patronos del Fondo Especial para la Promoción de la Salud y Seguridad Ocupacional,​​ creado mediante legislación promulgada por nuestra Delegación Legislativa, para crear un Fondo Nacional para la Adquisición y Financiamiento de Equipos de Asistencia Tecnológica.

  • Se promoverá el debido funcionamiento de un Banco de Reciclaje y Reúso de Equipos de Asistencia Técnica a tono con el mandato de la Ley 3 del 1 de febrero de 2007, a ser establecido por el Departamento de Recursos Post Consumo propuesto en el área ambiental de este Programa de Gobierno.

  • Se creará un registro de personas mayores de 21 años no escolarizadas y que no cualifican según los criterios de la Administración de Rehabilitación Vocacional para recibir servicios de adiestramiento en empleo, para determinar sus necesidades y elaborar planes concretos de servicios especializados. Dicha tarea se hará en coordinación con la DPI y entidades como el Programa de Asistencia Tecnológica y el Instituto de Deficiencias en el Desarrollo, entre otras.

  • Explorar las oportunidades que representa el trabajo a distancia para personas con diversidad funcional como una alternativa viable de empleo. De la mano con este esfuerzo se hará una campaña de orientación a patronos sobre el potencial y conveniencia de contratar a esta población, las disposiciones legales en torno a acomodo razonable, y se coordinarán esfuerzos con entidades gubernamentales y privadas que promueven el cooperativismo para explorar posibilidades de microempresas como opción viable de empleo.

  • Ampliar el acceso y la disponibilidad a nivel nacional de servicios de transportación adaptados, con programas similares a “Llame y Viaje” mediante acuerdos con los Municipios.  Fomentar la integración de los medios de transporte en el área metropolitana como la AMA, Metrobús, el Tren Urbano, 'Trolleys' Municipales, guaguas públicas y el Acuaexpreso. Esto incluye que la AMA revise y repare aquellos autobuses que confrontan problemas con las rampas y accesos.

  • Hacer cumplir las leyes que mandaten la eliminación de barreras arquitectónicas y velar porque en la reglamentación de la Junta de Planificación y los Planes de Ordenamiento Territorial se consideren las necesidades de esta población sobre el uso de terrenos y códigos de construcción, para que se tome en cuenta tanto la accesibilidad de​​ personas con diversidad funcional, como un diseño y distribución universal de los espacios internos en diversas estructuras, lugares de convivencia o esparcimiento y vivienda.

  • Coordinar con los consorcios municipales y aportaciones de la empresa privada actividades recreativas y campamentos de verano especialmente diseñados para personas con diversidad funcional.

  • Crear subsidios especiales para la compra de medicamentos en negociación con las farmacéuticas establecidas en el país.

  • Hacer cumplir las disposiciones relativas a cuido, supervisión y licenciamiento de centros de cuido diurno y residencial, y hacer uniforme la reglamentación aplicable en todas las agencias reguladoras.

  • Investigar el cumplimiento de varias leyes de la Delegación del PIP en Cámara y Senado, y restituir aquellas que hayan sido derogadas: Ley 20 de 1 de agosto de 2004, ordena al Departamento de Educación tener en las escuelas públicas teléfonos para uso de las personas con problemas auditivos, conocidos como "TTY"; Ley 355 de 16 de septiembre de 2004 -enmienda Ley Núm. 44 de 2 de julio de 1985- agrega normas que protejan, defiendan y salvaguarden los derechos de las personas con impedimentos ante la posible interpretación restrictiva de esta Ley como ha ocurrido en los Estados Unidos; Ley 30 de 8 de enero de 2004, "Ley para Establecer los Parámetros Tarifarios del Tren Urbano", otorga una tarifa especial a personas con diversidad funcional, de edad avanzada y estudiantes; Ley 163 de 14 de diciembre de 2001-enmienda la Ley Núm. 188 de 11 de mayo de 1942- "Ley de la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico", brinda alquileres de bajo costo en sus instalaciones industriales para organizaciones sin fines de lucro que establezcan emprendimientos cuyos empleados deberán ser, en su mayoría, personas con diversidad funcional; Ley 77 de 14 de agosto de 1997 -enmienda la Ley Núm. 21 del 20 de mayo de 1987- para evitar la construcción de estructuras permanentes para obstaculizar el tránsito por calles cerradas.

 

  • COMUNIDAD SORDA

La Sección 1 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico dispone que “la dignidad del ser humano es inviolable”. No​​ obstante, durante décadas ese pronunciamiento jurídico consagrado en nuestra Carta de Derechos, que ha servido de base para la vindicación de los derechos de innumerables minorías y sectores oprimidos, no ha logrado penetrar la cotidianidad de cientos de miles de personas sordas que componen un sector valioso, pero históricamente marginado en nuestra sociedad. Según datos provistos por el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico,​​ para el año 2018 se estimó en un 8.4% el porcentaje de adultos sordos. Consecuentemente se calculó en​​ 218,495​​ el total de adultos sordos. Esto representa un aumento de 68,495 personas sordas más que lo sugerido para el año 2010, haciendo la salvedad que los datos del 2018 incluyen solo a adultos.1​​ Mientras que, según estudios realizados por la Universidad Interamericana de Puerto Rico, la cantidad total de personas que reflejan alguna pérdida de audición significativa asciende a​​ 340,000, aproximadamente.2​​ Por eso no resulta sorprendente que, según la información recopilada por el susodicho Instituto de Estadísticas, la prevalencia de sordera en Puerto Rico refleja una tendencia ascendente.

