Urge una nueva estrategia fiscal

“Contrario a otras jurisdicciones con mayor desarrollo económico que Puerto Rico, el camino que históricamente han tomado los gobiernos de turno es tratar a las empresas foráneas como ‘vacas sagradas’”

Columna Juan Dalmau
Columna Juan Dalmau (Primera Hora)
El anuncio del cierre de la empresa Microsoft en Humacao constituye un duro golpe a la economía municipal y estatal, y el preludio de otros cierres corporativos de empresas foráneas debido al fracaso del paraíso fiscal en Puerto Rico. El proceso de cierre tendrá una transición hasta el 2024, reducirá en $300 millones los recaudos del fisco y eliminará 78 puestos de trabajo.

Con la nueva política contributiva impulsada por el expresidente republicano de Estados Unidos, Donald Trump, y hasta la fecha adoptada por el actual presidente demócrata Joe Biden, las filiales de corporaciones extranjeras ya no disfrutarán de los privilegios contributivos del pasado. En Puerto Rico, estas empresas, además de pagar tasas contributivas escandalosamente bajas sobre sus ingresos como consecuencia de los decretos de exención, apenas pagan un 4% de un arbitrio especial, amparadas en la Ley 154. Al pagar en Puerto Rico, el Departamento del Tesoro estadounidense les concede, por medio de un Memorando de Entendimiento, un crédito contributivo en ese país. En arroz y habichuelas, pagaban muy poco aquí y no tenían que pagar allá.

En la pasada campaña electoral anticipé el efecto nocivo de la política fiscal adoptada por los Estados Unidos y que en Puerto Rico debíamos establecer un sistema contributivo donde las empresas foráneas paguen una contribución competitiva, no penalizante, de un 10%. Esa contribución sería igual para las corporaciones puertorriqueñas, lo que representaría un alivio para las empresas de aquí que pagan más de un 30% en contribuciones a base de sus ingresos.

Eso las haría más competitivas y establecería un criterio justo y uniforme para todas las corporaciones. A cambio de esa contribución, el gobierno de Puerto Rico concedería beneficios no contributivos, entiéndase adiestramiento para la mano de obra, financiamiento para expansión de infraestructura y créditos por adoptar tecnologías de energía renovable, entre otros.

No obstante, contrario a otras jurisdicciones con mayor desarrollo económico que Puerto Rico, el camino que históricamente han tomado los gobiernos de turno es tratar a las empresas foráneas como “vacas sagradas”. Durante los últimos 50 años (1970-2020, según la Junta de Planificación), las corporaciones norteamericanas se han llevado de Puerto Rico en ganancias la astronómica suma de $943,000,000,000 (novecientos cuarenta y tres mil millones de dólares, casi “one trillion dollars” en inglés). A pesar de esto, aquí se les trata con privilegios contributivos.

Como cuestión de hecho, algunas de esas empresas utilizan sus filiales puertorriqueñas para evadir sus obligaciones contributivas en otras jurisdicciones. Casualmente, Microsoft se encuentra en estos momentos bajo investigación del Servicio de Rentas Internas, ya que se señala que utilizó su subsidiaria en Humacao para evadir $1,200 millones en impuestos federales. Según información brindada por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Microsoft se beneficia de tres decretos de incentivos contributivos.

La buena noticia es que luego de que el Partido Independentista insistiera por más de tres décadas en una política contributiva sensata y beneficiosa para Puerto Rico, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio reconoció que el gobierno se encuentra en negociaciones para una transición del arbitrio especial de 4% de la Ley 154, a una contribución sobre las ganancias. Una pena que les tomara más de 30 años aceptar nuestra recomendación.

Nuestro sistema contributivo está atrofiado. En particular, destaca el sistema de créditos otorgados a empresas extranjeras, que en el año 2019 tuvieron rendimientos de capital que se fueron al exterior de $36,362 millones. El costo anual del paraíso fiscal que representa Puerto Rico es de $20,000 millones.

Es momento de revisar nuestro sistema contributivo porque nos cuesta, no nos hace competitivos y nos mantiene en rezago con respecto a otras jurisdicciones. Ha llegado la hora.