Tribunales en el banquillo de los acusados

La acusación es haber dado la espalda a su responsabilidad de ejercer un criterio moral de justicia dentro del marco de las leyes.

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En semanas recientes se ha intensificado la insatisfacción con la ejecución de jueces y juezas en el desempeño de sus deberes ministeriales. La creciente frustración sobre la manera en que se conducen trabajos en las salas judiciales y la crítica sobre determinaciones tomadas por jueces, ha sido respondida por la Rama Judicial con cuestionable hermetismo y ausencia de transparencia sobre esos procesos. Yo no tengo duda que la Rama Judicial tiene la responsabilidad de responder a esos cuestionamientos. Al igual que las otras ramas de gobierno, se debe a un interés colectivo mayor.Si bien es cierto la Rama Judicial goza de independencia en su acción jurídica, esa independencia es dentro de la autonomía que goza frente a las otras dos Ramas: la Legislativa y el Ejecutivo. Esa independencia no exime a la Rama Judicial de actuar conforme al interés general y responder al mismo.

Como sociedad acordamos establecer un sistema de convivencia por medio de reglas y leyes que regulan nuestra conducta. En ese sistema cada rama de gobierno tiene un rol. La Rama Legislativa aprueba leyes y sirve de contrapeso fiscalizador a la Rama Ejecutiva. La Rama Ejecutiva administra el gobierno central y ejecuta las leyes. La Rama Judicial adjudica controversias cuando hay un choque de intereses entre partes privadas o individuos frente al Estado.

Al establecer criterios para adjudicar controversias, la Rama Judicial debe guiarse por las leyes y la Constitución, pero todo bajo el manto de lograr un resultado justo. En ese aspecto es que se han señalado graves fallas en la ejecución de la justicia por parte de los tribunales.

La justicia es la capacidad moral para juzgar cosas como justas y apoyar esos juicios en razones, mediante las cuales los individuos debemos actuar de la misma manera. Cuando se examinan casos recientes, en particular sobre la crisis social de violencia contra la mujer, los tribunales han fracasado malamente en cumplir ese estándar. De ahí que los tribunales se encuentren en el banquillo de los acusados ante la opinión pública.

La acusación es haber dado la espalda a su responsabilidad de ejercer un criterio moral de justicia dentro del marco de las leyes y que sus determinaciones han respondido a criterios automatizados, fríos y desapegados de la realidad social. Ante estos señalamientos el país debe reflexionar sobre varios aspectos.

En primer lugar, tenemos la urgente necesidad de transformar la manera en que se nombran jueces. Soy del criterio que hay que despolitizar la Rama Judicial. Eso es imposible mientras sean las ramas políticas (la Legislativa y el Ejecutivo) quienes tengan en sus manos las designaciones y nombramientos de estos funcionarios. Hay que enmendar la Constitución para adoptar un sistema de oposición a base de mérito.

Los que deseen ser jueces deben acudir a un instituto especializado y ser evaluados por su desempeño académico y profesional. Deben tener experiencia litigando ante tribunales y su ejecución evaluada por jueces y pares en la profesión. Hay que establecer evaluaciones éticas estrictas y que las escuelas de derecho participen del proceso. La propia Rama Judicial, a base de una fórmula que califique los criterios de evaluación, designaría a los mejores aspirantes con los resultados más altos.

Creo, también, que se debe ser más riguroso en la educación continua de jueces en el manejo de casos de violencia de género, contra menores y adultos mayores. Estas son las poblaciones de mayor indefensión.

Además de lo anterior, hay un paso inmediato que debe tomar la Rama Judicial: acabar con el hermetismo. Apremia la transparencia en la judicatura. Esa es su obligación ante el pueblo y el inicio a su absolución.