A pesar de constituir un sector voluminoso, las relaciones entre la comunidad sorda y las agencias de gobierno han sido, muy a menudo, escazas e irreflexivas. Nuestro andamiaje de servicios gubernamentales no se diseñó tomando en cuenta las necesidades inherentes a la sordera, por lo cual este se encuentra colmado de barreras estructurales que, aunque no se colocaron de mala fe, han resultado insuperables la mayoría de las veces para los sordos y sordas. En su evaluación de la Resolución Conjunta del Senado número 409, la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia del Senado de Puerto Rico​​ consignó que “la población sorda carece de acceso a la información y a ciertos servicios básicos porque las agencias gubernamentales no están preparadas para atender a este sector de la población, siendo los servicios médicos en los cuales sufren el mayor discrimen”.3​​ De hecho, la Federación de Alcaldes de Puerto Rico ha afirmado que la carencia​​ prevalente de servicios de interpretación adecuados en las agencias públicas ha colocado a la comunidad sorda en un “estado de apartheid”.4​​ 

En el pasado el Estado ha tomado pasos para intentar subsanar la brecha comunicativa entre la comunidad sorda y un gobierno compuesto principalmente por oyentes, la mayoría de las veces de forma reactiva. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos de buena fe, las medidas tomadas hasta hoy no han sido suficientes para propiciar los cambios estructurales que se requieren para salvaguardar la dignidad de la comunidad sorda y colocarle en igualdad de condiciones frente a las agencias de la Rama Ejecutiva.

La medida principal a la que se hace referencia cuando se evalúa el acceso de las personas sordas al Gobierno central es la Ley Núm. 136–1996. En su Artículo 1, esta Ley establece que todas las agencias gubernamentales tienen la obligación de proveer un intérprete para que asista a las personas sordas y/o con impedimentos auditivos que acudan a ellas. Si el Gobierno de Puerto Rico se compone de cerca de 130 agencias, teóricamente debería contar con unos 130 intérpretes, sin incluir la cantidad de agencias que tienen oficinas y centros de servicio regionales además de sus oficinas principales. No obstante, esta disposición tiene un muy limitado referente con la realidad que confrontan las personas sordas. Debemos reconocer que –fuere por consideraciones económicas, administrativas, educativas o volitivas– los mecanismos instituidos en ese estatuto para suplir intérpretes a las personas sordas no han surtido el efecto loable deseado por sus autores. En la mayoría de los casos ese servicio es inexistente. De hecho, una de las razones por las cuales este estatuto se ha tornado inoperante en la práctica es por la forma en que concibió la figura del intérprete. La Ley referida dispone que “el servicio de intérprete se proveerá a través de la Oficina Central de Administración de Personal, mediante el adiestramiento de empleados de las agencias que ésta ofrece”. La capacitación de empleados es parte esencial del esfuerzo por integrar la comunidad sorda en la prestación de servicios, pero no es lo mismo proveer un intérprete profesional de Lenguaje de Señas que capacitar a un empleado. Un empleado adiestrado puede entablar una comunicación básica con un sordo, pero eso no necesariamente garantiza la comunicación efectiva que requiere la legislación vigente o que demandan los derechos humanos de la comunidad sorda.

El enfoque desacertado de la Ley Núm. 136–1996 troncó sus posibilidades de ser implementada efectivamente, por lo cual nuestros ciudadanos sordos y sordas se enfrentan a un gobierno que les ofrece unos servicios que les son prácticamente inaccesibles. Esa experiencia resulta lesiva a los derechos constitucionales de toda una comunidad de puertorriqueños que se enfrenta día a día a una barrera en su comunicación que, aunque no es visible, es más poderosa que cualquier muro de concreto que se construya de frente. ​​ Confrontados con esta realidad hay quienes han propuesto el uso de artefactos tecnológicos que suplan la labor estatutariamente encomendada a los intérpretes. Empero, esos artefactos no deben concebirse como sustitutos del intérprete, sino como una herramienta complementaria. A pesar del desarrollo de herramientas tecnológicas para facilitar la interacción de personas sordas con la población oyente, al presente, los servicios de interpretación continúan siendo insustituibles. La alta incidencia de analfabetismo que sufre la comunidad sorda, a causa de la desigualdad que confrontan en el acceso a servicios educativos, minimiza la eficiencia que pudieran tener mecanismos alternos de interpretación fundamentados en tecnología. Aún en el mejor de los casos, esos sistemas no colocan a la persona sorda en igualdad de condiciones que una persona oyente porque la morfología y la estructura gramatical del Lenguaje de Señas (lengua vernácula de la persona sorda) no necesariamente guarda correspondencia con esos mismos fenómenos en el español. La interpretación simultánea en su idioma sí le coloca en igualdad de condiciones a la comunidad oyente y tiene la ventaja de que no les fuerza a recurrir al uso de artefactos que en muchas ocasiones les son económicamente inaccesibles.​​ 

Un intérprete profesional del Lenguaje de Señas es la persona apta y adecuada para garantizar el acomodo razonable que necesita un sordo al solicitar servicios gubernamentales.​​ Además, un intérprete puede ajustar las señas que utiliza para garantizar la efectividad de la comunicación de acuerdo con las necesidades de la persona que acude a solicitar servicios. Desde una perspectiva constitucional, un reconocimiento dinámico del derecho a la igual protección de las leyes aplicado a la comunidad sorda exige el uso intérpretes simultáneos que dominen, no sólo la mecánica del Lenguaje de Señas, sino su cultura.​​ 

La carencia, retraso y prestación inoportuna del servicio de interpretación redunda en una falta de accesibilidad a los servicios​​ gubernamentales que pone en riesgo el bienestar, la salud, la calidad de vida y la vida propiamente de las personas sordas a diario. Un intérprete oportuno y efectivo ante la Administración de Vivienda Pública puede representar la diferencia entre tener un techo y dormir en la calle. Un intérprete oportuno y efectivo ante el Departamento de la Familia puede significar la diferencia entre erradicar o prolongar una situación de maltrato; o entre acceder o no acceder los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN). Un intérprete oportuno y efectivo ante la​​ Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción​​ puede representar la diferencia entre salvar o no salvar la vida de una persona con tendencias suicidas. Un intérprete oportuno y efectivo ante el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos puede representar la diferencia entre acceder o no acceder los beneficios del Seguro por Desempleo. Un intérprete oportuno y efectivo ante la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres puede significar la diferencia entre la vida y la muerte durante un desastre natural o en las postrimerías de este; experiencia que ya vivimos luego de los huracanes Irma y María y de los sismos recientes. Como último ejemplo, en un país donde la transportación pública subvencionada por el Estado se limita a determinadas regiones, la provisión de un intérprete de manera efectiva y oportuna ante el Departamento de Transportación y Obras Públicas que permita tramitar la expedición de una licencia de conducir a una persona sorda, puede redundar en el acceso a servicios médicos de esta persona (o de algún familiar transportada por esta) cuando acuden a un hospital. Podríamos realizar este ejercicio con todas y cada una de las agencias existentes, pero para evitar ser redundantes, basta decir que un gobierno del Partido Independentista Puertorriqueño tolerará los riesgos y desventajas inherentes a la falta de comunicación efectiva entre la comunidad sorda y el Gobierno de cara al futuro.​​ 

Cuando los viejos modelos no han surtido el efecto esperado, se necesitan nuevos acercamientos que reconozcan y garanticen la dignidad de nuestra población. Ese nuevo modelo de interacción con la comunidad sorda es el propuesto aquí.​​ Las circunstancias descritas demuestran que la comunidad sorda necesita una oficina especializada que se establezca como un enlace efectivo entre ellos y las agencias públicas para coordinar los servicios a los que tienen derecho de manera sistemática y enfocada en sus necesidades. A esos efectos el PIP propone:

  • Establecer la​​ “Oficina Enlace de la Comunidad Sorda del Gobierno de Puerto Rico”. La “Oficina Enlace de la Comunidad Sorda del Gobierno de Puerto Rico”, estará adscrita a la “Defensoría de las Personas con Impedimentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, pero tendrá autonomía fiscal, programática y administrativa en el desempeño de sus responsabilidades y prerrogativas; y tendrá como misión descargar la Política Pública del Poder Ejecutivo en favor de las personas sordas. Esta oficina:​​ 

 

  • Brindará servicios de interpretación, enlace, gestoría, referidos y coordinación de servicios a los sordos entre las diferentes agencias del Gobierno de Puerto Rico, de manera que ninguna persona, por razón de su impedimento auditivo y/o sordera, quede excluida de recibir los servicios básicos del gobierno.​​ 

 

  • Brindará servicios de capacitación y adiestramiento de personal a las agencias para que la persona sorda que acuda a solicitar servicios pueda ser atendida.​​ 

 

  • Recopilará informes a ser producidos por las agencias públicas sobre las necesidades específicas de los sordos en cada dependencia.

 

  • Documentará la prestación de servicios a personas sordas.

 

  • Preparará y ofrecerá talleres de capacitación a la comunidad sorda sobre cómo interactuar efectivamente con las agencias de gobierno.​​ 

 

  • Diseñará actividades de capacitación y educación para la comunidad sorda y ofrecerá y/o coordinará servicios de terapia familiar para la comunidad sorda. Y,

 

  • Se convertirá en el “Intérprete Oficial del Gobierno de Puerto Rico”, con el objetivo de integrar a la comunidad sorda a los mensajes de estado, debates, informes fiscales, actividades públicas y otros foros pertinentes.​​ 

 

  • Requerir al Instituto de Estadísticas de Puerto Rico que, en colaboración con la Oficina Enlace​​ de la Comunidad Sorda, establezca procesos y métodos​​ que permitan, dentro de un término de un (1) año, levantar datos estadísticos sobre la Comunidad Sorda en Puerto Rico: su perfil, su ubicación, escolaridad, índice de pobreza y sus necesidades, entre otros aspectos que el Instituto considere pertinentes.

 

  • Realizar una investigación lingüística en Puerto Rico con el propósito de documentar y analizar la morfología, estructura y otras de características propias del Lenguaje de Señas Puertorriqueño, además de utilizar los resultados de esa investigación como fundamento para establecer políticas públicas adicionales dirigidas a la comunidad sorda.

 

  • Ordenar que se les permita incluir el símbolo internacional de la comunidad sorda en toda licencia de conducir correspondiente a personas que así lo deseen y cuya certificación médica así lo corrobore. Esta medida permitirá que las personas sordas puedan identificarse fácilmente a la hora de solicitar bienes, servicios y acomodos razonables.

 

  • Exigir mediante legislación que todo mensaje del gobernador o gobernadora de Puerto Rico pagado con fondos públicos y/o presentado ante la Legislatura, que se transmita a través de medios de tele-reproducción visual, fueren análogos o digitales, o algún otro método de grabación video-magnetofónico, cuente con un intérprete de lenguaje de señas.​​ La imagen del intérprete de lenguaje de señas deberá ser del mismo tamaño que la imagen del gobernador o gobernadora, o tener un tamaño equivalente a entre el 30 y el 50 por ciento de la totalidad de la imagen tele-reproducida, transmitida o proyectada.

 

  • Dar​​ cumplimiento inmediato y preciso a la Ley 56 de 24 de enero de 2018, de la autoría de nuestra delegación legislativa, para incluir el lenguaje de señas en el currículo de las escuelas públicas con el fin de evitar la segregación de la comunidad sorda y fomentar la solidaridad entre pares.

 

  • Otorgar incentivos salariales a docentes que certifiquen su dominio del Lenguaje de Señas Puertorriqueño.

 

  • Defender la integridad e intención legislativa de la​​ Ley Núm. 174–2018​​ de la autoría de nuestra delegación legislativa, denominada​​ "Ley para viabilizar el​​ acceso a la justicia de personas que padecen de condiciones que impidan su comunicación efectiva", que logró corregir deficiencias de las que sufría el sistema de adjudicación de la justicia en interacción con la comunidad sorda.

 

  • Derogar la Ley Núm. 136–1996, hoy inoperante en su ejecución, y la sustituirla por la “Ley de la Oficina Enlace de la Comunidad Sorda del Gobierno de Puerto Rico”.5

 

  • DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER

 

  • INTRODUCCIÓN

En Puerto Rico se debe promover la inclusión de la mujer en el desarrollo social y la actividad económica de Puerto Rico, que vaya más allá de etiquetar ciertos asuntos como de género.  Más que legislación, de la cual tenemos en abundancia, debemos procurar la articulación de políticas públicas, y los cambios en actitudes, que materialicen los buenos propósitos que anima el ordenamiento vigente para promover la inclusión de la mujer en el desarrollo económico en Puerto Rico.  Es urgente desarrollar, a través de la educación, un acercamiento franco a la perspectiva de género de la que carecen las personas que operan las estructuras gubernamentales.

Para subsanar la desigualdad que prevalece en algunas relaciones familiares y afectivas, en primer lugar, hay que trabajar la aplicación transversal de la perspectiva de género, es decir, la identificación del efecto particular sobre las mujeres en medidas aparentemente neutrales en cuanto al género. El mejor ejemplo es la educación pública: la mayor parte de las custodias son mujeres, de hecho, el 24.5 por ciento de los hogares puertorriqueños tienen una jefatura femenina comparado con el 6.2 por ciento que tiene la jefatura masculina; la gran mayoría de las maestras son mujeres​​ (79 por ciento)​​ al igual que la inmensa mayoría de las proveedoras de servicios de la población de educación especial. Por tanto, las políticas, las determinaciones de no pagar a las terapistas, las campañas de descrédito contra el magisterio,​​ y​​ el desamparo de la escuela pública,​​ hacen blanco principalmente en las mujeres puertorriqueñas.

A esto también hay que añadir la evidente falta de representatividad de la mujer en puestos electivos y del Ejecutivo; la adopción de políticas a favor de comercios que promueven empleos en precario, con salario mínimo a tiempo parcial, en los que prevalecen las mujeres, como sucede, por ejemplo, con la Ley de Empleos Ahora; la situación particular de las mujeres respecto a las políticas de vivienda y de servicios de salud tomando en consideración que la expectativa de vida de una mujer hoy en día es de 82.7 años, 11 años más que en el 1990; el panorama de una población envejecida con un mayor número de mujeres, que además, son también el sector más empobrecido en el país y el efecto de los recortes a las pensiones propuesto por la Junta de Control Fiscal.

Por esto proponemos:

  • Promover una visión que no sea exclusivamente jurídica del tema de la violencia doméstica, y contar, para el desarrollo de un Plan Estratégico para la Erradicación de la Violencia Doméstica, con organizaciones no gubernamentales, en especial aquellas con experiencia en programas de prevención y de atención a víctimas. Mediante dicho Plan, trazar una estrategia que vaya desde la prevención y educación a la comunidad sobre las causas y efectos de la violencia en contra de las mujeres hasta la atención de las necesidades apremiantes de las mujeres víctimas, como vivienda, servicios de salud, medidas de seguridad, servicios legales del ámbito civil, servicios de inmigración y de desarrollo económico. Se considerarán, en el desarrollo de esas estrategias, los factores individuales, de pareja y de entorno social que afectan la incidencia de violencia hacia la mujer.

  • Fomentar el establecimiento de centros de cuido tanto en el trabajo público como en la empresa privada, con atención particular a la necesidad de guarderías en horarios no tradicionales.

  • Establecer el Programa de Inserción para la Mujer Migrante con el fin de desarrollar y viabilizar un proyecto de justicia social y equidad a las mujeres que, en muchas ocasiones no perciben beneficios marginales ni cubiertas de salud debido a su condición migratoria.

  • Identificar, de manera particularizada, los sectores de la población femenina con menor acceso al mercado de empleo, de manera que​​ sea posible puntualizar aquellos factores que inciden sobre ese hecho (edad, cuido de dependientes, escolaridad, historial de dependencia familiar y otros) para trazar estrategias específicas que permitan su integración al trabajo.

  • Promover la inclusión equitativa y abarcadora de la mujer en los espacios públicos políticos, económicos, sociales y culturales.

  • Elaborar mecanismos adecuados para estimular a las mujeres que reciben ayudas gubernamentales a salir de la dependencia de los programas de asistencia nutricional y económica.

 

  • RESPONSABILIDAD GUBERNAMENTAL

 

  • Garantizar que toda legislación, orden ejecutiva o decisión gubernamental, incluya la perspectiva de género. A manera de ejemplo, la imposición del IVU ha afectado de forma negativa a las mujeres trabajadoras jefas de familia.

  • Promover participación equitativa de hombres y mujeres en posiciones electivas y gubernamentales.

  • Documentar las incidencias de discrimen por géneros en todas las instancias del quehacer gubernamental, atendiendo los señalamientos sobre empleo por género, estructuras salariales, hostigamiento sexual, efectividad de los servicios que ofrecen las agencias según las realidades de los usuarios y usuarias.

  • Rechazar toda participación gubernamental en actividades, programas, espectáculos o publicaciones que promuevan estereotipos por géneros, que expongan una imagen despectiva de la mujer o que fomenten o justifiquen la violencia de género. Por el contrario, el gobierno debe contribuir a sensibilizar la opinión pública sobre las causas y efectos de la desigualdad de género en la sociedad, tanto a través de campañas de orientación, como en la adopción de políticas internas en las agencias y dependencias.

 

  • MUJERES ADULTAS MAYORES

La pobreza, la soledad, la falta de acceso a servicios sociales y médicos se acentúa en el sector poblacional más envejecido. El aumento en el costo de vida, la insuficiencia de los planes de pensiones, la amenaza que se cierne sobre el retiro de las empleadas públicas contribuye a hacer de este sector de nuestro país uno especialmente vulnerable.

Para ellas proponemos:

  • Considerar, en el diseño e implementación de políticas de salud, las particulares necesidades de las mujeres envejecidas, y la frecuente falta de recursos para el tratamiento médico de condiciones crónicas o el desarrollo de limitaciones físicas asociadas a la vejez.

  • Desarrollar programas a nivel municipal o regional que incentiven la actividad física y el acceso a servicios médicos.

  • Promover la integración de mujeres de mayor edad a actividades comunitarias, bien como empleo remunerado, voluntariado o desarrollo empresarial, brindándole la oportunidad de continuar siendo productivas según su necesidad y deseo de aportar al desarrollo económico individual y del país.

 

  • MUJERES SIN TECHO

En Puerto Rico, los gobiernos de turno han demostrado una gran apatía para atender y mitigar las condiciones de personas sin hogar. La mujer sin techo presenta características diferentes a las de los hombres, teniendo el agravante de que las causas para su condición social pueden surgir de ramificaciones relacionadas con el maltrato intrafamiliar. La población de mujeres sin techo está compuesta por trabajadoras sexuales, usuarias de drogas y personas que sufren condiciones de salud mental, entre otras.

Muchas de estas mujeres son madres que por falta de techo se ven separadas de sus hijos e hijas, rompiendo así con su núcleo familiar. Además, la condición de inequidad de género y la vulnerabilidad de su lugar de reposo exponen a estas mujeres a agresiones sexuales que, en ocasiones, han puesto en riesgo la vida de la víctima. Estructurar un proyecto colectivo para la​​ atención de las mujeres sin techo requiere la integración de iniciativas desarrolladas por el gobierno y la labor que realizan cientos de organizaciones no gubernamentales que atienden a esta población.

Presentamos las siguientes propuestas:

  • Viabilizar el manejo de los casos de mujeres sin techo con un enfoque salubrista para establecer alianzas entre instrumentalidades del gobierno y organizaciones no gubernamentales con el fin de desarrollar una red de servicios a mujeres sin techo.

  • Desarrollar mecanismos de recopilación de datos para la población marginada que incluya inventarios de servicios brindados por el gobierno, organizaciones no gubernamentales, y otras organizaciones sin fines de lucro para así viabilizar la atención efectiva y eficiente a mujeres sin techo.

  • Desarrollar campañas de concienciación de conductas de riesgo usando métodos de difusión que estén al alcance de las poblaciones marginadas.

 

  • VIOLENCIA SEXUAL

El tema de violencia sexual es un tema muy incómodo del que pocas personas quieren hablar. Sin embargo, las estadísticas publicadas por el Centro de Ayuda a Víctimas de Violación (CAVV) arrojan números realmente alarmantes: el 58% de las sobrevivientes de violencia sexual son menores de 14 años, y se estima que anualmente ocurren unas 9,500 agresiones sexuales. Si a esta realidad añadimos la nulidad de los servicios de apoyo a las sobrevivientes, enfrentamos una crisis sanitaria de proporciones alarmantes que es urgente atender.

Como parte del apoyo a las mujeres sobrevivientes de violencia sexual y sus familiares, una recopilación de datos efectiva y encausar el proceso de investigación criminal, proponemos establecer los Servicios Clínicos Forenses Comprensivos (SCFC) que incluyan:

  • Reformular y vincular las estrategias de prevención, manejo y seguimiento de violencia sexual para desarrollar un modelo integral desde las perspectivas:

    • salubrista (atención médica y sicológica para las sobrevivientes)

    • académica (mecanismos de apoyo para minimizar el riesgo de deserción como resultado de agresiones sexuales)

    • sociológica (erradicación de condiciones de desigualdad) 

    • penal (manejo adecuado de querella, investigación, radicación y convicción de agresores). 

  • Un protocolo uniforme para la recopilación de datos.

  • El manejo clínico de las víctimas y sus familiares.

  • Apoyo en la recopilación y presentación de elementos evidenciarios para el procesamiento de agresores.

  • Servicios de ginecología forense: acceso a sala de operaciones para sedaciones, biopsias bajo sedación y evaluación de casos post mortem.

  • Crear un programa de pasantía para policías y fiscales en la Unidad de Delitos Sexuales.

  • Establecer acuerdos colaborativos con las escuelas de derecho para educar a los futuros defensores en el procesamiento de los casos.

  • Equipo de apoyo a jueces y fiscales.

  • Establecer acuerdos colaborativos con las escuelas de medicina-Convertirlo en un centro en la rotación de ObGyn.

  • Tiempo voluntario de profesionales de la salud.

  • Obligación (responsabilidad social) de instituciones médicas privadas.

  • Campaña educativa de medios.

 

  • OTRAS PROPUESTAS INCORPORADAS

 

Las propuestas para la inclusión y desarrollo de las mujeres presentadas en el listado subsiguiente han sido incorporadas transversalmente a lo largo de las diferentes secciones y subsecciones de nuestro Programa de Gobierno, en aras de puntualizar el papel protagónico y apremiante que estas representan para nuestra colectividad, el país y una agenda de gobierno integrada. No obstante, algunas de ellas han sido recopiladas y enumeradas en esta subsección con el fin de facilitar su búsqueda a aquellas personas, colectividades o integrantes de la prensa que interesen evaluarlas directamente.

 

  • EDUCACIÓN

 

  • Crear programas educativos especiales adaptados a los horarios y necesidades de las jóvenes embarazadas y madres adolescentes para que puedan completar la escuela superior o continuar estudios universitarios.

  • Viabilizar mediante legislación la adopción de la equidad de género con una perspectiva integral y transversal en el Departamento de Educación (docente y no docente).​​ 

  • Realizar una revisión detallada del currículo del Departamento de Educación para eliminar aquellos textos, materiales, o acercamiento en las distintas materias, que fomenten estereotipos por género, incorporando materiales educativos que promuevan la educación no sexista, que contribuyan a prevenir la violencia doméstica, y que realcen el papel de las mujeres en la historia. Dar seguimiento a esa propuesta a través de una oficina dentro del Departamento con personal especializado en asuntos del género y en educación no sexista con el fin de que provean adiestramiento continuo a maestros y maestras y para que se promuevan actividades educativas.

  • Reenfocar las campañas de prevención de deserción escolar para que apelen a las mujeres jóvenes que por razones de violencia, embarazos prematuros o circunstancias económicas optan por abandonar sus estudios secundarios.

  • Reenfocar los programas de educación vocacional, incorporando más a las jóvenes a la preparación en oficios tradicionalmente adjudicados a hombres, y ampliando las ofertas vocacionales.

  • Incorporar la perspectiva de género al currículo universitario de la Universidad de Puerto Rico, incentivando a su vez a las universidades privadas a que adopten dicha política y se logre impactar a gran parte de la población. La universidad del Estado debe adoptar las prácticas de retención y flexibilidad que ofrecen las universidades privadas a la población femenina (flexibilidad de horarios, cuido de estudio, Programa “Head Start”, entre otros).

  • Familiarizar a menores sobre la importancia del respeto y la equidad como base de las relaciones afectivas y domésticas mediante la integración del tema a ciertas asignaturas desde la escuela elemental, imprimiendo desde temprana edad el concepto de que maltrato no es únicamente violencia física. También, celebrar a esos fines, Jornadas para la Prevención de la Violencia Doméstica en las escuelas del país.

  • EDUCACIÓN ESPECIAL

Proveer orientación sobre sus derechos, así como programas de respiro a las madres a cargo de hijos o hijas con impedimento, tanto aquellos en edad escolar como los que, por estar fuera de la jurisdicción del Departamento de Educación, sufren de forma especial la falta de servicios.

  • REFORMA GUBERNAMENTAL

  • Establecer el Registro Maestro de Estadísticas con el fin de validar los tipos y cantidades de casos reportados por la Policía de Puerto Rico, el Instituto de Ciencias Forenses, Departamento de la Familia, Administración de Tribunales, entre otras dependencias. El fin primordial es contar con datos que permitan desarrollar un manejo adecuado de política pública que redunde en una reducción y eliminación de casos en los que las mujeres son víctimas de violencia, maltrato, o discrimen.

 

  • Reorganizar y renovar los protocolos existentes entre instrumentalidades públicas, centros de salud y ONGs para la prevención, atención,​​ investigación y manejo de casos de agresión sexual y violación, promoviendo la efectividad en el manejo de dichos casos. Extender los servicios sanitarios disponibles para víctimas de agresiones sexuales y de violencia doméstica, con personal especialmente adiestrado y que funcione en sintonía con la asistencia sicológica, legal y social que requieren estas mujeres.

 

  • Proveer adiestramiento adecuado a todo el personal de Policía que interviene en la atención y manejo de querellas de violencia doméstica, proveyendo, además de cursos básicos de la Academia, un programa de educación continua.

 

  • Asignar recursos suficientes a las organizaciones no gubernamentales que brindan servicios de orientación, asistencia y albergue a mujeres víctimas de violencia doméstica y a sus hijos e hijas.

 

  • Garantizar que toda legislación, orden ejecutiva o decisión gubernamental, incluya la perspectiva de género y raza.​​ 

  • Documentar las incidencias de discrimen por género, raza y origen nacional en todas las instancias del quehacer gubernamental, atendiendo los señalamientos sobre empleo por género, estructuras salariales, hostigamiento sexual, efectividad de los servicios que ofrecen las agencias según las realidades de los usuarios y usuarias.

  • Contribuir a sensibilizar la opinión pública sobre las causas y efectos de la desigualdad de género y raza en la sociedad tanto a través de campañas de orientación como en la adopción de políticas internas en las agencias y dependencias. Rechazar toda participación gubernamental en actividades, programas, espectáculos o publicaciones que promuevan, fomenten o justifiquen la violencia de género.

  • Expandir y uniformar los contornos del derecho de las personas progenitoras a las licencias por maternidad y paternidad, tanto en la industria privada como en el servicio público. Véase el P. del S. Núm. 849.​​ 

  • SALUD

 

  • Promover la desmedicalización del parto y revisar la legislación sometida este cuatrienio sobre la partería para atender los reclamos sobre una amplitud de opciones.

  • Promover el acceso a servicios prenatales, de parto y postnatales adecuados y cónsonos con sus necesidades, sociales, económicas y geográficas (de fácil acceso dentro de sus pueblos y comunidades).

  • Establecer la “Ley para el Acceso a la Información de Estadísticas de Partos en Puerto Rico” con el fin de requerir a toda​​ instalación en la cual se realicen partos, someter al Departamento de Salud, y a las personas gestantes que así los soliciten, informes trimestrales en los que consigne, desglosado por obstetra u otro personal médico, el número total de partos, partos vaginales, partos inducidos y cesáreas, e identificar aquellos datos pertinentes tales como semanas de gestación al momento del parto, justificación para la inducción o cesárea, embarazos múltiples, cesáreas previas, condiciones médicas de la embarazada o la criatura por nacer, y cualquier otra circunstancia o evento pertinente relacionado con el embarazo o alumbramiento. Véase el P. del S. Núm. 363 y el P. de la C. Núm. 813, de la delegación legislativa del PIP.

 

  • Establecer el “Banco Puertorriqueño de Leche Humana”. (Véase​​ el P. del S. Núm.​​ 1357, de la delegación legislativa del PIP).

 

  • Establecer la "Ley para la prevención, detección y tratamiento efectivo de la depresión posparto, con el propósito de ordenar al Secretario de Salud que se implemente un protocolo preventivo de detección de síntomas y/o trastorno de depresión posparto. Véanse el P. del S. Núm. 872 y el P. de la C. Núm. 1505 de la delegación legislativa del PIP.

  • Asignar los fondos necesarios al Instituto de Ciencias Forenses (desvinculado del Departamento de Seguridad Pública) para que la recopilación de evidencia forense relacionada con casos de agresión sexual y violencia en relaciones de pareja sea debidamente procesada.

  • Garantizar el cumplimiento de protocolos para la identificación de violencia doméstica en las salas de emergencia. Capacitar al personal de las salas de emergencia para el manejo de exámenes médicos forenses para la recopilación de evidencia en casos de agresión sexual (rape kits), atendiendo la diversidad de género de sobrevivientes.

  • Articular una política enérgica de investigación epidemiológica que identifique necesidades y recursos de salud particulares a las mujeres con el fin de generar programas de prevención y tratamiento. Requerirá, además, la reorganización de los servicios de salud que actualmente no consideran esas necesidades y recursos.

  • Garantizar de manera real y efectiva el acceso de todas las mujeres, con o sin plan médico, a la salud reproductiva, incluyendo orientación, consejería, exámenes médicos, medicamentos, diagnóstico y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual, entre otros servicios.

  • Dar especial atención a la perspectiva de género en toda iniciativa de salud comunitaria.

 

  • Promover el acceso a información sobre salud con campañas educativas y fiscalización de las agencias concernidas para que las mujeres tomen decisiones verdaderamente informadas sobre procedimientos y tratamientos médicos.

  • Establecer medidas que se atemperen a las condiciones de vida particulares que experimentan residentes de Vieques y Culebra.  Viabilizar proyectos que atiendan problemas de salud tales como las altas tasas de diagnósticos de cáncer, enfermedades respiratorias y cardiovasculares (al menos 30% más altas en Vieques que en la Isla Grande). Por ejemplo, las mujeres residentes en Vieques en edad reproductiva (14-49 años) presentan unos niveles de mercurio (27%) más altos que los de la Isla Grande (6.6%), a un nivel suficiente como para causar daños neurológicos en sus fetos.

​​ 

  • Desarrollar mejores programas de prevención y manejo de salud física para atender condiciones prevenibles como condiciones cardíacas, diabetes y obesidad entre las mujeres.

  • Expandir las opciones de tratamiento y la disponibilidad de espacios en centros de desintoxicación y de tratamiento para mujeres adictas a sustancias legales o ilegales.

  • Proveer programas de prevención y atención clínica a mujeres sin hogar.

  • Eximir mediante legislación a los productos ginecológicos, de higiene personal femenina y de extracción y/o preservación de leche materna del pago del Impuesto sobre Ventas y Uso.

  • PERSONAS MAYORES

 

  • Tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad económica de personas envejecidas, con impedimento(s) e incapacitadas por condiciones de salud.

  • Considerar en el diseño e implantación de políticas de salud, las particulares necesidades de las mujeres envejecidas, y la frecuente falta de recursos para el tratamiento médico de condiciones crónicas o el desarrollo de limitaciones físicas asociadas a la vejez.

  • Desarrollar programas a nivel municipal o regional que incentiven la actividad física y el acceso a servicios médicos para población envejecida.

  • Promover la integración de mujeres envejecidas a actividades comunitarias, bien como empleo remunerado o de voluntariado.

  • Promover el desarrollo de comunidades de vida asistida para mujeres envejecidas y ampliar los servicios de ama de llaves.

  • Desarrollar política pública para establecer programas de educación y apoyo a mujeres cuidadoras de pacientes de enfermedades debilitantes tales como Alzheimer, fibromialgia o de condiciones que requieran la atención continua de personas envejecidas.

  • JUVENTUD

 

Establecer política pública para prevenir, atender, orientar, penalizar y dar seguimiento a la violencia en el noviazgo, tanto con y entre menores como mayores de edad.

 

  • GÉNERO

 

Diseñar y establecer un organismo que sustituya a la Oficina de la Procuradora de la Mujer para proponer políticas públicas, educar, reglamentar y fiscalizar el​​ marco operacional del Estado sobre asuntos de género de manera inclusiva e integral.

  • DESARROLLO ECONÓMICO

  • Adoptar y ratificar el Plan de Desarrollo Empresarial con Perspectiva de Género, incluyendo la visión regionalizada de la implantación de dicho Plan con el propósito de atender las características, necesidades y recursos particulares de cada región​​ del Archipiélago.​​ 

 

  • Fomentar el desarrollo de programas de microfinanzas con servicios dirigidos especialmente a las mujeres que les permitan acceder al crédito y a otros servicios financieros para que acumulen los activos necesarios para garantizar su autosuficiencia económica.

 

  • Procurar que aquellas agencias que destinan fondos a programas de desarrollo económico o de asistencia social, combinen esfuerzos para fijar un plan conjunto que incorpore la perspectiva de género, concentrado en la feminización de la pobreza.

 

  • Promover la creación de cooperativas integradas por mujeres como medida para viabilizar independencia económica e integración con el colectivo comunitario.

 

  • Promover la independencia económica de las mujeres usando modelos de microempresarismo de productos y servicios.​​ 

 

  • Establecer política pública que incentive la operación de diversos modelos de producción agrícola y animales para consumo en empresas y cooperativas dirigidas o formadas por mujeres.

  • DESARROLLO SOCIAL

  • Promover una visión que no sea exclusivamente jurídica del tema de la violencia doméstica, y contar, para el desarrollo de un Plan Estratégico para la Erradicación de la Violencia Doméstica, con organizaciones no gubernamentales, en especial aquellas con experiencia en programas de prevención y de atención a víctimas. Mediante dicho Plan, trazar una​​ estrategia que vaya desde la prevención y educación a la comunidad sobre las causas y efectos de la violencia en contra de las mujeres hasta la atención de las necesidades apremiantes de las mujeres víctimas, como vivienda, servicios de salud, medidas de seguridad, servicios legales del ámbito civil, servicios de inmigración y de desarrollo económico. Se considerarán, en el desarrollo de esas estrategias, los factores individuales, de pareja y de entorno social que afectan la incidencia de violencia hacia la mujer.

  • Fomentar el establecimiento de centros de cuido tanto en el trabajo público como en la empresa privada, con atención particular a la necesidad de guarderías en horarios no tradicionales.

  • Identificar, de manera particularizada, los sectores de la población femenina con menor acceso al mercado de empleo, de manera que sea posible puntualizar aquellos factores que inciden sobre ese hecho (edad, cuido de dependientes, escolaridad, historial de dependencia familiar y otros) para trazar estrategias específicas que permitan su integración al trabajo.

  • Establecer el Programa de Inserción para la Mujer Migrante con el fin de desarrollar y viabilizar un proyecto de justicia social y equidad a las mujeres que, en muchas ocasiones no perciben beneficios marginales ni cubiertas de salud debido a su condición migratoria.

  • Viabilizar el manejo de los casos de mujeres sin techo con un enfoque salubrista para establecer alianzas entre instrumentalidades del gobierno y organizaciones no gubernamentales con el fin de desarrollar una red de servicios a mujeres sin techo.

  • Desarrollar mecanismos de recopilación de datos para la población marginada que incluya inventarios de servicios brindados por el gobierno, organizaciones no gubernamentales, y otras organizaciones sin fines de lucro para así viabilizar la atención efectiva y eficiente a mujeres sin techo.

  • Desarrollar campañas de concienciación de conductas de riesgo usando métodos de difusión que estén al alcance de las poblaciones marginadas.

  • Promover la inclusión equitativa y abarcadora de la mujer en los espacios públicos políticos, económicos, sociales y culturales.

  • Elaborar mecanismos adecuados para estimular a las mujeres que reciben ayudas gubernamentales a salir de la dependencia de los programas de asistencia nutricional y económica.

 

  • TRATA HUMANA

 

Establecer política pública que integre agencias, academia, ONGs y sociedad civil en el Observatorio de Trata Humana. Este organismo gubernamental será el cuerpo rector que implantará, coordinará, y dará seguimiento a que en Puerto Rico se brinden servicios de prevención, orientación, investigación, análisis, protección y sanción del delito de la Trata, enfatizando en poblaciones de mayor grado de vulnerabilidad (menores y mujeres).​​ 

 

 

1

​​ Estos datos se reseñan en el Primer Informe de la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia del Senado de Puerto Rico del 29 de octubre de 2019 sobre la Resolución Conjunta del Senado número 409.

2

​​ Datos reseñados en el Informe Final de la Comisión de Educación, Formación y Desarrollo del Individuo del Senado de Puerto Rico del 3 de mayo de 2016 sobre la Resolución del Senado número 695.

3

​​ Estos datos se reseñan en el Primer Informe de la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia del Senado de Puerto Rico del 29 de octubre de 2019 sobre la Resolución Conjunta del Senado número 409.

4

​​ Ponencia de la​​ Federación de Alcaldes de Puerto Rico​​ reseñada en el Primer Informe de la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia del Senado de Puerto Rico del 29 de octubre de 2019 sobre la Resolución Conjunta del Senado número 409.

5

​​ Véase​​ el Proyecto del Senado Núm. 1486 radicado el 4 de febrero de 2020 y, su equivalente, Proyecto de la Cámara Núm. 2401, presentados por la Delegación Legislativa del PIP.